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La ONU redobla los esfuerzos para evitar abusos sexuales en sus operaciones de paz

La ONU redobla los esfuerzos para evitar abusos sexuales en sus operaciones de paz

EFE

Naciones Unidas —

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La ONU quiere redoblar los esfuerzos para evitar actos de abusos o explotación sexual en sus operaciones de paz y en el sistema de Naciones Unidas, una práctica que en los últimos años ha manchado la labor de los “cascos azules”.

“No toleraremos que nadie cometa o permita los abusos o la explotación sexual. No dejaremos que alguien pueda encubrir estos crímenes bajo la bandera de la ONU”, afirmó hoy el secretario general de la ONU, António Guterres.

El titular de Naciones Unidas lanzó el mensaje en una reunión de alto nivel en la que participaron varios gobernantes para destacar un tema que se ha convertido en una de las principales preocupaciones de la ONU.

Las denuncias han afectado especialmente a la misión de “cascos azules” en la República Centroafricana, donde han surgido denuncias de casos que incluso afectan a menores, pero también ha habido acusaciones en la República Democrática del Congo.

De hecho, el pasado 21 de junio la ONU anunció que la República del Congo retiraría sus efectivos de las fuerzas de paz destacadas en la República Centroafricana por el problema “sistémico” de abusos sexuales.

Pero, como Guterres señaló hoy, este no es un problema que afecta a los “cascos azules”, sino “un problema de Naciones Unidas en su totalidad”.

“La mayoría de los casos de explotación sexual y abusos son de organizaciones civiles de la ONU, no de las operaciones de paz”, insistió Guterres.

Este tema ya fue una gran preocupación del predecesor de Guterres, Ban Ki-moon, y el diplomático portugués ha querido colocarlo como una de sus principales prioridades por el daño causado a unas víctimas que la ONU debería proteger.

Naciones Unidas mantiene actualmente quince operaciones de paz en todo el mundo, en las que participan cerca de cien mil efectivos militares y policiales, sin incluir las personas que cumplen misiones civiles.

En su intervención de hoy, Guterres recordó que entre las medidas adoptadas se incluye el nombramiento de la australiana Jane Connors como defensora de los derechos de las víctimas de abusos sexuales, un cargo de nueva creación.

“Su papel será crítico para proveer protección, apoyo y amparo judicial”, recordó hoy Guterres en la reunión, en la que estaban representados al máximo nivel países que aportan tropas para los “cascos azules”.

Se encontraban, entre otros, los presidentes de Uruguay, Tabaré Vázquez; y de Finlandia, Sauli Niinisto, así como la primera ministra de Bangladesh, Sheikh Hasina, y el de Etiopía, Hailemariam Desalegn.

La de hoy fue la primera reunión de alto nivel que organiza la ONU para combatir ese problema y buscar soluciones globales para evitarlo.

“Debemos tomar acciones audaces, urgentes y necesitadas para extirpar los abusos y la explotación sexual de Naciones Unidas de una vez por todas”, afirmó Guteres.

“No podemos permitir que los actos atroces de unos pocos manchen el trabajo de miles de hombres y mujeres que defienden los valores de la carta fundacional de Naciones Unidas, a veces con gran sacrificio y riesgo personal”, insistió.

La ONU confirmó que, hasta hoy, 57 jefes de Estado y de Gobierno se han sumado a un “círculo de liderazgo” para prevenir y dar respuesta a los casos de abusos sexuales en las operaciones de Naciones Unidas, que cuestan anualmente unos 6.800 millones de dólares.

En la misma reunión, el presidente uruguayo reflejó la necesidad de que los países que contribuyan con efectivos propios a los “cascos azules” extremen las precauciones para evitar estos “repudiables” casos.

“Nos preocupa, nos duele, nos avergüenza el creciente número de denuncias sobre explotación y abusos sexuales que involucran a personal desplegado en operaciones de mantenimiento de paz”, afirmó Vázquez.

El mandatario uruguayo resaltó la responsabilidad de los Estados que participan en las operaciones de paz, que debe comenzar con la selección y capacitación del personal antes de su despliegue.

Además, añadió, debe resultar imprescindible “garantizar la rendición de cuentas una vez que los casos se hayan consumado o existan sospechas fundadas de ello”.

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