La Policía incauta material en la casa de un edil por el asesinato de una concejala de Río

El día que se cumplen nueve meses del asesinato de la concejala izquierdista Marielle Franco, la Policía Civil y la Fiscalía de Río de Janeiro realizaron hoy búsquedas y confiscaron material del edil Marcello Siciliano en relación al crimen.

Los agentes incautaron ordenadores y documentos en la casa del concejal, en base a que, según la Fiscalía, Siciliano estaría involucrado en la planificación del asesinato junto con el ex policía militar Orlando Oliveira de Araújo.

Siciliano manifestó que se siente “indignado” y que después de nueve meses no tienen nada contra él, por lo que “inventaron una operación” para intentar incriminarlo.

El concejal, del Partido Humanista de la Solidaridad (PHS), ya había sido señalado anteriormente por un posible vínculo con el crimen junto con Orlando Oliveira de Araújo, un expolicía que está preso acusado de comandar una milicia.

Aunque Siciliano negó públicamente cualquier tipo de implicación con el crimen de Franco y afirmó que su relación con la concejala “era buena” y que “nunca hubo conflictos políticos” entre ambos, el hallazgo de una grabación de una llamada de su celular indica, al parecer, que sí tenía contacto con milicianos.

En la noche del pasado 14 de marzo, Franco, líder en la defensa de los Derechos Humanos, fue asesinada a tiros junto al conductor del vehículo en el que viajaba, Anderson Gomes, en el centro de Río de Janeiro, tras participar en un acto político-cultural.

El asesinato se produjo un mes después de que el Gobierno brasileño decretara la intervención federal en el estado de Río, que dejó en manos de las Fuerzas Armadas el control del orden público, una medida duramente cuestionada por la activista.

El secretario de Seguridad Pública de Río de Janeiro, Richard Nunes, afirmó en una entrevista concedida al periódico Estadao que la concejala fue asesinada por una “cuestión de tierras”, al poder entorpecer negocios relacionados con un proceso de acaparamiento de tierras que se planeaba en la zona oeste de Río.

“Ella (Franco) estaba lidiando en determinada área de Río controlada por milicianos, donde priman los intereses económicos. En el momento en el que se cuestionaron las relaciones con esa comunidad, afectó a los intereses de los grupos criminales”, apuntó en la entrevista.

Nunes se refirió también a la “complejidad” de esas áreas, en la zona oeste, donde las milicias actúan en la posesión de las tierras y hay problemas en relación a la ocupación y a la explotación de recursos.

Por otra parte, ayer se llevó a cabo una operación policial en varios puntos del estado de Río y en una ciudad de Minas Gerais, en lo que fue, según el jefe de Policía de Río, Rivaldo Barbosa, “otro paso para esclarecer el asesinato”.

“Estamos trabajando para que la gente dé una respuesta necesaria y suficiente, con pruebas robustas, para que las personas que sean presas, sean condenadas”, dijo Rivaldo.

Franco denunció con frecuencia abusos policiales y se convirtió en una líder emblemática en la defensa de la causa de las mujeres negras, lesbianas y procedentes de favelas.

El asesinato de Franco y Anderson se ha convertido en un caso simbólico y reivindicativo en Brasil y organizaciones como Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos instaron a Brasil a investigar con más urgencia los asesinatos de activistas y a garantizar los Derechos Humanos.