Posponen al 10 de junio la declaración del delegado de Gobierno por el 8M

El Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid ha trasladado al 10 de junio la declaración del delegado de Gobierno de Madrid, José Manuel Franco, como imputado por un presunto delito de prevaricación en la causa sobre la celebración de la manifestación del 8 de marzo cuando ya había brotes de COVID-19.

En una providencia, la magistrada instructora accede a la petición de la Abogacía del Estado -que tiene recurrida la apertura del procedimiento- y señala para ese día a las 15.30 horas la comparecencia de Franco, prevista inicialmente para el 5 de junio.

También retrasa al 10 de junio las declaraciones como testigos del secretario general de la delegación, Fernando Talavera; el jefe del gabinete del Delegado del Gobierno, Luis María Sanz; y el director de la Unidad de Seguridad Ciudadana, José Luis Correas Díaz.

Todas ellas se realizarán de manera presencial en el juzgado “a la vista de la incidencia técnica” ocurrida recientemente con el sistema de videoconferencia y para evitar problemas similares que “impliquen mayores retrasos en las declaraciones de la presente causa”.

La magistrada Carmen Rodríguez Medel ha tomado esta decisión no sin antes destacar la “sorprendente” alegación de la Abogacía, dependiente del Gobierno, en relación a la necesidad de tiempo para instruirse cuando ya se le había notificado desde el 21 de abril que la causa quedaba a su disposición para hacer copias de la documentación.

No ha sido hasta el 26 de mayo, indica la jueza, cuando la Abogacía ha comparecido y aun así, abunda, tenía ocho días más para preparar su defensa.

La magistrada no ha accedido a su petición en lo que concierne a las declaraciones ante la policía judicial señaladas para el pasado 25 de mayo, dado que su escrito entró en el juzgado ayer, señala la providencia.

En ella, la magistrada también une a la causa varios escritos y recursos que han entrado en el juzgado en los últimos días y da traslado a las partes.

La Abogacía del Estado recurrió ante la Audiencia Provincial la apertura del procedimiento en un crítico escrito con la jueza, contra quien arremetía por haber abierto una “causa general” contra la gestión de la crisis sanitaria, que a su juicio vulneraría la normativa del estado de alarma por impulsar una investigación sin urgencia cuando en Justicia sólo se atienden servicios mínimos.

En el marco de este procedimiento, la Guardia Civil, en funciones de policía judicial, remitió un escrito en el que concluía que no debió permitirse ninguna concentración en Madrid desde el 5 de marzo y que las autoridades gubernamentales conocían los riesgos de transmisión de la COVID-19 antes del 8M.

Dicho informe fue presuntamente el desencadenante de una tormenta en la Guardia Civil, provocada por el cese del jefe de la comandancia en Madrid, el coronel Diego Pérez de los Cobos, al que siguió la renuncia del número dos del Cuerpo, Laurentino Ceña y el cese del número tres, Fernando Santafé.