Transparencia Internacional cree que el nivel de incumplimiento en las instituciones es “demasiado alto” y “preocupante”

Transparencia Internacional España (TI-España), en colaboración con el Observatorio de Contratación Pública (OCP), ha realizado un nuevo estudio sobre el nivel de cumplimiento por parte de las instituciones públicas españolas de la obligación legal de publicar sus contratos y licitaciones en la Plataforma de Contratación del Sector Público (lugar común de publicidad de los contratos a nivel nacional), en función de lo establecido por la Ley 20/2013 de Garantía de la unidad de mercado.

Comparando con los estudios realizados en enero y julio de 2016 y en marzo de 2017, TI-España subraya que en octubre de este año se ha percibido una “cierta mejora” en el nivel de transparencia de una gran parte de las instituciones públicas españolas, tanto Ayuntamientos, como Comunidades Autónomas, Parlamentos, Diputaciones Provinciales y Universidades públicas.

Así, en el último estudio realizado se ha constatado que el 45 por ciento de los 110 grandes Ayuntamientos siguen incumpliendo con la obligación de publicar en la Plataforma de Contratación del Sector Público (PCSP), mientras que 61 de ellos sí lo hacen, frente a los 56 que lo hacían en mayo. En 2016, únicamente eran 29 en enero y 33 en julio los que cumplían esta obligación legal.

En el caso de las Comunidades Autónomas, en el último análisis realizado son 13 las que cumplen con sus obligaciones de transparencia, el 76 por ciento del total --en marzo eran 10, seis en julio de 2016 y tres en enero del pasado año--.

Pese a esta evolución positiva, desde TI-España consideran que la proporción de las incumplidoras con la normativa legal, el 24 por ciento (cuatro Comunidades Autónomas), sigue siento “alta”.

Respecto a los 19 parlamentos --Congreso, Senado y las 17 cámaras autonómicas--, son menos de la mitad, un 47 por ciento, los que cumplen con la norma de publicar los contratos en la Plataforma de Contratación del Sector Público, destacando además, según TI-España, que tanto la Cámara Alta como la Cámara Baja continúan incumpliendo con la normativa.

En este caso, la cifra de Parlamentos cumplidores, nueve, no ha variado en este último análisis con respecto al anterior, el de mayo. Sí ha aumentado la transparencia respecto a 2016, cuando cumplían la normativa cinco de ellos.

En lo que se refiere a las Diputaciones Provinciales, el pasado mes de octubre eran 33 de las 45 diputaciones las que cumplían la normativa, es decir, el 73 por ciento del total.

A pesar de la mejoría en los datos --32 cumplidoras en mayo y 18 en enero y julio de 2016--, desde TI-España han subrayado que “más de la cuarta parte” de las diputaciones siguen incumpliento este mandato legal.

Finalmente, en lo que se refiere a Universidades públicas, en octubre eran 40 los centros universitarios que cumplían con esta obligación legal, frente a las 36 de mayo, las 33 de julio de 2016 o las 30 de enero del pasado año.

Este 78 por ciento de Universidades cumplidoras, destaca TI-España, es el porcentaje más alto en cuanto a nivel de cumplimiento entre los cinco colectivos de instituciones públicas analizadas.

TI-España considera que el nivel de incumplimiento legal de las entidades públicas españolas es “todavía abultado e inaceptable”, por lo que ha reclamado que todas las instituciones públicas cumplan “en el menor breve plazo posible esta obligación legal”.

CONSEJO DE TRANSPARENCIA

En otro orden, Transparencia Internacional España, junto a Access Info y Civio, han reclamado al Consejo de Transparencia ejemplaridad y transparencia en la contratación de abogados externos.

Según explican, desde el primer conflicto en los tribunales ante el Gobierno, a finales de 2015, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) se ha encontrado con una coyuntura no prevista: su representación legal estaba encomendada a la Abogacía del Estado, pero también la de sus oponentes, los Ministerios.

El Gobierno decidió optar por que los abogados del Estado representaran a los Ministerios y el CTBG tuvo que buscar su propia representación legal. Según estas organizaciones, la primera vez que ocurrió algo así, en el proceso contra RTVE, y según el propio CTBG, tuvieron solo unos días para encontrar abogado y optaron por contratar “de forma directa a una con vínculos profesionales previos con la directora del organismo”.

“Han pasado casi dos años desde entonces y, durante este tiempo, dos personas han ido representado al CTBG en decenas de litigios y bajo el mismo sistema de contratación directa”, han denunciado Access Info, Transparencia Internacional España y Civio, quienes critican además que no se haya respondido a las múltiples preguntas planteadas al CTBG sobre esta cuestión desde julio.

Pese a que hay dictámenes del Consejo de Estado y de la Oficina de Conflicto de Intereses sobre algunas partes de este proceso que establezcan que se cumplen las condiciones legales, las tres organizaciones consideran que “ciertas actuaciones pueden dejar en mal lugar a un organismo que debe ser garante de la transparencia y, por lo tanto, ejemplar ante este tipo de situaciones”.

“Las organizaciones firmantes consideramos que el CTBG debe comunicar, de forma abierta, qué ha pasado y cómo se pretende resolver. Además, debe publicar en su lista de contratos estos servicios, incluyendo nombre de los representantes legales, cantidades y procedimiento judicial (ahora mismo lo publica en una lista de gastos inferiores a 1.000 euros, pero sin nombres de los destinatarios)”, finalizan.

Los importes de esos contratos hacen que la ley no obligue al CTBG a hacerlos públicos, pero creemos que, dada la situación, el Consejo debe ir más allá de los mínimos que marca la norma para