El año del rey emérito en Abu Dabi no aplaca el escándalo y su vuelta depende de Felipe VI

Se fue sin pedir perdón, sin rastro de arrepentimiento, con el título de emérito bajo el brazo y con decenas de titulares en las portadas nacionales e internacionales sobre sus cuentas en paraísos fiscales. Marchó a Abu Dabi. Según varias fuentes, no comunicó el destino en aquel momento ni al Gobierno ni a Felipe VI. Con su autoexilio, quería “contribuir”, dijo, a que su hijo pudiera desarrollar su función constitucional “desde la tranquilidad y el sosiego”, como si su comportamiento y su abultado patrimonio –supuestamente acumulado de forma ilícita– no hubieran provocado suficiente inquietud además de una profunda inestabilidad en la Jefatura del Estado. 

Se cumple este martes el primer aniversario de la salida de Juan Carlos I de España. 83 años, 40 como rey, 58 de residencia en la Zarzuela, al menos un par de lustros de escándalos económicos y extraconyugales y 12 meses ya de largas vacaciones como expatriado de lujo –con tres ayudantes cuyos sueldos y estancia paga Patrimonio Nacional– en una isla exclusiva del golfo Pérsico desde donde manda señales a través de terceros sobre su intención de volver a España. La última vez que lo hizo fue la pasada Navidad. El emérito amagó con regresar, según se supo por algunos de sus amigos más cercanos y sin que Felipe VI y el Gobierno tuvieran conocimiento de ello. En La Moncloa y en Zarzuela saltaron todas las alarmas. 

Un regreso del emérito con tres investigaciones judiciales abiertas en Suiza y la Fiscalía del Supremo indagando en España no convenía, pero Juan Carlos I transmitía a quien quisiera escucharlo que se sentía “dolido e injustamente tratado” por las instituciones de su país, por su propio hijo y por los españoles. “Solo habla del servicio prestado a España durante 40 años, pero nunca del daño causado”, declaró entonces al elDiario.es un miembro del Gobierno, que entendía que del comportamiento actual y futuro de Juan Carlos I dependerá que “pueda pasar sus últimos días dignamente o morir sin honor”.

Desde que se fue de España, el Gobierno niega haber transmitido indicación alguna a Felipe VI sobre la conveniencia o no de un hipotético regreso del emérito, si bien es consciente del daño que causaría a la Corona sin estar resuelto antes el asunto de dónde vivirá, ya que no se contempla en absoluto que regrese a la que fue su residencia oficial durante 40 años. Lo que nunca se ha ocultado en el Ejecutivo es la inquietud que suscita el deterioro causado a la institución y el desgaste producido al reinado de Felipe VI después de la acumulación de escándalos y de demasiadas señales de que el emérito “ha perdido todo contacto con la realidad y con los límites morales, éticos, políticos e institucionales”. De ahí que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, manifieste en público cada vez que tiene ocasión su apoyo sin fisuras a la jefatura del Estado y el papel del actual monarca. “No hay mayor precio político que el que pagó ya Juan Carlos I con la abdicación por todos sus errores y a Felipe VI no se le puede imputar el pasado de su predecesor como jefe del Estado”, añaden en La Moncloa, desde donde insisten un año después, en que no esperan un regreso temprano del emérito que, en todo caso, sería una decisión que le corresponde exclusivamente a la Casa Real. Sea la que fuera, añaden, el Gobierno “sólo acompañará a Felipe VI” porque será el jefe del Estado “quien decida”.

Lo cierto es que, cada vez que hay rumores sobre un posible regreso, en la prensa española aparecen noticias sobre una nueva cuenta opaca, una irregularidad fiscal, una investigación de la fiscalía suiza o una declaración de Corinna Larsen, la amante que hace unas semanas presentó en Londres una demanda por amenazas para que “no revele secretos de Estado” contra Juan Carlos I y contra el CNI y pidió una orden de alejamiento contra el emérito y el personal de los servicios secretos.

En agosto de 2020 Juan Carlos I presentó su salida como una decisión voluntaria cuando en realidad Felipe VI y el Gobierno ya llevaban meses explorando fórmulas con las que mitigar el daño y el descrédito que había causado a la institución y al reinado de su propio hijo. La decisión se esperaba desde que un mes antes El País desveló que la amante del emérito Corinna Larssen había declarado ante el fiscal suizo que Juan Carlos le había donado 65 millones de euros que supuestamente le había regalado el rey de Arabia Abdullah bin Abdulaziz. Desde ese día se produjo un goteo de informaciones sobre las cuentas del anterior jefe del Estado en paraísos fiscales que cayeron como una losa sobre La Zarzuela y hasta provocaron que el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, calificara de “inquietantes y perturbadoras” esas noticias. Varios ministros urgieron también al jefe del Estado a tomar una decisión drástica sobre su padre que sirviera de cortafuegos a la institución.

El padre de Felipe VI hizo saber a través de sus abogados que su marcha no suponía un intento de eludir la acción de la Justicia. En aquel momento –y en el mismo punto continúa el procedimiento un año después–, la Fiscalía del Supremo español y también la de Suiza investigaban sus cuentas en el extranjero, si bien no pesaba sobre él imputación alguna. La Agencia Tributaria española y el Ministerio Fiscal que mantiene abiertas tres investigaciones sobre la fortuna se han tomado el mismo tiempo en bucear en las cuentas de quien fuera jefe de Estado durante cuatro décadas que lo que tardarían en hacerlo en toda la vida fiscal de los 47 millones de españoles. Sin prisas. Y eso que él mismo ha lamentado ante algún allegado en estos meses que hay varias generaciones de españoles que sólo le recordarán por ser “el del elefante [en alusión a la cacería en Botswana en la que fue sorprendido, tras una caída que obligó a trasladarlo de urgencia a España, en plena crisis económica en abril de 2012], el de Corinna y el del maletín”, y no por los servicios prestados a la democracia.

El pasado mes de julio El Confidencial desvelaba que el fiscal suizo había encontrado una nueva cuenta al emérito en la entidad Credit Suisse, de Ginebra, y que su titular era una sociedad panameña llamada Lactuva SA. Son, un testaferro “especializado en montar redes opacas” que montó la mercantil y que ya había servido al monarca para cobrar 100 millones de euros de Arabia Saudí. Según el mismo diario, el auténtico titular de la cuenta era un miembro del entorno familiar de Juan Carlos, que usó presuntamente el depósito para ocultar fondos a la Agencia Tributaria a través de la Fundación Zagatka, cuyo administrador es Álvaro de Orleans, el primo del rey emérito. Las operaciones habrían sido ordenadas directamente por el exjefe del Estado con el supuesto objetivo de ayudar económicamente a su familiar. Álvaro de Orleans ya ha reconocido pagos de viajes al anterior rey, algunos de ellos para visitar a Corinna, pero alega que lo hizo porque su padre dejó el encargo de cuidar y ayudar a las monarquías europeas. La Fiscalía suiza no tiene tan clara esa labor altruista e investiga si el aristócrata ejerce de hombre de los maletines para Juan Carlos I.

Durante 2021, para tratar de eludir posibles responsabilidades penales, el padre de Felipe VI ha presentado dos regularizaciones fiscales por las que ha abonado de forma voluntaria más de cinco millones de euros. La constatación de que hubo fraude a Hacienda. La Zarzuela jamás se ha pronunciado al respecto y el Gobierno tan sólo para solemnizar lo que a estas alturas no parece tan obvio: que la justicia es igual para todos. Sobre un posible regreso de Juan Carlos I a España hay diversidad de opiniones. Están los que creen que debería volver cuanto antes y que no merece pasar sus últimos años de vida lejos del país al que sirvió durante tantos años y quienes defienden que el Gobierno debería acordar con Zarzuela sin más dilación un “regreso discreto” y una residencia “más discreta aún” donde pueda llevar una vida “cerca de sus familiares y amigos”. Y es que aún hay quien cree que proteger al rey, sea Juan Carlos I o Felipe VI, es proteger a la democracia. Y de ahí la opacidad y el silencio, no sólo de la vida que lleva el emérito en Abu Dabi en este último año, sino de 40 años con demasiadas sombras que han convertido al emérito en el peor adversario de Felipe VI . “Nadie [como ya ha escrito el periodista José Antonio Zarzalejos] le ha procurado más daño moral y político que su progenitor, antes y después de su abdicación”. Y es que costará que los españoles olviden que quien le antecedió en el trono arrastró por el fango el nombre de España, el de la Corona y el suyo propio durante al menos las dos últimas décadas.

Conclusión: sin noticias del emérito, salvo para trasladar que, de momento, no habrá regreso pero sí una visita de su hija Elena a Emiratos Árabes esta primera semana de agosto para que su primer aniversario de retiro dorado no lo pase solo. En una de las últimas visitas trascendió que tanto Elena como su hermana, Cristina, habían aprovechado para vacunarse en aquel país antes de que la Sanidad española les diese turno.