El tribunal de la caja B rechaza la pretensión del PP de reducir a una las seis acusaciones populares en el juicio

El tribunal que juzgará dentro de un mes el caso de la caja B del Partido Popular ha rechazado la petición de la formación que lidera Pablo Casado para que las seis acusaciones populares se unificaran en una sola con consecuencias tales como que los interrogatorios a imputados y testigos se redujeran considerablemente. En un auto al que ha tenido acceso elDiario.es, los tres magistrados consideran “extemporánea” la petición y descartan todos los argumentos ofrecidos por la representación legal del PP.

Los conservadores pretendían que se unificaran en una sola acusación querellantes tales como Izquierda Unida o el pseudosindicato Manos Limpias. Alegaban que sus escritos de acusación tienen puntos coincidentes y que con su unificación en una sola acusación popular se produciría “un adecuado manejo de la causa” y se evitarían “dilaciones indebidas”.

El tribunal insiste en que después de siete años de instrucción y a poco más de un mes para el juicio no es momento para realizar tal petición y niega que los escritos de acusación sean idénticos, como tampoco lo son “las pruebas propuestas” por cada una de las seis acusaciones populares.

En cuanto a la extensión del juicio y la multiplicación de posteriores recursos, el auto que firma María Fernanda García Pérez señala que esas “posibles dilaciones derivadas de las sesiones dada la existencia de un mayor número de partes podrán controlarse a través de la facultad de dirección del juicio que corresponde al presidente del tribunal, en orden a evitar posibles reiteraciones, a través de la declaración de pertinencia o impertinencia de las mismas”.

La agrupación de las acusaciones populares en una sola es una decisión que suelen tomar los jueces de instrucción al inicio de la causa y que no se adopta siempre. No ha ocurrido, por ejemplo, en ninguna de las piezas del caso Gürtel, al que también pertenece la caja B del PP, ni fue el caso de la destrucción de los ordenadores de Bárcenas, donde las distintas acusaciones populares tuvieron voz propia en el juicio, el primero a un partido político como acusado, y del que la formación de Pablo Casado resultó absuelta. 

Se da la circunstancia de que el Partido Popular pretendió convertirse en una de esas acusaciones populares del caso de la caja B cuando éste arrancó en 2013 como una pieza separada de Gürtel. El juez Pablo Ruz, sin embargo, se vio obligado a expulsar al PP de la acusación popular que había ejercido durante cuatro años en Gürtel y rechazar su personación en la pieza de la Caja B. El magistrado alegó mala fe procesal del PP al actuar en realidad como abogado defensor de Luis Bárcenas. Ocurrió unos meses antes de que el extesorero confesara la financiación irregular del partido durante al menos dos décadas. 

Las seis acusaciones populares personadas en el caso de la caja B son de dos particulares, que representan a los socialistas valencianos y al Partido Socialista de Madrid, respectivamente, Izquierda Unida, las asociaciones Observatori Desc y Adade, y el pseudosindicato Manos Limpias, juzgado en la actualidad como parte de una presunta organización criminal.