Beneficios caídos del cielo, voto rogado o el impuesto a la banca: las leyes pendientes por el parón veraniego

El final del curso parlamentario por el parón veraniego supuso en julio la suspensión de la tramitación de las leyes que se siguen en el Congreso y el Senado. Algunas de estas normas estaban a solo un paso, una simple votación o dos, de ser aprobadas definitivamente. Entre otras, están en esta situación proyectos tan anunciados como el que pondrá coto a los llamados “beneficios caídos del cielo” de las empresas energéticas, la ley que crea el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico o la que pone fin al voto rogado.

El cierre de las Cortes Generales en verano viene determinado por la Constitución, que en su artículo 71 indica que durante el año habrá “dos períodos ordinarios de sesiones”: de septiembre a diciembre, y de febrero a junio. Se pueden convocar plenos de forma extraordinaria, como ocurrió en julio para celebrar el debate sobre el estado de la nación y aprobar algunos reales decretos ley dentro del plazo.

Ese mismo motivo, convalidar decretos, obligará a los diputados a adelantar el final de sus vacaciones para un Pleno extraordinario que tendrá lugar el próximo miércoles, 25 de agosto. El Gobierno tiene que ver avalados los reales decreto ley aprobados en los últimos Consejos de Ministros del curso. Entre ellos está, por ejemplo, el que incluye las medidas de ahorro energético, pero también el que aborda el nuevo sistema de cotización de los trabajadores autónomos y el de medidas urgentes en materia de incendios forestales.

En esa misma sesión se podrá aprobar definitivamente la Ley de Garantía de la Libertad Sexual, que no fue ratificada por el Senado el pasado mes de julio, de forma inesperada, por la aprobación a última hora de una polémica enmienda que modificaba el preámbulo. La conocida como ley del 'solo sí es sí' había sido una de las que se había quedado a las puertas de su entrada en vigor tras una larguísima tramitación, primero en el seno del Gobierno de coalición y después en las Cortes, donde ha estado más de un año. El último retraso, de apenas unas semanas, fue utilizado por el PP para burlarse de la ministra de Igualdad, Irene Montero, pero al final se puso de manifiesto el problema ya que la norma incluye expresamente medidas ante la llamada “sumisión química”.

El Pleno del miércoles también aprobará de forma definitiva la Ley de Ciencia y la de modificación de la Ley Concursal.

Un paso por detrás está la Ley de Creación de un Fondo de Compensación para las Víctimas del Amianto, propuesta por el Parlamento vasco y cuya tramitación parlamentaria arrancó a la vez que la legislatura, a finales de 2019, pero que se ha topado con el desacuerdo político desde entonces. La negociación cogió velocidad en el primer semestre de este 2022 y la proposición pasó este mismo mes de julio del Congreso al Senado, por lo que entra en la recta final para su aprobación definitiva.

También la modificación del voto rogado (el sistema por el que los españoles residentes en el extranjero pueden votar) vive sus últimos compases parlamentarios. Mas de una década después de que se introdujera en la legislación española y provocara las continuas denuncias de los afectados por dificultar el ejercicio del derecho, se cambiará la fórmula justo a tiempo para las elecciones de 2023. La práctica unanimidad con la que se aprobó la proposición en el Congreso invita a pensar que su paso por el Senado será breve y sin complicaciones.

En la misma situación se encuentra la proposición del PSOE para endurecer el tratamiento judicial de determinados accidentes de tráfico, para que en caso de lesiones graves o muerte por una imprudencia grave siempre se dirima en la jurisdicción penal y el juez no pueda derivarlo a la civil. El Senado recibió el texto de la reforma en junio, y deberá abordarlo a la vuelta en septiembre.

Las rebajas del recibo de la luz, para el otoño

El Congreso tiene también pendiente de concluir la tramitación de dos de los proyectos de ley más esperados porque incidirán directamente en el precio de la energía, lo que repercutirá en el recibo de la luz. O así lo espera el Gobierno. El momento no puede ser más oportuno, con el precio mayorista muy alto pese al relativo éxito de la excepcionalidad ibérica y con la previsión de que el otoño, y sobre todo el invierno, pueden disparar los costes si Rusia corta el suministro de gas, como ha amenazado.

Se trata de la ley que crea el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico y de Ley por la que se Actúa sobre la Retribución del CO2 no Emitido del Mercado Eléctrico, cuyo objetivo es limitar los llamados “beneficios caídos del cielo” que logran las empresas que generan energía hidroeléctrica o nuclear.

Esta última norma, que figura entre las acordadas por el PSOE y Unidas Podemos en el acuerdo del Gobierno de coalición, entró en el Congreso hace casi un año, a finales de agosto de 2021. Los diputados votaron su tramitación por la vía de urgencia, además de dotar a la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico de “competencia legislativa plena”. Es decir, que pasará directamente desde la comisión al Senado, saltándose el debate y votación en Pleno.

El plazo de enmiendas se cerró relativamente pronto, en octubre. Y, desde entonces, la comisión trabaja el llamado informe de ponencia, que recoge tanto la propuesta original como las enmiendas de cada grupo. Este se cerró el pasado 21 de junio por lo que solo queda una votación en la comisión para poderla remitir al Senado. Pero, aunque la comisión se ha reunido y ha sometido leyes a votación (como la iniciativa legislativa popular de protección del Mar Menor), en la agenda no han entrado los beneficios caídos del cielo.

Así, no será ya hasta septiembre cuando se aborden dos normas de presumible impacto social y cuya congelación ya lamentaron algunos grupos parlamentarios la pasada primavera. Después irá a la Cámara Alta y, en función de las enmiendas que acepten los senadores, tendrá que volver al Congreso por lo que es muy probable que la norma se haga efectiva hasta el próximo otoño.

Es una situación calcada a la de la ley que contempla sacar de la tarifa eléctrica gradualmente (en cinco años) el coste de las primas a las renovables más antiguas (7.000 millones de euros) y cargarla al conjunto de comercializadoras de energía. Es lo que se conoce como Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico.

Este proyecto del Gobierno llegó al Congreso en mayo de 2021. Su tramitación también fue calificada como “urgente” y se encomendó en exclusiva a la misma Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico. El plazo de enmiendas se cerró en septiembre de ese año, pero el informe de la ponencia no ha estado listo hasta este mes de junio. Como en el anterior caso, su aprobación en la Cámara Baja no llegará hasta septiembre, por lo que su puesta en marcha definitiva difícilmente se producirá antes del otoño, tras el pertinente paso por el Senado. Si no hay más retrasos.

Pero no solo estas dos leyes que afectarán el sector energético están al filo de su aprobación. Otras, como la Ley de Memoria Democrática o la de Creación y Crecimiento de Empresas también viven sus últimos trámites en el Senado, a donde llegaron en las semanas previas al parón veraniego.

Acelerón al impuesto a la banca y las energéticas, y a la ley de vivienda

Los trabajos sobre estas normas se retomarán a la vuelta de las vacaciones. Pero los grupos parlamentarios deberán esforzarse en dos paquetes normativos que, según lo dicho por el Gobierno, deberían estar listos lo antes posible: los impuestos especiales a los beneficios excesivos de banca y empresas energéticas y la Ley por el Derecho a la Vivienda.

Los dos primeros acaban de iniciar su andadura. Los grupos parlamentarios del PSOE y Unidas Podemos registraron una proposición de ley a finales de julio. La modalidad elegida, una iniciativa de los diputados, es mucho más rápida en los plazos que los proyectos de ley que puede aprobar el Gobierno ya que estos deben pasar por una serie de requisitos previos, como los dictámenes de los órganos consultivos o la consulta pública, de los que las proposiciones están exentas.

Con todo, hay una serie de pasos a cumplir. Pero los dos partidos del Gobierno de coalición pueden pisar el acelerador en el Congreso, donde controlan la Mesa, y, con el apoyo de los aliados parlamentarios en la Junta de Portavoces, imprimir la máxima velocidad posible: tramitación urgente, en comisión y en lectura única, es decir, sin pasar por el Senado. De esta forma, los plazos se acortarían.

Algo que, hasta donde se sabe, no ocurrirá con la ley de vivienda, una norma que comenzó su andadura dentro del Gobierno de coalición en 2020 y que, por fin, llegó al Congreso en febrero de este año. Como muestra del retraso que acumula la norma, cuando el PSOE y Unidas Podemos comenzaron a redactar la norma, Pablo Iglesias era vicepresidente, José Luis Ábalos el ministro del ramo y Ione Belarra, secretaria de Estado. Los dos primeros están fuera de la política y Belarra es hoy ministra y secretaria general de Podemos.

Sea como fuere, el pasado 27 de abril se cerró el trámite de enmiendas tras menos de diez ampliaciones del plazo, lo cual no es mucho a tenor de lo que ha ocurrido en esta legislatura en la que algunas normas acumulan decenas de prórrogas que suponen, de hecho, un bloqueo parlamentario a su aprobación.

Los trabajos de la Ley por el Derecho a la Vivienda, que se ha calificado como urgente (es decir, que los plazos tendrán una duración de la mitad de los establecidos con carácter ordinario), recaen en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. El boletín del Congreso ya ha publicado las enmiendas al articulado y los diputados tendrán que cerrar el informe de la ponencia a la vuelta del verano. Después será el Pleno quien afronte el último debate antes de su remisión al Senado y, en su caso, el regreso a la Cámara Baja para la ratificación final.