Las coaliciones de PP y Ciudadanos se tensionan en Madrid, Murcia y Andalucía a las puertas de la campaña catalana

Los deseos del PP de recuperar el liderazgo del centro derecha en Catalunya en las elecciones del 14 de febrero a costa de Ciudadanos –que en los comicios de 2017 fue la primera fuerza de la comunidad aunque no pudo gobernar por la alianza de los independentistas– ha generado entre ambos partidos un clima de confrontación y amenaza la estabilidad de sus gobiernos de coalición en algunas comunidades y ayuntamientos. Desde que se materializó la fuga de la exportavoz de Ciudadanos, Lorena Roldán, a las filas del PP –será la número dos de la candidatura por Barcelona–, Inés Arrimadas está volcada en dar apoyo a Carlos Carrizosa, el candidato del partido a la Generalitat que la desplazó en Catalunya, y no ha dejado de recordar que Ciudadanos es “la única y verdadera alternativa al nacionalismo catalán”, mensaje con el que intenta contrarrestar al de su excompañera de partido que, al irse, sentenció: “El proyecto de Alejandro Fernández y el del PP en Catalunya es el antídoto perfecto para luchar contra el separatismo y también contra el sanchismo”.

Esa tensión, extendida recientemente al ámbito municipal tras la moción de censura en Villaviciosa de Odón, se ha trasladado también a las comunidades en las que el PP y Ciudadanos mantienen coaliciones de gobierno –en tres de ellas con el apoyo externo de Vox–, especialmente en aquellas en las que las diferencias de criterio sobre la gestión de la pandemia ya habían abierto en los últimos meses más de una brecha. La convivencia entre los tres partidos aliados en Madrid, Murcia y Andalucía no es fácil y los choques se suceden con mayor frecuencia a medida que se acerca la cita con las urnas en Catalunya, donde la rivalidad entre PP, Ciudadanos y Vox por atraer al electorado antiindependentista va a ser –ya lo está siendo– feroz.

Pese a ello y a los desplantes de Pablo Casado, Arrimadas sigue insistiendo en que esas alianzas “son sólidas” y “no peligran”, consciente de que perder esas cuotas de poder sería mucho peor para el futuro de su partido. Sin embargo, los hecho sobrepasan sus deseos.

Murcia: estalla la tensión entre Ciudadanos y el PP por la vacunaciones irregulares

La Región de Murcia, donde los dos partidos hasta ahora parecían estar bien avenidos, ha sido el último escenario de esa confrontación. La bomba estalló hace apenas unas semanas, cuando PP y Ciudadanos anunciaron finalmente un acuerdo presupuestario para la Región de Murcia, y después de que el diario La Verdad publicara que el exconsejero de Salud Manuel Villegas, y otros 400 altos cargos, entre los que se encuentra su pareja, María Teresa Martínez Ros, directora general de Planificación, Investigación, Farmacia y Atención al Ciudadano, se habían vacunado saltándose el protocolo establecido por el Ministerio de Sanidad.

En el peor momento de la pandemia en la Región, Ciudadanos valoró la gravedad de lo ocurrido y adoptó una postura muy crítica con su socio de Gobierno: desde el primer momento, la portavoz del Gobierno, Ana Martínez Vidal (Cs) pidió la dimisión del consejero de Salud y llegó a hablar de “corrupción política”, mientras que el presidente, Fernando López Miras, no se daba por aludido. Después de que el jefe del Ejecutivo murciano anunciara la dimisión de Villegas el miércoles por la tarde se canceló el Consejo de Gobierno ordinario y se optó por celebrarlo de forma telemática.

Este es el momento de mayor tensión vivido entre los socios desde que alcanzaran hace un año y medio un acuerdo de Gobierno con el apoyo externo de Vox, del que dependen para tener una mayoría parlamentaria. A pesar del órdago planteado por Martínez Vidal, en el partido descartan que la crisis pueda desembocar en una ruptura. La propia Arrimadas se ha esforzado en señalar que el papel de Ciudadanos es “imprescindible” porque “si el PP tuviera allí mayoría absoluta”, Villegas “seguiría en su puesto”.

En cualquier caso, para rubricar los presupuestos necesitan el apoyo del único parlamentario que queda representando a Vox en la Asamblea, Pascual Salvador, o bien de los tres diputados en la Asamblea Regional expulsados de este partido, pero que mantienen el grupo parlamentario. Los tres díscolos de Vox han pedido a los socios de Gobierno que para contar con su apoyo para los presupuestos éstos deben subvencionar a la asociación Redmadre que, según ellos, “asiste a madres con dificultades económicas y ofrece una alternativa para concebir a sus hijos evitando acudir al aborto”.

En el PP regional ha sentado muy mal la belicosidad mostrada por Martínez Vidal en el caso Villegas y ahora manifiestan su preferencia porque Isabel Franco continúe como vicepresidenta en lugar de que la portavoz del Gobierno la sustituya, tal y como se ha barajado en alguna ocasión para la remodelación del Gobierno murciano. Ahora desde Ciudadanos exigen al PP que les informe “del alcance total de las posibles irregularidades, y si en la lista de vacunados hay personas ajenas al SMS, familiares o allegados de los políticos del PP, que se hayan saltado la cola”. De no tener en breve esos datos Ciudadanos materializará su amenaza de abrir una comisión de investigación en el Parlamento regional.

Madrid, foco constante de conflictos entre Ayuso y Aguado

En la Comunidad de Madrid las desavenencias de los socios de Gobierno son tan palpables que están impidiendo sacar adelante los Presupuestos regionales. Mientras que desde el PP señalan como “socio prioritario” a Vox, los de Aguado defienden sumar al PSOE y al resto de las fuerzas políticas en la Asamblea de Madrid. Por unas cosas o por otras, las cuentas siguen paralizadas y ni siquiera hay una fecha prevista para presentar el proyecto.

En este año y medio de convivencia los roces no han cesado. Hace unos días, el vicepresidente regional y líder de Ciudadanos se adelantaba a la presidenta y presentaba por su cuenta el plan de 1.000 millones en ayudas –600 para empresas y 400 para familias– para incluir en los presupuestos, algo a lo que se resiste el consejero de Hacienda, Javier Fernández Lasketty.

En noviembre, Aguado aseguró que el Ejecutivo quería realizar test de antígenos a todos los madrileños antes de las navidades, pero el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, del PP, salía horas después a desmentirlo y le pedía que fuera “realista”: “Hacer seis millones en apenas un mes es una cifra que, aunque pusiéramos toda la red de farmacia a pleno rendimiento, sería complicado”, dijo Escudero, que recordaba al vicepresidente del Gobierno que quien marca la estrategia contra la COVID-19 era Sanidad y no él.

Ambos socios también chocaron sobre la gestión de las residencias de mayores durante la emergencia sanitaria por el coronavirus, crisis que en la primavera pasada desembocó en la retirada de las competencias al consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, que meses después terminó dejando el Gobierno.

La tensa situación entre ambos socios ha sido aprovechada por los grupos de la izquierda de la Asamblea de Madrid, que han tentado a Aguado para que apoye una moción de censura contra Díaz Ayuso, una iniciativa que Inés Arrimadas ha vetado desde la dirección nacional.

La coalición en Andalucía cumple dos años sufriendo las imposiciones de Vox

Andalucía, que fue el primer territorio en donde cuajó un Gobierno de coalición PP-Ciudadanos, las tensiones provienen de Vox, partido al que necesitan para mantener la estabilidad. Con todo, el de Juan Manuel Moreno Bonilla y Juan Marín es el Ejecutivo con más estabilidad y con menos sobresaltos internos de todos los que PP y Ciudadanos constituyeron después luego con esta fórmula. En dos años que lleva funcionando han pactado y aprobado tres presupuestos autonómicos, precedidos por dos acuerdos políticos con una serie de imposiciones que la ultraderecha ha exigido a cambio de su respaldo.

No obstante, también ha habido tensiones internas, más por el elemento distorsionador que supone el apoyo de Vox, que por fricciones entre PP y Ciudadanos, aunque ninguno de estos desencuentros ha llegado a la categoría de crisis que haga peligrar la estabilidad del Ejecutivo, porque el pegamento que une fuertemente a las tres derechas se mantiene inalterable: impedir que el PSOE recupere el poder. Tanto los de Casado como los de Arrimadas son muy conscientes de que se necesitan mutuamente para preservar “el cambio de ciclo” en un territorio que tradicionalmente se ha ubicado en el centro izquierda. “Hemos pasado 40 años quejándonos de que no teníamos con quien pactar para aspirar a gobernar y ahora que lo tenemos no nos lo vamos a cargar”, sostiene una fuente de la dirección regional del PP. Por eso, tanto Marín como el presidente Moreno Bonilla tantean la fórmula de concurrir como coalición –Andalucía Suma– en las próximas elecciones, pese al rechazo explícito de Inés Arrimadas.

A pesar de esa aparente armonía también las tensiones que han vivido los socios en estos dos años se han dejado notar en los últimos meses, cuando las sucesivas encuestas de intención de voto que se han publicado mostraban el desgaste agudo de Ciudadanos, incapaz de capitalizar los logros del Ejecutivo andaluz, mientras el PP subía como la espuma.

Pero lo que más ha sacudido la convivencia de las tres derechas en esta comunidad es la hiperbólica estrategia de confrontación de Vox, que ha zarandeado al Gobierno andaluz para imponer sus cláusulas más ideológicas (denuncia del “inmigrante ilegal”, con especial énfasis en los menores extranjeros no acompañados; negacionismo de las leyes de igualdad de género y violencia machista; rechazo a las políticas de memoria histórica…). Muchas de estas guerras culturales las ha librado Vox con Ciudadanos, con el PP arbitrando la disputa para que no pusiera en riesgo la estabilidad del Gobierno.

Castilla y León y los tiras y aflojas sobre la desescalada

También en Castilla y León la gestión de la pandemia está suponiendo tensiones en el gobierno de coalición entre PP y Ciudadanos, aunque en esta comunidad Vox no es el tercer partido en discordia. Bien es cierto que entre Francisco Igea, vicepresidente, y el presidente Alfonso Fernández Mañueco, del PP, hay muy buena sintonía. Pero las discrepancias han sido obvias desde el momento en que se produjo la desescalada de la primera ola. La consejera de Sanidad ya reconocía en mayo no sentirse cómoda al proponer la Junta de Castilla y León el paso a la Fase 1 de toda la Comunidad. La consejera de Sanidad de Castilla y León: “No me siento cómoda del todo anunciando el paso a fase 1 una semana antes”.

Su postura inicial era desescalar por zonas básicas de salud o por capitales, pero el presidente, Alfonso Fernández Mañueco, del PP, anunció que toda Castilla y León pasaría a Fase 1 el 25 de mayo y todo ello mientras Verónica Casado había alertado de un claro repunte tras la relajación de medidas. Desde entonces, los desencuentros han sido habituales. El más obvio fue el previo a las fiestas navideñas, en el mes de noviembre. Mientras el vicepresidente, Francisco Igea, aseguraba que no se trataba de salvar la navidad, el presidente se comprometía a ello en entrevistas en medios nacionales. Las medidas de la Junta fueron de las más laxas: levantamiento del cierre perimetral en las fechas clave como días previos y posteriores a nochebuena y nochevieja y hasta 10 familiares reunidos en las casas. Igea trasladó estas medidas con una recomendación: “Sean ustedes mejores que quienes les gobiernan”, recomendó a la población.

Otro momento clave fue cuando se produjo el repunte tras esas fiestas y la consejera de Sanidad anunció en rueda de prensa que plantearía en el Interterritorial la propuesta de su comité de expertos: el confinamiento domiciliario para hacer frente a la tercera ola. Horas después, una nota de la Junta de Castilla y León desmentía esos planes y dejaba claro que no se había tomado decisión alguna a ese respecto. Y los desacuerdos no cesaron, porque unos días después, el 7 de enero, se apartó a Igea y Casado de la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno y se anunció que la daría el presidente. Apareció dos horas y media después de lo previsto para comunicar medidas nuevas como un cierre perimetral indefinido y medidas excepcionales en Ávila, Segovia y Palencia. Dos semanas más tarde, con la situación epidemiológica descontrolada, se filtró a la prensa el cierre todo el comercio no esencial y el tope de apertura hasta las 18.00 para el esencial además de cierre de terrazas. Sin embargo, lo que anunció el presidente al día siguiente fue un discutido adelanto del toque de queda a las 20.00 horas, recurrido ahora ante el Supremo por el Gobierno central. La explicación a ese volantazo en el último minuto es la falta de acuerdo entre PP y Ciudadanos. El desenlace judicial, de ser negativo para Castilla y León, abriría una nueva brecha.

Ahora todos los ojos están puestos en lo que pueda ocurrir el 14F porque si Ciudadanos se hunde, tanto el PP como Vox van a lanzarse a por sus restos y eso agravaría las tensiones en los territorios en los que han cerrado pactos de Gobierno.

*Con información de Elisa Reche, Dani Cela, Fátima Caballero y Laura Cornejo