Un comité “independiente” y controlado por Cospedal investiga el uso de tarjetas 'black' en el PP
El secretismo que rodea al Comité de Derechos y Garantías es casi completo. Del órgano disciplinario que ha estado a punto de juzgar si Rodrigo Rato merecía ser despojado de su carné de militante, el PP no explica más detalles que el nombre de sus integrantes y el de su presidente, Alfonso Fernández Mañueco. Génova es muy reacia a ofrecer ningún tipo de información más allá de algún escueto comunicado cuando algún miembro notable del partido tiene que rendir cuentas de su comportamiento.
Es lo que ha ocurrido en las dos últimas semanas, cuando el estallido del escándalo de las tarjetas 'black' de las que disponían los consejeros y directivos de Caja Madrid y Bankia ha cambiado la situación. En los últimos 15 días, el PP se ha visto obligado a difundir la apertura de un expediente informativo a Rato y a los otros 12 militantes. En vista de que se resistían a darse de baja voluntariamente en el partido, como sí han hecho otros tres militantes de los que no se ha facilitado sus nombres, Génova tuvo que dar el paso para sustentar la teoría de que compartían la indignación de la opinión pública.
Una vez anunciado el posible castigo, cuya máxima expresión sería la expulsión, Génova informó de que había nombrado a Francisco Molinero como instructor de la investigación interna. La renuncia temporal de Rato a su militancia, solicitada a última hora del lunes a través de una carta dirigida a Mª Dolores de Cospedal, ha permitido al PP congelar su investigación interna y justificarla en que actualmente es una persona ajena al partido. De esta forma, sólo quedan por rendir cuenta 12 afiliados con mucho menos protagonismo que el exvicepresidente del Gobierno de José María Aznar.
La reciente imputación de Ángel Acebes a raíz de los papeles de Bárcenas, y el uso de la caja del dinero negro consignado en esos documentos, ha hecho plantearse a algunos miembros del PP si es necesario obrar como se intentó hacer con Rato. Unos defienden que es imposible hacerlo porque equivaldría a aceptar la veracidad de los documentos difundidos por el extesorero y, por tanto, el reconocimiento de que el PP ha funcionado con una contabilidad paralela gracias al dinero negro.
Otras voces, preocupadas por la imagen de un partido corrompido por su cúpula nacional, reclaman la necesidad de ser ejemplarizantes y suspender de militancia de forma cautelar al que fue secretario general del PP de 2004 a 2008. La decisión recae en Rajoy, pero de momento parece improbable que se actúe con tanta contundencia contra Acebes. Lo que no se descarta es que el exministro del Interior actúe como Rato y pida él mismo su baja temporal.
“Transparencia total”
A pesar de ser la máxima responsable de Génova y de presumir de “total transparencia”, Cospedal no supo contestar este lunes a las preguntas de cuántas personas lo forman y cómo se elige a quien va a ser el instructor de un expediente. “Creo que son ocho o nueve los que lo votan”, fue la escueta respuesta de la secretaria general después de que se lo chivase Carlos Floriano.
Cospedal negó tajantemente que el hecho de que Molinero sea diputado por Albacete le otorgue a ella ningún poder de control sobre el órgano disciplinario: “Actúa con completa independencia, me parecería bien que fuera diputado por Soria en vez de Albacete”. El único requisito para actuar como instructor, además de que le voten sus compañeros a propuesta del partido, es el de ser licenciado en Derecho.
Juan Carlos Vera, secretario en funciones
Junto a Fernández Mañueco y Molinero, otros nueve dirigentes del PP completan este comité. Andrés José Ayala, Pilar Busó, Federico Cabello, Ángel Fernández, Fernando Figuereo, Mauricio Rovira, Salvador Sanz y José Manuel Velasco. El anterior secretario, Carlos Argos, falleció este verano, por lo que recientemente se decidió que su relevo sea Juan Carlos Vera, uno de los principales fontaneros de Génova y actual coordinador de Organización Electoral. Su puesto es el de secretario en funciones.
Según los estatutos del PP, que el partido no facilita, no está claro si el comportamiento de Rato, como el de Acebes, hubiera constituido una infracción muy grave susceptible de ser castigada con la expulsión. El texto, en su artículo 9, recoge como causas para la pérdida de la condición de afiliado la “afiliación a otro partido”, la “propaganda o solicitud del voto para otra formación”, la “falta de pago de la cuota”, la “manifestación pública de discrepancia grave” o la “sentencia condenatoria en firme en procedimiento penal por delito doloso”.
Corrupción, causa de “infracción muy grave”
Las infracciones disciplinarias, catalogadas como muy graves, graves y leves. Así, se recoge como infracción muy grave “incurrir en cualquier forma de corrupción en el ejercicio de cargos públicos”. El castigo previsto para las faltas muy graves varía desde la expulsión por un periodo de entre cuatro y seis años, la inhabilitación para ocupar cargos en el partido o la expulsión total.
Desde la apertura de un expediente hasta su conclusión se establece un plazo de dos meses, aunque es prorrogable por 30 días más. Aun así, en el PP se descarta apurar los plazos, ya que Cospedal ha prometido “rapidez” una vez que Molinero haya escuchado a Rato y al resto de los militantes afectados.
Es lo que ocurrió el pasado año, cuando algunos de sus militantes, en su mayoría de Nuevas Generaciones, difundieron imágenes con banderas preconstitucionales y gestos fascistas. Génova se negó a facilitar detalles sobre cuántos fueron llevados ante el órgano disciplinario. Finalmente, el comité correspondiente a las juventudes del PP sólo informó de la expulsión de uno de ellos. Óscar Rodríguez, del PP de Paterna (Valencia), fue finalmente expulsado porque tenía carné de militante de varios partidos, una de las causas que los estatutos recogen como infracción muy grave.
