El Congreso definirá mañana en cuánto tiempo se cambiará el decreto de Thomas Cook

La Mesa de la Diputación Permanente del Congreso se reunirá mañana para gestionar una tramitación inédita en la democracia española: modificar en época electoral un decreto-ley, en concreto el que aprobó el Gobierno para compensar los efectos de la quiebra del operador turístico Thomas Cook.

Nunca antes unas Cortes disueltas han tenido que tramitar cambios en un decreto ley, consecuencia de la fragilidad de las mayorías parlamentarias.

Ocurrió que en la sesión de la Diputación Permanente de hace dos semanas 35 votos a favor (25 lo fueron en contra) decidieron que el decreto-ley sobre los efectos de la quiebra de Thomas Cook tiene que cambiarse mediante enmiendas, es decir, que se tramite como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.

Ello no significa que el decreto deje de estar en vigor, pues lo que van a hacer el Congreso y el Senado es modificar su contenido. Si acaban el procedimiento dentro del plazo, los cambios se incorporarán al decreto.

Por tanto, la Mesa de la Diputación, presidida por la socialista Meritxell Batet, definirá mañana ese plazo.

Para ello, se basará en un informe que encargó la Mesa de la Diputación Permanente de la anterior legislatura, presidida por Ana Pastor.

La diputada del PP se lo pidió a los servicios jurídicos de la Cámara debido a la posibilidad de que alguno de los decretos-leyes que el Gobierno aprobaba entonces en los llamados “viernes sociales”, marzo de este año, tuviera el mismo desenlace que el que ha recibido el de Thomas Cook.

Como ya estaba hecho, Batet y los otros cuatro integrantes de la Mesa lo analizarán, y sobre él, marcarán los tiempos.

Ese texto, al que ha accedido Efe, indica como principal factor a tener en cuenta que la tramitación de un decreto en época electoral, con las Cortes disueltas, no puede llegar al día de la constitución del nuevo Congreso y del nuevo Senado.

En consecuencia, hay que terminarlo antes del 3 de diciembre porque “no parece posible trasladar a la Cámara que se constituya en la siguiente legislatura una iniciativa que procede de una Cámara distinta”.

Como el marco de la Diputación Permanente es “temporal”, puntualizan los servicios jurídicos, el procedimiento de urgencia tiene que ser incluso más apremiante que durante la rutina parlamentaria de una legislatura ya comenzada.

Los letrados sugieren en el informe establecer un proceso “ad hoc”, cuyos dos primeros pasos serían los siguientes: publicación en el Boletín Oficial de las Cortes y apertura de un plazo de presentación de enmiendas.

En el texto se fija uno de ocho días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación, pero los servicios jurídicos incluyen una salvedad: dada la premura, la Mesa lo puede acortar.

Una vez presentadas las enmiendas por los grupos, que no podrán ser a la totalidad del proyecto, la propia Mesa las calificará y organizará el debate, es decir, tendrá que convocar una nueva Diputación Permanente.

Se hará un debate de totalidad, y por tanto, se votarán las enmiendas primero y el texto resultante después. Si hay más votos a favor, pasará el trámite a la Diputación Permanente del Senado; si hay más en contra, el proyecto será rechazado y entonces dejará de estar en vigor.

Una mayoría en la Diputación del Senado distinta a la del Congreso podría conllevar la interposición de un veto, pero al no ser el caso, el procedimiento podría abreviarse al no preverse cambios en la Cámara Alta.

Asimismo, la Mesa tendrá que ver en qué fecha sitúa la convalidación o derogación del decreto-ley que aprobó el Gobierno el viernes pasado, sobre medidas urgentes, por razones de seguridad, en administración digital.