El Congreso debatirá que los europeos residentes en España voten en las elecciones

El Congreso de los Diputados debatirá esta semana dos proposiciones no de ley del grupo parlamentario socialista y de UPyD en las que se plantea que los ciudadanos europeos puedan votar en las elecciones nacionales o regionales de otro estado miembro en las mismas condiciones que los nacionales.

Las iniciativas, que se debatirán el martes en la Comisión Mixta para la Unión Europea, entroncan con la iniciativa “Let me vote” impulsada por la Asociación de Europeos sin Fronteras.

Esa asociación estima que alrededor de 13,6 millones de europeos que han emigrado a otros países de la UE no pueden votar en las elecciones nacionales o regionales del país en el que residen y donde pagan sus impuestos.

La medida, que requiere una reforma constitucional, afectaría a 2,7 millones de europeos residentes en España y a más de 550.000 españoles residentes en países europeos.

Las proposiciones del PSOE y de UPyD pretenden que el Gobierno defienda en las instituciones europeas que en todos los países de la UE se reconozca el derecho de sufragio activo en las elecciones generales a ciudadanos europeos residentes legalmente en otros estados miembros.

PSOE y UPyD reclaman que el Ejecutivo se dirija formalmente por escrito a la Comisión Europea para solicitarle una recomendación a los Estados miembros sobre esta reforma, que requiere reciprocidad.

La formación magenta especifica que debería establecerse un periodo de residencia mínimo, de modo que sea incompatible el voto en el país de residencia con el voto en el país de origen.

Los socialistas advierten de que a los ciudadanos afectados “se les niega un derecho político esencial” y ello provoca que la necesaria integración y cohesión de los europeos “se vea dificultada porque a los ciudadanos se les obstaculiza y desmotiva para desplazarse y vivir en países que no sean el originario”.

UPyD argumenta que la privación del derecho de voto a esos ciudadanos es una de las grandes paradojas de la UE.

Según los datos de la Asociación de Europeos sin Fronteras, esta medida modificaría de forma significativa el censo electoral, pues, por ejemplo, supondría la inclusión de 460.000 nuevos electores en Cataluña, 425.000 en Madrid y 417.000 en la Comunidad Valenciana.