Rajoy aprueba contrarreloj lo que prometió en el pasado debate de la nación
Hace un año Luis Bárcenas protagonizó el debate sobre el estado de la nación sin que Mariano Rajoy, fiel a su estilo, pronunciara su nombre. “Yo no voy a citar a nadie porque no lo he hecho ayer y no lo voy a hacer hoy”, dijo el presidente del Gobierno en la última jornada del debate. Pero el extesorero del PP, cuyos papeles y mensajes de móvil han sacudido todas las plantas del número 13 de la calle Génova, estuvo detrás de muchos de los deberes que se autoimpuso Rajoy en aquel debate. En su discurso negó que España fuera un país corrupto, pero su promesa estrella fue un paquete de medidas anticorrupción para frenar la desconfianza de los ciudadanos que no piensan como él.
Una vez se apagan los discursos más o menos lucidos que portavoces y presidente se cruzan desde la tribuna del Congreso durante dos días, las promesas se reflejan en las propuestas de resolución. La primera y más importante prometía transparencia, control sobre los partidos políticos y más medios para los tribunales que tienen que detectar la corrupción y juzgarla. Pero el Gobierno ha tenido que correr para no llegar al debate que empieza este martes sin los deberes hechos. Después de los reproches por los incumplimientos del programa electoral, el Gobierno aprobó el pasado viernes el núcleo de esas iniciativas anticorrupción para enviarlas al Parlamento. A contrarreloj.
El tercer punto detallaba las seis leyes que el Gobierno se comprometía a modificar. Seis nuevos proyectos sobre financiación de los partidos, Tribunal de Cuentas, contratos del sector público, regulación de la función política, reforma del código penal y ley de enjuiciamiento criminal. Y ha sido en este último consejo de ministros cuando el Gobierno ha firmado la reforma de las dos más importantes: la Ley Orgánica de Control de la Actividad Económica y Financiera de los Partidos Políticos y la que regula el ejercicio de los altos cargos. Ahora queda negociarlas en el Congreso.
Las fundaciones, fuera de las exigencias a los partidos
Con ella se acaban las donaciones de las empresas a los partidos aunque las fundaciones quedan fuera de esta prohibición. Aunque muchas constituyen una entrada de dinero por la puerta de atrás, Soraya Sáenz de Santamaría sostiene que las fundaciones y partidos no pueden equipararse porque asegura que sus patronatos no son “monolíticos” sino “plurales”. Las personas físicas que quieran donar dinero a una formación política tendrán un tope de 100.000 €, pero los partidos tendrán que colgar en sus páginas web los nombres de los donantes que hayan contribuido con más de 50.000 €. También colgarán sus cuentas de resultados y balances.
Los bancos y cajas no podrán seguir aplicando trato de favor a las formaciones a base de condonar los créditos concedidos o abaratarlo con intereses por debajo de los precios de mercado. El proyecto aprobado este viernes incluye la nueva regulación de la figura del extesorero y las condiciones y contratos que puede firmar. A partir de ahora tendrá que dar la cara cada año ante el Parlamento además de enviar su informe al Tribunal de Cuentas. Como promesa pendiente, queda dotar de más medios humanos y materiales al tribunal para que fiscalice más rápido. También, su despolitización para investigar a los mismos partidos que nombran a sus miembros.
Entre los deberes y requisitos de los altos cargos de la Administración se incluirá que no tenga antecedentes penales por delitos de terrorismo, lo que sitúa a Arnaldo Otegi como verdadero destinatario de la medida. Además, se les pedirá una declaración responsable, se controlará sus gastos y posibles conflictos de intereses y se comprobará que no se hayan enriquecido cuando dejen el cargo.
Paro juvenil, freno a los desahucios y acuerdo por la ciencia
Muchas otras promesas hechas por Rajoy en el último debate se han quedado en la carpeta de asuntos pendientes, como la de atajar el paro juvenil y reformar las administraciones públicas. La promesa de fomentar una política de vivienda que proteja a las víctimas de los desahucios se ha quedado en una moratoria y un código de buenas prácticas para bancos y cajas. Tampoco se ha logrado un pacto por la ciencia, como se anticipaba en la resolución número 14.
La 10 instaba al Gobierno a “avanzar en la protección del Estado del Bienestar”. En concreto, hablaba de “mejorar la sanidad y los servicios sociales. Los recortes del ministerio que dirige Ana Mato prueban que las propuestas de resolución tras un debate como el del estado de la nación se quedan en promesas. Este martes, el presidente del Gobierno lanzará otras nuevas.
