Las tres derechas cierran su último acuerdo territorial en plena división de la izquierda

Las tres derechas han puesto en la Comunidad de Madrid el broche a sus acuerdos territoriales. Han tardado más de dos meses en alumbrar su pacto más importante con tensiones, portazos y bandazos en las posturas. Pero el acuerdo entre PP, Ciudadanos y Vox ha llegado finalmente este jueves tras una investidura sin candidato, en el inicio del mes de agosto y en un contexto de división de la izquierda con pocos precedentes. Hace solo una semana que fracasaba la investidura de Pedro Sánchez, que da por cerrada la opción de formar un gobierno de coalición con Unidas Podemos.

“El centro-derecha le da una lección a la izquierda en materia de diálogo, acuerdos y sentido de Estado”, ha defendido el secretario general del PP, Teodoro García-Egea. Ciudadanos ha empleado la misma comparación. “Frente a las políticas de bloqueo de Sánchez e Iglesias, frente a esa España bloqueada a la que nos han condenado, en la Comunidad de Madrid va a haber un gobierno que se va a poner marcha en los próximos días”, ha dicho el líder autonómico de Ciudadanos y futuro vicepresidente, Ignacio Aguado.

La fórmula que ha permitido encajar las demandas de unos y otros y limar los reparos de Ciudadanos a dejar rastro de su negociación con la extrema derecha es la del acuerdo verbal sin necesidad de firmar ningún documento conjunto. Tras varios bandazos en su estrategia negociadora, Vox se quiere asegurar que el compromiso queda recogido en el diario de sesiones el día de la investidura, aunque Ciudadanos y PP ya han manifestado que integrarán sus exigencias en las políticas del Gobierno como un anexo oficioso al acuerdo de 155 medidas firmado por los de Casado y los de Rivera hace un mes.

Desde las elecciones hasta ahora ha pasado casi de todo: acuerdos firmados que han quedado en papel mojado, reuniones y cafés secretos, virguerías aritméticas para sacar adelante la Mesa de la Asamblea... Incluso un primer choque entre PP y Ciudadanos, los socios “preferentes”, después de que el Gobierno regional en funciones haya nombrado a altos cargos del PP en puestos clave sin consultar a los de Rivera. La última semana los tres partidos, cuyos líderes han entrado en el carrusel de las intervenciones en radios y televisiones los siete días de la semana, pactaron el silencio informativo para terminar de cerrar el acuerdo. 

Entre los compromisos que atan al futuro Gobierno de coalición –el primero en la historia de la Comunidad de Madrid– hay banderas ideológicas de la extrema derecha, como también ha ocurrido en Murcia o en Andalucía, como la “no injerencia de los poderes públicos” en la educación que quieren las familias, la revisión de las subvenciones “con el fin de garantizar que los fondos no van a entidades con carácter ideológico”, el empleo de fondos de Cooperación al Desarrollo prioritariamente para políticas madrileñas o medidas para revisar los centros donde se acoge a los menores migrantes no acompañados “bajo premisas de seguridad”.

El PP asume que el apoyo en la investidura será puntual y Vox no será un aliado durante la legislatura, como ha avanzado ya Rocío Monasterio al situarse en la “oposición”. Por eso, Isabel Díaz Ayuso –que aún no ha confirmado su fecha de investidura– le quita hierro a la denuncia de la izquierda madrileña (PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos) de que el Gobierno va a estar guiado por la brújula de las exigencias de la extrema derecha. “El documento de Vox incluye cuestiones asumibles por cualquier ciudadano. No creo que eso sea derechizar nada”, ha afirmado.

Para el PP controlar la Comunidad de Madrid era clave dentro de una estrategia mucho más amplia. La dirección nacional lleva meses insistiendo en que la “reconstrucción del centro derecha” que ha reivindicado Pablo Casado desde su triunfo en las primarias inspirado por las tesis de su mentor político, el expresidente del Gobierno José María Aznar, se debe hacer desde los gobiernos de las instituciones.

Por eso siempre ha considerado que la posibilidad de tener en sus manos plazas como el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, Castilla y León, la Región de Murcia o el consistorio de Zaragoza gracias a los acuerdos con los de Rivera y Abascal suponían “un primer paso” para lograr ese fin.

Andalucía, Murcia... y ahora Madrid 

El plan de unir a las tres derechas que el PP ahora ha conseguido materializar en todos esos territorios –no lo logró en Aragón, donde la suma de PSOE, Unidas Podemos, PAR y CHA dio este miércoles el Ejecutivo a los socialistas– se ensayó en diciembre con la formación de la Junta de Andalucía que, por primera vez en 36 años, no está gobernada por el PSOE. Como en la Comunidad de Madrid o Murcia, allí Juan Manuel Moreno Bonilla logró ser investido presidente gracias a un acuerdo de coalición con Ciudadanos apoyado por Vox, que puso sus propias condiciones y que desde entonces marca la política de la comunidad en materias como la igualdad o la inmigración.

Después de las elecciones del 26M, los populares lograron mantener por la mínima el Gobierno de la Junta de Castilla y León con un acuerdo con Ciudadanos que no requirió del apoyo de Vox.

La negociación fue más complicada en Murcia. Tras más de un mes de conversaciones, el pasado 4 de julio se produjo un primer intento fallido para investir al popular Fernando López Miras con el apoyo de la formación de Rivera y la de Abascal. La razón del fracaso fue el voto en contra de Vox, que no vio cumplidas sus exigencias por parte de PP y Ciudadanos y, sobre todo, por la falta de interlocución directa con estos últimos.

El ejemplo de ese primer intento en Murcia demostró que la tarea para unificar a las tres derechas no ha resultado un camino fácil para el PP. En la formación de prácticamente todos gobiernos locales y autonómicos los populares se encontraron con el enfrentamiento entre sus dos socios, Ciudadanos y Vox.

Los de Rivera acordaron en su Ejecutiva no firmar ningún pacto con la extrema derecha y situar como “socio prioritario” al PP para conformar gobiernos en coalición. Los números, en cambio, han requerido de la suma de Vox a esos pactos entre Casado y Rivera y la extrema derecha ha exigido una línea directa con Ciudadanos, que se materializó, en las reuniones mantenidas finalmente por ambas formaciones en la Comunidad de Madrid o en Murcia.

La situación en la región murciana se desbloqueó la pasada semana, a raíz de un acuerdo programático a tres que hizo a López Miras presidente en su segundo intento. Tras las reticencias iniciales, PP y Ciudadanos aceptaron las exigencias de Vox, como que la violencia de género pase a denominarse violencia “intrafamiliar”, evitar el “adoctrinamiento en las aulas” –en referencia a las charlas del colectivo LGTBI en materia de educación afectivo-sexual–, revisar la creación de centros para albergar a menores extranjeros o incorporar en la educación el conocimiento “de la aportación de España a la civilización como elemento clave de la Historia Universal”.

Una vez constatado el éxito también en la Comunidad de Madrid, el objetivo que se marca ahora el equipo de Casado es trabajar en los próximos meses para anular las opciones electorales de sus dos socios, que paradójicamente también son sus principales adversarios electorales, con los que ha librado una cruenta batalla por cada voto durante las campañas del 28A y el 26M. Tratará, para ello, de lograr protagonismo desde las instituciones que controla para situar a la de los populares como la “fuerza hegemónica” del espectro conservador y recuperar la Moncloa dentro de cuatro años.

La interlocución entre los partidos de izquierda también se ha anotado varios éxitos desde las elecciones autonómicas y municipales del 26 de mayo. PSOE, Unidas Podemos y otras fuerzas progresistas o nacionalistas se han unido en los últimos meses para conformar los ejecutivos autonómicos de la Comunidad Valenciana e Illes Balears. El miércoles la suma de PSOE, Unidas Podemos, PAR y CHA en un Gobierno de coalición, con el apoyo de Izquierda Unida, dio al socialista Javier Lambán la presidencia de Aragón.

Y está previsto que este viernes la alianza de PSN, Geroa Bai, Unidas Podemos e Izquierda-Ezkerra haga presidenta de Navarra a la también socialista María Chivite. En este caso también el acuerdo de coalición es entre los socialistas, la formación vasquista y el partido de Pablo Iglesias, mientras la formación Izquierda-Ezkerra apoyará al Ejecutivo desde fuera. La polémica y las críticas de la derecha a este pacto se han debido a la necesidad de Chivite de contar con la abstención de EH Bildu.

La izquierda solo se entiende en las comunidades 

Estos acuerdos de la izquierda en distintas comunidades autónomas contrastan con la profunda división que existe a nivel estatal entre PSOE y Unidas Podemos. Ambas fuerzas intentaron conformar un Gobierno de coalición que permitiera a Pedro Sánchez ser reelegido presidente, pero la falta de entendimiento abocó su primer intento al fracaso durante la sesión de investidura de la semana pasada. El cruce de reproches entre las direcciones de las dos formaciones, que se acusan mutuamente de haber dinamitado el pacto por sus respectivas exigencias, sigue dificultando un acercamiento y bloqueando la formación del Ejecutivo.

Este mismo jueves el aún presidente en funciones descartaba volver a intentar conformar un Gobierno de coalición con la formación de Iglesias. “Desgraciadamente, el Gobierno de coalición con Unidas Podemos no ha funcionado, pero hay más alternativas”, señalaba Sánchez, que está ahora centrado en lograr un “programa abierto” pactado con distintos colectivos sociales y que, según explicaba, después se lo planteará a “todos” los partidos, incluidos PP y Ciudadanos, a los que pide abstenerse para no bloquear su investidura.

El último choque de la izquierda ha tenido como escenario la ciudad de Madrid y el macroplan urbanístico conocido como la 'Operación Nuevo Norte' u 'Operación Chamartín'. La iniciativa, aprobada por unanimidad por todos los partidos representados en el Ayuntamiento de Madrid –Más Madrid, PP, PSOE, Ciudadanos y Vox– ha sido rechazada de plano por Unidas Podemos e IU. Ambas formaciones presentaron esta semana una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción contra 28 responsables de la operación entre los que incluyen al ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos.

Este movimiento causaba un profundo malestar en el Gobierno, que el miércoles mostraba su “absoluta perplejidad” por la denuncia de IU y Unidas Podemos. En una entrevista en la Ser, Ábalos se preguntaba este jueves si se trata de “una venganza” o “ajuste de cuentas” dentro de Unidas Podemos. “Nos implican a otros que no tenemos nada que ver”, ha lamentado. El ministro en funciones se ha mostrado disconforme ya que “ni la anterior alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ni la corporación actual están denunciados”.