La guerra desatada en el PSOE difumina el vía crucis del PP en los tribunales
Con apenas 72 horas de diferencia y unos metros de distancia, el Partido Popular se va a enfrentar a dos juicios que atacan la esencia misma de la formación en el gobierno. Este viernes, Rodrigo Rato, vicepresidente económico de Aznar y artífice del “milagro económico”, declarará como imputado en el juicio de las tarjetas black, con la amenaza de una petición de condena de más de 4 años de cárcel.
En la sala contigua de la Audiencia Nacional está previsto que comience el martes la vista del caso Gürtel, el mayor proceso por corrupción de la historia del PP. La guerra fratricida desatada en el PSOE promete convertir el vía crucis judicial de su principal adversario en un asunto secundario de la actualidad política.
Los autos de apertura de juicio oral del caso Gürtel (junio de 2015) y tarjetas black (febrero de 2016) supusieron el pistoletazo de salida para las especulaciones sobre cuándo se celebrarían las respectivas vistas y si la foto de los acusados en el banquillo golpearía al PP en pleno calendario electoral. Las maniobras dilatorias de algunos acusados en la pieza de la 'Primera Época' del caso Gürtel han florecido en las últimas horas, con la recusación del juez José Ricardo de Prada. En contra de lo que se sospechaba, cualquier dilación que pudieran conseguir perjudicaría al PP, vuelto el foco como está hoy hacia lo que ocurre en la calle Ferraz.
A partir de las 11.00 horas de este viernes, la presidenta del tribunal de las tarjetas black, Ángela Murillo, pronunciará el nombre de Miguel Blesa para que abandone su silla de la segunda fila de acusados, junto a Rato, y ocupe la destinada a las declaraciones. El tribunal tiene previsto alargar la sesión a horario de tarde por lo que parece previsible que el exvicepresidente del Gobierno declare durante la jornada.
La Fiscalía, las acusaciones particulares y la acción popular intentarán cercar a los dos principales acusados sobre las tarjetas de débito que repartieron a miembros del Consejo de Administración y directivos como un complemento sin declarar.
La acusación popular, que ejerce Andrés Herzog en nombre de la Confederación Intersindical de Crédito (CIC), defiende que se trataba de una forma de comprar voluntades a los representantes del poder político, empresarial y sindical que ocupaban el Consejo de Administración y los puestos directivos de Caja Madrid. De esa práctica responsabilizan a los dos hombres que el PP eligió para ocupar la presidencia de Caja Madrid y Bankia, rescatada esta última con 23.500 millones de euros de dinero público.
Mientras Rato y Blesa responden a las preguntas de las partes sobre sus gastos en restaurantes y tiendas de lujo con la tarjeta black, las facciones del PSOE afilarán los cuchillos para el comité federal que se celebrará al día siguiente.
El martes, Rato y Blesa se cruzarán en el hall de la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares (Madrid) con Luis Bárcenas y el resto de la veintena de antiguos cargos del PP que se sentarán en el banquillo del juicio de Gürtel. Eso ocurrirá siempre que el magistrado instructor Javier Martínez Lázaro rechace de plano la recusación planteada por algunas defensas contra el miembro del tribunal José Ricardo de Prada.
En este caso, la foto retratará al extesorero del PP Luis Bárcenas, con una petición de la Fiscalía de 42 años de cárcel, junto al presunto cabecilla de la trama, Francisco Correa (110 años), y los exalcaldes de Pozuelo Jesús Sepúlveda (15 años); de Majadahonda Guillermo Ortega (42 años); y a uno de los antiguos hombres fuertes de Esperanza Aguirre Alberto López Viejo (45 años), entre los 41 acusados.
El PP como beneficiario de la corrupción
Un responsable del Partido Popular y otro de la exministra de Sanidad Ana Mato deberán ocupar un sitio, detrás de los acusados, destinado a los presuntos responsables civiles, aquellos que habrían disfrutado del dinero procedente de los delitos de corrupción cometidos presuntamente por los acusados. Durante el juicio aflorará la financiación irregular del PP porque la Fiscalía recuerda en su escrito de acusación que los 299.000 euros que Bárcenas sustrajo presuntamente al partido procedían de una caja B nutrida de donaciones irregulares por empresarios adjudicatarios de la Administración.
La batalla que se ha abierto en el PSOE a un mes de que se disuelvan las Cortes frustra también la posibilidad de un Gobierno alternativo a Mariano Rajoy. Con el partido roto por la mitad, Pedro Sánchez no pierde solo a la mayoría de su Ejecutiva. También se ha quedado sin el control de buena parte del grupo parlamentario. Si, partiendo de los 85 diputados que el PSOE logró el 26J, las cuentas para formar Gobierno estaban justas, ahora parece misión imposible.
