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El caso del móvil robado devuelve a Podemos al centro de la diana de la policía política al servicio del PP

La Audiencia Nacional apunta a una operación de Interior tras hallar una copia del terminal de una colaboradora de Iglesias en el archivo del comisario Villarejo

Dina Bousselham denunció el robo del móvil en noviembre de 2015, al regresar con Iglesias de Estrasburgo y en pleno auge de la formación morada

En las mismas fechas de la sustracción fue redactado el informe PISA sobre la falsa financiación de Podemos con el que el PP sigue atacando a su rival

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El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias

La aparición de una copia del teléfono móvil de una colaboradora de Pablo Iglesias entre el archivo incautado al comisario Villarejo escribe un nuevo episodio de la actuación de la policía política que albergó el Ministerio del Interior entre 2012 y 2016, durante la primera legislatura de Mariano Rajoy, según sospechan los investigadores.

Podemos se reveló como uno de los objetivos de esa policía política por primera vez en enero de 2016, cuando varios medios publicaron el contenido del informe PISA, un documento policial con falsedades sobre la supuesta financiación irregular del partido de Iglesias. Desde entonces, la formación busca en los tribunales el origen y autoría concreta de ese informe. En las últimas horas ha conocido que aquella no fue la única maniobra para perjudicar a Podemos desde el Ministerio del Interior de la época.

En mayo de 2014, un terremoto sacudió la política española. Podemos, la formación que se presentaba como heredera directa del descontento del 15M, obtenía cinco diputados en las elecciones al Parlamento europeo. Lo hacía contra pronósticos y encuestas. Su líder, Pablo Iglesias, volaba a Estrasburgo y compaginaba la tarea de europarlamentario con la dirección de un partido que no paraba de crecer en la España que clamaba contra los recortes del Gobierno del PP. 

En octubre de 2015, Iglesias renunció a su acta de europarlamentario para dedicarse por completo al partido en Madrid. En los 16 meses que había ejercido de europarlamentario tuvo como asistente a Dina Bousselham, sombra del líder de Podemos durante el periplo en Estrasburgo. Ella, como el resto de equipo, regresó con Iglesias a Madrid.

Al poco de volver a España, un día de noviembre de 2015, Bousselham fue a hacer compras a un centro comercial de Ikea en la localidad madrileña de Alcorcón. Allí le sustrajeron su teléfono móvil. El volcado de ese teléfono ha aparecido entre la documentación incautada al comisario Villarejo dos años después, en noviembre de 2017. El comisario guardaba un total de 40 terabytes cuyo contenido revoluciona la vida política española según va siendo desvelado.

Entre todos esos archivos hay muchos que no serán objeto de investigación judicial por estar prescritos los delitos que se desprenden de ellos o porque se trata de información personal que al comisario le gustaba acumular sobre terceros, ya fuera para incorporar a los dosieres que vendía o directamente como chantaje. No es el caso del teléfono móvil de Bousselham. El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha decidido abrir una pieza separada de inmediato y ofrecer la personación como perjudicados a Iglesias y Bousselham. El caso Villarejo ya tiene su pieza número 10. Una investigación declarada secreta.

En el teléfono móvil de Bousselham hay una ingente cantidad de información, personal y política, señalan fuentes de la investigación. Este dato, y que Pablo Iglesias haya sido llamado junto a la propietaria del teléfono, confluyen en la tesis de que el robo del terminal es parte de una operación parapolicial con el fin de perjudicar al líder de Podemos. Tres meses después del robo, Podemos obtenía más de cinco millones de votos en las elecciones generales e irrumpía en el Congreso como tercera fuerza política con 69 escaños.

Eso ocurrió en diciembre de 2015. El 22 de enero de 2016, a 24 horas de que se constituyeran las Cortes, dos diarios digitales madrileños publicaban sendas informaciones sobre el contenido del informe PISA. Los contactos entre PSOE y la formación morada eran incipientes entonces. El Partido Popular, con el control del Ministerio del Interior desde enero de 2012, se arriesgaba a perder el Gobierno de la nación.

Informe PISA, primer ataque conocido

El informe PISA (Pablo Iglesias Sociedad Ánonima) había sido remitido desde la Dirección Adjunta Operativa -la estructura que escondía la brigada política y a la que estaba adscrito Villarejo- a la Comisaría General de Policía Judicial el 9 de noviembre de 2015. Interior seguía sin remitir el documento a la Fiscalía o a un juzgado cuando Manos Limpias se hizo con él y lo incorporó a una querella contra Pablo Iglesias ante el Tribunal Supremo, que despreció su contenido.

Para ganar tiempo, la Policía de Fernández Díaz remitió el documento al Tribunal de Cuentas en un hecho inédito. Su rastro desapareció allí, pero sirvió para que el propio Gobierno exigiera a Podemos explicaciones sobre una falsa financiación por Irán, mantra que a día de hoy siguen repitiendo los responsables del Partido Popular.

Con el informe PISA, el Ministerio del Interior reeditaba las maniobras de la Operación Catalunya: informes policiales sin firma ni sello, elaborados en ausencia de cualquier control judicial, que atacan a la oposición democrática y que culminan su periplo en medios de comunicación afines al Partido Popular y su Gobierno.

Okdiario.com, el primero en publicar sobre el informe PISA, difundió en julio de 2016 el contenido de un chat interno de Podemos en el que Iglesias hacía comentarios de tipo sexual sobre la presentarora de televisión Mariló Montero. Pantallazos de aquel chat eran conservados por Bousselham en el terminal que le había sido robado el mes de noviembre anterior, explican las citadas fuentes.

La actuación de la brigada política de Interior contra los rivales políticos del PP ofreció una nueva versión con el descubrimiento de la Operación Kitchen. En este caso, el objetivo no fue otro partido político sino un antiguo responsable del propio PP, Luis Bárcenas. Pero el objetivo final era el mismo, beneficiar a la formación de Rajoy retirando de la circulación documentación perjudicial para el partido en el Gobierno.

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