Un documento interno del PSOE apuesta por castigar por la vía penal a los clientes de prostitución
Un documento interno del PSOE propone castigar por la vía penal a los clientes de prostitución. Es la primera vez que los socialistas ponen negro sobre blanco esa intención, que genera debate dentro de la organización, y lo hacen justo cuando el Gobierno está a punto de aprobar la ley contra la trata de seres humanos, en particular con fines de explotación sexual. Su inicio legislativo arranca en el Consejo de Ministras de este viernes.
El Consejo Asesor del partido en materia de Igualdad apuesta por que el consumo de prostitución sea incluido en los tipos delictivos que recoge el Código Penal. Así lo determinó en su reunión del pasado 13 de noviembre, que fue dirigida por la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, quien tiene asumida la cartera de Igualdad del Gobierno de Pedro Sánchez.
El organismo que se encarga de asesorar en materias de igualdad a la dirección del PSOE se declara, como el partido y el Ejecutivo, “abolicionista” y apuesta, entre otras medidas contra la prostitución, por una “ley integral contra la trata de seres humanos, en particular con fines de explotación sexual, que prevea y sancione la trata y la compra de sexo, para proteger adecuadamente a las mujeres víctimas, sancionando penalmente la demanda de sexo de pago”.
Fuentes socialistas explican que la idea del Consejo Asesor es que los clientes de la prostitución incurran en un ilícito penal castigado con una multa. Los hombres que sean sorprendidos con prostitutas pasarán a tener antecedentes penales si la reforma se concreta. En el caso de que las prostitutas sean menores, los hombres se enfrentarán a penas que conlleven cárcel, según las fuentes consultadas.
“La trata de mujeres y niñas existe porque existe la prostitución. Esta no es un trabajo y supone una violación de los derechos humanos y una forma de violencia de género”, denuncia el documento del Consejo Asesor, que recoge el contenido de la reunión del pasado 13 de noviembre. “La conexión entre la trata con fines de explotación sexual y la prostitución no se puede ignorar, como tampoco desconocemos que la prostitución no es el resultado de una decisión libre como falsamente se quiere hacer creer”, apostilla el texto, que basa en esos argumentos la necesidad de impulsar una ley que penalice también la demanda de sexo de pago.
La inclusión del consumo de prostitución en el Código Penal fue un debate en el seno de la dirección socialista en el año 2015 de cara a la elaboración del programa electoral, pero los de Sánchez se decantaron en ese momento por limitar su promesa a “sancionar la demanda y la compra”. Se refería a multas de carácter administrativo como las que se han puesto en marcha en algunas ciudades, como en Barcelona, Valencia o Sevilla.
Ni antes ni después de las elecciones los socialistas habían apostado, como su Consejo Asesor, por la vía penal. En el último congreso, el PSOE promete dar “los pasos necesarios para la aprobación de una normativa que regule el abolicionismo centrando la responsabilidad en los empresarios, usuarios o consumidores de prostitución”, sin mayor especificación.
Tras la reunión del Consejo Asesor, Carmen Calvo reiteró el compromiso del Gobierno con la aprobación de una ley contra la trata de seres humanos: “El PSOE ha estado mucho tiempo trabajando en una ley contra la trata de seres humanos –expresó en un vídeo difundido por el partido–. Haremos una propuesta legislativa para que nuestro país proponga con coherencia democrática parar una de las tragedias que afectan a todo el planeta”.
No obstante, Calvo no se pronunció sobre las medidas que incluirá esa ley, cuya andadura comienza este viernes –coincidiendo con el 25N– con un informe en el Consejo de Ministras a partir del cual los ministerios realizarán aportaciones y, posteriormente, se redactará el Anteproyecto.
Fuentes de Vicepresidencia rebajan las expectativas del Consejo Asesor al asegurar que se trata de “un documento de trabajo” y que no son sus “conclusiones”. “Si hubiera algo decidido, se hubiera hecho público”, apuntan.
El Gobierno se queda en “desincentivar” la demanda
El departamento de Calvo deja en el aire que la ley contra la trata recoja esa recomendación –“vamos a ver cómo evoluciona”, señalan–, pero apuntan que el “espíritu” de la norma se circunscribirá a lo que establece el Pacto de Estado contra la violencia de género. “Recogemos la voluntad del Pacto de Estado, que es desincentivar el consumo”, señalan las fuentes oficiales, que sostienen que la intención del Ejecutivo es seguir las directrices que lograron el “consenso” mayoritario (Unidos Podemos se abstuvo).
“Se está empezando con el espíritu de desincentivar la demanda y se puede desincentivar de muchas maneras. Veremos cuáles”, dicen desde Vicepresidencia. Sin embargo, el Pacto de Estado se limita a apostar por “desincentivar la demanda de prostitución mediante campañas de concienciación y talleres de sensibilización dirigidos a los jóvenes”. El texto se aleja, por tanto, de los castigos penales e incluso de las sanciones por las que apostaban los socialistas en la campaña.
“La referencia comparativa es la ley francesa; cualquier cosa que esté por debajo será muy frustrante”, señala una dirigente feminista del PSOE. El Consejo Asesor apuesta precisamente por seguir la penalización que ya impuso Francia o anteriormente Suecia. “Es lo que hace la diferencia”, señala otra histórica feminista del partido.
Fuentes parlamentarias socialistas apuntan a que el Consejo es un órgano ajeno a la dirección del PSOE que se encarga de labores de “asesoramiento” que no tienen por qué seguir al pie de la letra. Además, señalan que sus recomendaciones podrían ser incluidas a través de enmiendas en la tramitación de la ley “si el debate va más allá”.
