Lo bueno de hacer un mitin en la Fiscalía es que no tienes que llevar público
Hay gente que piensa que las campañas electorales se hacen en los mítines y los platós de televisión. Qué inocentes. Albert Rivera tenía este miércoles un acto de campaña muy importante en la sede de la Fiscalía General del Estado para presentar una demanda contra los “insultos e intentos de agresión” sufridos en el mitin de Errenteria del domingo.
Durante los incidentes, el presidente de Ciudadanos se mostró sonriente ante el hostil recibimiento y desdeñó el ruido de la cacelorada que salía de los balcones: “Podéis seguir con las cacerolas, que vengo de Cataluña y estoy acostumbrado. Dan ambiente. Un poquito más fuerte, que no se oye”. Maite Pagazaurtundua tampoco se mostró muy preocupada: “Lo de la UAB (el boicot a un acto en Barcelona al que asistieron políticos del PP y Ciudadanos) fue peor. Esto está siendo un paseo”.
Rivera y Pagazaurtundua se presentaron en la Fiscalía no con cara de haberse dado un paseo por tierras guipuzcoanas, sino con un gesto serio, casi tétrico. “No puede haber impunidad para los malvados ni para los que revientan actos democráticos”, dijo. Las pruebas aportadas eran artículos periodísticos y mensajes de redes sociales.
No es necesario que el fiscal se ponga a trabajar mañana mismo en el tema. Lo que importa con las denuncias es presentarlas, sobre todo en periodo electoral. Si la demanda no prospera, es incluso mejor. En ese caso, se puede prometer una imprescindible reforma del Código Penal para que sea delito eso que he considerado una agresión intolerable. Ventajas de tener grupo parlamentario en el Congreso.
En Barcelona, la Fiscalía ya está investigando los sucesos de la UAB de la pasada semana, que el fiscal califica de “reprobable” protesta. Lo es, porque se supone que la universidad debe ser un lugar en que se puedan escuchar puntos de vista diferentes a los de la mayoría (la mayoría de los partidos políticos o la mayoría de los alumnos). Que también sea reprobable desde el punto de vista penal es ya otro asunto muy diferente, como también que se pueda encontrar al auténtico responsable de los hechos.
En tiempos hiperbólicos de campaña y con los partidos tan necesitados de atención pública, los matices se pierden y sólo queda tronar en voz alta contra los disidentes. Y a la hora de gritar hasta llegar al gallo, nadie como Pablo Casado: “Querían acallar nuestra voz, pero no lo consiguieron porque la libertad es el bien más preciado que han dado los dioses a los hombres. Y por esa libertad más vale perder la vida”, dijo en Tarragona.
¿Los dioses? ¿Casado politeísta? ¿Nos la concedieron los dioses en el principio de los tiempos, pero el invento no terminó de funcionar hasta la Revolución francesa, pero tardó en asentarse porque los dioses entregaron un material poco trabajado?
Resulta una pérdida de tiempo encontrar lógica en algunos argumentos de campaña. Algunos partidos logran confundir hasta a sus votantes. Junts per Catalunya –el partido de Carles Puigdemont cuyo cabeza de lista por Barcelona es Jordi Sànchez– pide en su programa electoral el indulto para los responsables políticos del procés que están siendo juzgados en el Tribunal Supremo. Pues ya no.
La gente piensa que los partidos están llenos de licenciados en Derecho que saben que solicitar un indulto supone reconocer que el condenado es culpable. Esa es una presunción excesiva. La explicación que ha dado Laura Borràs, número dos por Barcelona: “El programa electoral se ha hecho con prisas”. Alguien se puso a escribir a lo loco y, como en las redacciones, nadie se molestó en revisarlo.
Cuestión de prioridades
Como es habitual en una campaña, los partidos y los medios de comunicación han organizado con muchas prisas los debates televisados con los que se han llenado minutos y páginas, tantas que algunos ni se habían leído las normas impuestas por la Junta Electoral Central en 2015.
No es que los votantes desprecien los debates, que apasionan a políticos y periodistas, pero en el mundo real la gente está más angustiada por otros asuntos. Por ejemplo, por lo que contaba el miércoles Diana Fresno en Vozpópuli: “El mercado de las viviendas protegidas o de protección oficial (VPO) está estancado en nuestro país. El año pasado se calificaron de manera definitiva un total de 5.167 viviendas protegidas: un 92% menos que en 2008, según datos del Ministerio de Fomento”.
Ese no es el único factor relevante en la crisis del mercado de la vivienda que se ha producido en varias zonas de España, pero es obvio que es relevante. El descenso de la financiación pública confirma que los gobiernos han decidido reducir al mínimo ese molesto gasto que sólo puede beneficiar a gente con pocos ingresos. Gente egoísta, sin duda, que se preocupa más por encontrar una casa decente en la que vivir y que pueda pagar que por los debates a cuatro, a cinco o a lo que toque ese día.
A efectos puramente subversivos, recordemos lo que dice el artículo 47 de la Constitución:
“Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos”.
El artículo se encuentra en el Título I, el que explicita sin ninguna intención irónica los “derechos y deberes fundamentales” de los españoles. No pierdan el tiempo en ir a la Fiscalía para reclamar que ese derecho constitucional se haga efectivo. No serviría de nada y además están ocupados en revisar los tuits que les ha pasado Albert Rivera. Estamos en campaña. No se olviden de las prioridades.
