El fiscal general se reivindica como garante de “autonomía” en la carrera después de ser confirmado en el puesto

El recién confirmado como fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se ha reivindicado este jueves como “la primera garantía de autonomía y de respeto al trabajo realizado antes, ahora y siempre” por el Ministerio Público. García Ortiz se ha expresado en estos términos en unas jornadas de fiscales de Civil que se están celebrando en Córdoba y en las que participan fiscales de toda España. Sus palabras tienen lugar sólo horas después de que trascendiera que el nuevo Gobierno de coalición garantiza su continuidad en el puesto en la nueva legislatura. Y se producen también en un momento delicado para García Ortiz por la decisión del Tribunal Supremo de anular el ascenso de su predecesora y las críticas de parte de la carrera, que cuestionan que no se haya pronunciado sobre la ley de amnistía y las menciones al ‘lawfare’. 

Es en este contexto en el que el fiscal general ha querido hacer un “pequeño comentario” al “margen” de los asuntos tratados en las citadas jornadas. “Quiero dejaros claro y quiero dejar muy claro a todos vosotros, a todos los fiscales, que siempre tendréis al fiscal general del Estado al frente y en defensa de la carrera”, ha aseverado. Y, a continuación, se ha definido como “la primera garantía de autonomía y de respeto al trabajo realizado antes, ahora y siempre”. Un “respaldo” que, a su juicio, tiene que servir de “instrumento” para que los fiscales estén “tranquilos” en “todos sus ámbitos de actuación”. 

En pronunciamientos previos, García Ortiz ha defendido que su “posición pública” debe reforzar la “imparcialidad” de la institución que representa y su actuación debe estar marcada por los principios de “objetividad e independencia”. Así consta en una carta remitida a los fiscales Fidel Cadena, Jaime Moreno, Consuelo Madrigal y Javier Zaragoza —que ejercieron la acusación en el juicio del procés— y que le pidieron una “respuesta inmediata” ante las alusiones al ‘lawfare’ o judicialización de la política del pacto entre los socialistas y el partido de Carles Puigdemont. 

En esa misiva, García Ortiz señalaba que cualquier posicionamiento del Ministerio Público respecto de la ley de amnistía “exige conocer la definitiva norma que la regule” una vez que se haya publicado en el Boletín Oficial del Estado. Y recordaba que ese posicionamiento, que en todo caso debe ser “técnico jurídico”, “se realizará a través de los cauces estatutarios y en los procedimientos en los que se demanda la intervención de la Fiscalía”. 

La respuesta de García Ortiz motivó otra carta de 18 fiscales de la Sección Penal del Tribunal Supremo en la que le afearon que no hubiera salido en defensa de los fiscales del procés. Los fiscales, compañeros de los que impulsaron la acusación de rebelión en el procés, expresaban su “decepción” y le acusaban de “ignorar deliberadamente” dar una respuesta a la “gravísima situación” que, afirmaban, atraviesa la Fiscalía con “injustificados ataques” a quienes han participado en procesos judiciales en torno al independentismo catalán.

La Asociación de Fiscales, conservadora y mayoritaria en la carrera, también se ha sumado a las críticas y ha llegado incluso a pedir su dimisión. Le han afeado una actitud que consideran de “pasividad” en la defensa del Estado de derecho, la separación de poderes y la independencia del Ministerio Fiscal en relación con la amnistía del procés.