La Fiscalía recuerda que el fiscal general debe ir por ley a la apertura del año judicial

Madrid, 4 sep (EFE).- La Fiscalía General del Estado ha señalado que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, está obligado por ley a asistir a la apertura del año judicial, después de que los vocales conservadores del Poder Judicial y varias organizaciones de jueces y fiscales hayan pedido que no acuda por estar procesado.

“La asistencia del fiscal general del Estado no está en cuestión”, han indicado a EFE fuentes de la Fiscalía General del Estado, que recuerdan que es obligación del fiscal asistir porque así lo marca la ley y que, por tanto, no puede elegir si acudir o no al acto que se celebrará este viernes en el Tribunal Supremo.

Subrayan estas fuentes que dado que Álvaro García Ortiz sigue siendo fiscal general del Estado “debe cumplir con las obligaciones y responsabilidades del cargo” y el artículo 181 de la ley orgánica del Poder Judicial señala que debe presentar la memoria de la Fiscalía General del Estado en el Acto de Apertura del Año Judicial.

Y apuntan a que los jueces y los fiscales “conocen perfectamente” las obligaciones institucionales y regladas que conlleva el cargo de fiscal general del Estado y que este está cumpliendo la ley y “no pueden pedirle que la incumpla o protestar porque la cumple”.

La Fiscalía General del Estado ha hecho esta aseveración tras el comunicado conjunto la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y la Asociación de Fiscales (AF), al que ha sumado la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) que pedía que Ortiz se abstenga de asistir al acto “por respeto al rey”, que lo presidirá, y a las instituciones.

Estas organizaciones consideran “un acto de desprecio a los principios básicos del Estado de derecho y al propio jefe del Estado” sentar junto al rey y ante el Poder Judicial a García Ortiz, procesado en el Tribunal Supremo por revelar supuestamente datos del caso de presunto fraude fiscal seguido contra Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Tras estas organizaciones se han pronunciado en los mismos términos los diez vocales conservadores del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que en un escrito a la presidenta de este órgano, Isabel Perelló, han pedido que le traslade al fiscal general la “inconveniencia” de que intervenga en este acto.