Lo público y lo privado en Aragón entre sotanas y capirotes

Que el Gobierno de Aragón se encuentre en una etapa de interinidad no impide que se sigan tomando decisiones políticas, en línea con la agenda que tiene marcada el PP en la comunidad. Así lo muestra por ejemplo la deriva sanitaria de las últimas semanas.

El Ejecutivo de Jorge Azcón se ha escudado en la supuesta falta de médicos para externalizar servicios en los hospitales de Teruel y Alcañiz, con contratos que van a derivar más de un millón de euros de dinero público a empresas como Ribera Salud y Quirónsalud, que arrastran un historial polémico en otras comunidades autónomas. La oposición ha denunciado la “privatización progresiva” del sistema en Aragón.

Lo peor es que esto sucede mientras lo público languidece. Estos días te hemos contado por ejemplo los problemas que existen en Barbastro, donde hay que esperar hasta diez horas para que te atiendan en Urgencias. También la situación en la que se encuentra un servicio que debería ser básico, la atención psicológica o psiquiátrica a las madres que acaban de dar a luz, y que no tiene una unidad como tal en Aragón para atender las depresiones postparto.

A riesgo de ser tachado de demagogo, lo que sin duda marcha como un tiro son las inversiones con dinero público para grandes infraestructuras deportivas cuyo retorno es dudoso. Como el nuevo estadio de La Romareda, para beneficio de una sociedad anónima con socios privados, o el Alcoraz: 25 millones de euros destinados a adquirir un estadio sin mucha justificación. O Motorland, una sangría económica año tras año que puede dejar encima de contar con su principal reclamo, la MotoGP.

Como contraste, el trato al sector primario. Que se lo cuenten a los ganaderos del Pirineo obligados a sacrificar cientos de vacas por la dermatosis nodular y que se han topado con el desprecio de una directora general más preocupada por tapar sus carencias que de resolver problemas. En efecto, el episodio de la "chapuza" con las ayudas lanzadas por Agricultura –un mal 'copia y pega' de la Generalitat– debería haber supuesto responsabilidades políticas. Pero al parecer estamos a otras cosas.

'Conllevar' la Semana Santa

A quienes no nos atrae la Semana Santa –entiendo que también merecemos un respeto– acaba por sucedernos algo así como lo que Ortega y Gasset decía sobre el problema catalán: no se puede resolver, pero al menos sí se puede conllevar. Es decir, admitimos con resignación nuestra posición y tratamos de cargar con esta penitencia de la mejor manera posible. 

Pero todo tiene sus límites. Y más de 15 horas de procesiones, misas, prendimientos y oraciones en el huerto en la cadena pública autonómica en apenas dos días quizás sea demasiado. Eso sin mencionar el colapso que sufre la cuarta ciudad de España durante estas fechas por los cortes de tráfico.

Hay que medir bien el enfado y las fuerzas: acabar convertido en un 'grinch' no forma parte del plan. Pero también conviene ir soltando el lastre de los agravios, al menos para que consten en acta: no, cerrar un edificio histórico que albergaba una escuela de personas adultas en Zaragoza para convertirlo en un museo de la Semana Santa –¿“demandado” por qué vecinos, alcaldesa? –no debería ser de recibo.

Que la religión católica da forma a muchas de nuestras tradiciones es algo que debemos asumir. Pero las instituciones públicas y quienes las representan deberían al menos guardar las formas. Porque si no surgen polémicas absurdas como la vivida en el último pleno de Zaragoza, cuando Natalia Chueca acusó a la portavoz de Zaragoza en Común, Elena Tomás, de un supuesto "delito de odio". Como escribe Ana Benavente, “que cada uno tenga a su dios donde considere, pero que no olvide que es el suyo, no el de todos”.