Una apuesta de alto riesgo: la inversión con dinero público en Aragón en fútbol y motor se topa con el fracaso deportivo

Aragón se enfrenta a un escenario donde la gestión de grandes infraestructuras y el estancamiento deportivo amenazan con colisionar de forma estrepitosa. En una apuesta de riesgo extremo, las instituciones aragonesas han comprometido cerca de 175 millones de euros de dinero público en la construcción de la Nueva Romareda y el rescate patrimonial de El Alcoraz, justo cuando el Real Zaragoza y la SD Huesca se arriesgan a perder la categoría y caer al fútbol semiamateur de la Primera RFEF. Esta sangría económica se extiende al asfalto de Alcañiz, donde el circuito de MotorLand se enfrenta a la fragilidad de un contrato de MotoGP que podría desvanecerse, dejando tras de sí importantes infraestructuras, presupuestos exhaustos que ya alcanzan una inversión acumulada de 260 millones de euros, y un modelo de élite que parece haber olvidado por completo la realidad del deporte base en el territorio.

En Zaragoza, el horizonte urbanístico se transforma hoy bajo el peso de las grúas, pero lo que debería ser un símbolo de progreso amenaza con convertirse, según la oposición, en un monumento a la imprudencia financiera. La construcción de la Nueva Romareda se ha proyectado sobre un cimiento de cristal: la supuesta solvencia de un club que sigue vagando por la Segunda División, alejado de los ingresos astronómicos que solo garantiza la máxima categoría del fútbol profesional.

Mientras el hormigón se asienta, las arcas públicas se vacían en una apuesta donde el ciudadano asume el riesgo y el beneficio deportivo es, por ahora, una simple promesa de futuro. Esta sangría económica resulta especialmente hiriente cuando se observa que la inversión pública total comprometida —unos 175 millones de euros ya entre Ayuntamiento y Gobierno de Aragón— triplica el presupuesto anual de toda la Dirección General de Deporte, dejando al resto de disciplinas en una situación de precariedad institucional.

El despliegue de recursos es relevante. La operación principal del nuevo estadio se ha adjudicado por 124,5 millones de euros para el derribo y edificación (consiguiendo una pequeña rebaja sobre la licitación inicial de 138 millones), pero el coste total del proyecto, sumando tecnología, terrenos de juego y urbanización, escalará por encima de los 170 millones.

A esta cifra hay que añadir el peaje de la provisionalidad: el estadio modular del Parking Norte, una “solución temporal” que le costará a la sociedad mixta 12,7 millones de euros. Este gasto se desglosa en una factura que parece una broma pesada para cualquier otra federación deportiva: 5,6 millones solo por el montaje, 3,5 millones en concepto de alquiler y mantenimiento durante dos años, y casi un millón de euros adicional simplemente para hacerlo desaparecer una vez cumpla su función.

El sobrecoste de la Nueva Romareda ha experimentado variaciones importantes respecto a los primeros anuncios, debido principalmente a la inflación de materiales y a la inclusión de proyectos adicionales como el estadio temporal. Algunos informes externos y de la oposición sitúan el coste final real por encima de los 240 millones de euros si se computan los intereses financieros de los préstamos a 75 años y los gastos operativos a largo plazo.

El Alcoraz

En Aragón, el apoyo a las infraestructuras deportivas ha dado mucho que hablar últimamente, sobre todo por el cambio de modelo, al pasar de simples subvenciones a convertir en socio al Gobierno de Aragón o, incluso, propietario de los estadios. Es el caso de la compra de El Alcoraz de Huesca por 24,4 millones de euros, pagado en 5 anualidades (un 20% cada año). El objetivo, permitir que la SD Huesca cumpla con el control económico de La Liga y compensar pérdidas (que rondaban los 15 millones). El estadio pasa a ser de titularidad pública, aunque el club lo sigue gestionando mediante una licencia o concesión hasta que se licite formalmente.

La Nueva Romareda (Real Zaragoza) es un modelo de sociedad mixta. Aquí no hay una “compra”, sino una sociedad limitada (La Nueva Romareda SL) donde tres socios ponen dinero para construir el nuevo estadio. En Huesca, el dinero va “al club” a cambio de la instalación deportiva; en Zaragoza, el dinero público va “a una caja común” para construir una obra nueva desde cero.

El despliegue de recursos evidencia una desigualdad en el reparto de las cuentas autonómicas. Solo la aportación de 76 millones de euros comprometida por el Gobierno de Aragón para el nuevo estadio de la capital, sumada a los 24,4 millones destinados a la adquisición de El Alcoraz en Huesca, supone un desembolso que bloquea cualquier otra mejora estructural en la región.

Mientras estos cheques millonarios se firman con presteza, la partida de la Dirección General de Deporte destinada a la red de instalaciones y polideportivos de las tres provincias apenas cuenta con fondos testimoniales para pequeñas reformas. Es decir, el Ejecutivo autonómico gasta en un solo estadio modular temporal —el portátil del Parking Norte, que cuesta 12,7 millones de euros entre montaje, alquiler y desmontaje— lo mismo que dedica a fomentar el deporte base, escolar y federado de miles de aragoneses durante varios años de legislatura.

No obstante, la distorsión de prioridades se revela también territorialmente. En Teruel, el Estadio de Pinilla, con más de noventa años de historia, ha tenido que esperar décadas para una reforma integral de 16 millones de euros que, aunque financiada mayoritariamente por el Gobierno de Aragón (80% el Gobierno de Aragón y 20%, Ayuntamiento de Teruel), se ha concedido a cuentagotas y tras años de reivindicaciones. Mientras se debate cada euro para que los clubes turolenses dispongan de vestuarios dignos o iluminación adecuada, en Zaragoza se asume con naturalidad un gasto de casi un millón de euros solo por “hacer desaparecer” el estadio provisional cuando ya no sea necesario.

Esta política de “ladrillo y fútbol” configura un modelo donde el fútbol profesional es el único comensal en una mesa de escasez, absorbiendo el capital necesario para que el atletismo, la natación o el baloncesto base dispongan de espacios dignos. Este deporte deja tras de sí un “rastro de promesas incumplidas” en el Plan de Instalaciones Deportivas de la comunidad, que debería haber llegado a todos los municipios y no solo a los dos grandes clubes, según han denunciado varios grupos de la oposición parlamentaria como CHA, Podemos, PSOE y Teruel Existe.

Motorland en ascuas

Aunque el fútbol es el astro, en Aragón hay más proyectos que son un sumidero de ayudas pero sin garantías de resultados deportivos.

El complejo de la Ciudad del Motor de Alcañiz (Teruel) y sede del Gran Premio de Motociclismo de Aragón de los mundiales de MotoGP, Moto2 y Moto3, es un caso distinto porque es una sociedad pública casi en su totalidad (Gobierno de Aragón y Diputación de Teruel), con inyecciones recurrentes que ya suman 260 millones de euros: El Gobierno de Aragón suele inyectar entre 6 y 9 millones de euros anuales para equilibrar las pérdidas operativas y pagar el canon de MotoGP. Es un dinero que “desaparece” cada 31 de diciembre sin generar patrimonio nuevo.

Entre las ayudas específicas de 2025-2026, se han destinado 1,3 millones del FITE (Fondo de Inversiones de Teruel) para mejoras en el circuito y formación.

MotorLand depende totalmente de que Dorna (dueña de MotoGP) quiera seguir viniendo a Alcañiz. Sin el Mundial, el circuito es una instalación inmensa con un retorno social mínimo para la zona.

El Gobierno de Aragón reclama al Gobierno de España que aporte 2 millones de euros anuales para MotorLand, igual que hace con Montmeló. Si esa ayuda no llega y los costes de La Romareda siguen subiendo, el GP de Motociclismo podría dejar de estar “asegurado” a partir de 2027 simplemente porque no habría financiación suficiente.