El Gobierno confía en aprobar unas 60 leyes y 119 decretos en lo que queda de año

La vicepresidenta primera, Carmen Calvo (i), la ministra portavoz y ministra de Hacienda, María Jesús Montero (c), y el ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque (d), durante la rueda de prensa tras la reunión este martes del Consejo de Ministros. EFE/Juan Carlos Hidalgo

La pandemia de la COVID-19 estalló en España cuando el Gobierno de coalición apenas tenía un mes y medio de vida. El bipartito inédito desde la restauración de la democracia en España acababa de aprobar su calendario normativo para el año 2020 cuando los primeros contagios de coronavirus afectaban a la población española. La previsión del Ejecutivo fue entonces aprobar un total de 92 leyes a lo largo de año, pero la pandemia ha obligado a reconsiderar las prioridades y ha dado un frenazo a esos planes legislativos. La vicepresidenta priemra, Carmen Calvo, que tiene asignadas las labores de coordinación del gabinete, ha reformulado ese plan normativo para los próximos cuatro meses y que se inaugurará el próximo martes con la ley de Memoria Democrática, con la que el Ejecutivo pretende reforzar la normativa de memoria histórica imponiendo sanciones a su incumplimiento, asegurando que el Estado se haga cargo de las exhumaciones de víctimas o acabando con vestigios de la dictadura como la Fundación Francisco Franco.

En total, el Gobierno confía en sacar adelante 171 propuestas hasta que termine 2020. De ellas, tres serán leyes orgánicas, 58 serán leyes orgánicas y el resto de la normativa se regulará con 119 decretos, según ha especificado Calvo, que ha explicado que ese plan "transversal" persigue los objetivos de la coalición, como la reorientación del modelo productivo, la cohesión social, la transición ecológica, la digitalización, la creación de empleo, la fiscalidad progresiva -con impuestos como la Tasa Google o la de las transacciones financieras y también con una normativa más exigente contra el fraude fiscal-, la apuesta por el I+D+I, o la igualdad -el compromiso es que este semestre vea la luz la ley de libertad sexual, que genera conflictos entre los socios del Gobierno-. La vicepresidenta se ha comprometido, además, a que ese plan se publique en el Portal de Transparencia en los próximos días, lo que hará posible hacer un seguimiento del grado de cumplimiento del mismo.

VÍDEO | Calvo: "La próxima semana el Consejo de Ministros aprobará el proyecto de ley de Memoria Histórica"

Entre las normas a las que ha hecho alusión están la ley de Formación Profesional o la ley de función pública. También la derogación de los aspectos más lesivos de la reforma laboral está prevista para los próximos meses. "Esto no significa que el Gobierno no vaya a tramitar otras leyes por la vía de la legislación urgente que no estén aquí y que necesitamos a lo largo del tiempo que nos queda para acabar el año", ha expresado Calvo. La vicepresidenta ha asegurado también que para las nuevas normas se van a contemplar los 140.000 millones de euros de los fondos europeos.

La herramienta fundamental para canalizar esos fondos, según ha dicho el Gobierno en todo momento, son los Presupuestos Generales de 2021 y que entran dentro de las 171 propuestas que prepara el Ejecutivo. La intención de Hacienda es tenerlos preparados para presentarlos "en tiempo y forma" antes del 1 de octubre, aunque la intención es que no lleguen al Congreso hasta tener los apoyos amarrados. La principal divergencia que públicamente emerge de la coalición es cómo abordar esa negociación. La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado que la intención es "ampliar la base" de los apoyos para las cuentas "más allá" de las formaciones que hicieron posible la investidura.

Sin embargo, ha dicho que se trata de una "preferencia" del vicepresidente de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, el orden para encarar las negociaciones. Iglesias sostiene que lo que ha pactado con Pedro Sánchez es negociar primero con los partidos que votaron sí a la investidura, luego con los que se abstuvieron -entre ellos ERC y EH Bildu- y finalmente con los que votaron no, entre los que se encuentra Ciudadanos. Pero en la parte socialista del Gobierno detallan así la negociación y, de hecho, subrayan que Inés Arrimadas es la que más disposición para negociar ha demostrado.

"Sin duda todos compartimos que tenemos que hacer un trabajo arduo con todas las formaciones que hicieron posible la investidura pero no solo", ha advertido Montero, que ha incluido a "todas las formaciones del arco parlamentario", incluido al PP, al que ha avisado de que no se puede "poner de perfil" ante la aprobación de esos presupuestos en un momento tan grave como la pandemia.

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8 de septiembre de 2020 - 15:29 h

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