El Gobierno veía “corporativista” el sistema de elección del CGPJ que ha pactado con Ciudadanos
El acuerdo que firmaron a finales de agosto PP y Ciudadanos para intentar la investidura de Mariano Rajoy incluía, en su punto 102, un cambio en el sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Pasaban de ser nombrados por el Congreso y el Senado a ser elegidos entre los propios jueces. Sin embargo, el Gobierno defendió ante el Consejo de Europa que el sistema de elección parlamentaria era el que mejor garantizaba “el funcionamiento independiente, eficiente y transparente” del órgano de gobierno de los jueces.
La reforma pactada con Ciudadanos para la investidura fallida enterraba el sistema que ha estado vigente durante 30 años, por el que el Congreso y el Senado proponían los nombres para el CGPJ, que debían ser refrendados por una mayoría de tres quintos. La reforma que querían impulsar PP y Ciudadanos desechaba esa fórmula porque “politizaba” el CGPJ y establecía que 12 de los 20 miembros saliesen de una elección interna entre los propios jueces.
Pero este sistema presenta riesgo de corporativismo. Eso al menos creía el Gobierno en septiembre de 2015, cuando remitió un informe al Grupo de Estados contra la Corrupción -GRECO en sus siglas en inglés-, dependiente del Consejo de Europa, que se encontraba analizando si España había seguido sus recomendaciones en materia de regeneración democrática, transparencia e independencia del Poder Judicial.
El GRECO ha publicado ahora un informe con los resultados de ese análisis. En él señala que España, en sus alegaciones, explicó que la elección parlamentaria de los vocales era un sistema en consonancia con las leyes de otros países, y que permitía la “pluralidad” del CGPJ -porque exige un acuerdo entre partidos- y evitaba el “corporativismo” que supondría que los jueces se eligiesen entre ellos. Justo lo que después pactó con Ciudadanos.
En su informe, el Ejecutivo hizo hincapié en las bondades del sistema y en cómo se había mejorado con la reforma que llevó a cabo Alberto Ruiz Gallardón en 2013. Sin embargo, aquel cambio, que limitaba la influencia de las asociaciones judiciales, fue visto en su momento como una manera de reforzar la influencia del PP en la elección, porque aumentaba el poder del Senado, donde los parlamentarios populares sumaban solos la mayoría de tres quintos.
Así, el informe del GRECO recoge que el Gobierno alegó que ese sistema era el más adecuado para reforzar el CGPJ “con mayores garantías para su funcionamiento independiente, eficiente y transparente”.
Se han incumplido las recomendaciones del GRECO
En el informe sobre España, que recoge las conclusiones sobre la cuarta ronda de evaluación, el organismo asociado al Consejo de Europa concluye que buena parte de sus recomendaciones no se han atendido, o solo se han aplicado en parte.
A lo largo de 12 páginas, el documento repasa los 11 puntos en los que ha exigido mejoras y termina determinando que cinco se han aplicado tan solo parcialmente y seis no se han atendido: “El GRECO concluye que ninguna de las once recomendaciones contenidas en el informe se ha aplicado satisfactoriamente por parte de España”.
Entre esos incumplimiento está el mejorar el control sobre las actividades privadas de los diputados, y evitar así los conflictos de intereses. También pidió que se mejorase el control sobre el patrimonio y las actividades financieras de los parlamentarios, exigiendo, por ejemplo, que dejase claro el nombre de las empresas de las que poseen acciones. Ahora tan solo deben indicar que poseen títulos, pero no de qué compañías. Tampoco se ha regulado la relación de los diputados con los lobbies, ni se ha reformado el reglamento del Congreso.
El informe del GRECO también critica que no se haya avanzado tanto en transparencia como había pedido, que no se haya desarrollado un código de conducta para los jueces o que no se hayan ampliado los plazos de instrucción para los procesos penales. Además, destaca que no se ha cambiado la forma de elegir al Fiscal General del Estado, que sigue siendo designado directamente por el Gobierno.
