El Gobierno hace un guiño al PNV con el traspaso del ingreso mínimo vital a las puertas de votar la reforma laboral

La reforma laboral amenaza con convertirse en una negociación de infarto. A pesar de que las conversaciones están siendo a varias bandas, el Gobierno no tiene aún los apoyos suficientes para sacarla adelante y la opción que, ante el rechazo de los socios habituales de la coalición, aboca a la vía Ciudadanos levanta sarpullidos en Unidas Podemos. En medio del intercambio de mensajes y llamadas y tras el viaje a Catalunya de la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, para intensificar la presión sobre ERC, el Ejecutivo ha hecho un guiño al PNV al comprometerse con el Gobierno vasco a transferirle la gestión íntegra e indefinida del ingreso mínimo vital. Las relaciones entre los nacionalistas vascos y Moncloa no atraviesan su mejor momento y fuentes jeltzales aseguran que el gesto para ese traspaso no elimina su exigencia de recuperar la prevalencia de los convenios autonómicos sobre los estatales para avenirse a apoyar el texto que salió del diálogo social.

Cuando queda menos de una semana para que el Congreso vote el decreto ley de la reforma laboral, la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, viajó a Vitoria para, entre otras cosas, reunirse con el lehendakari, Iñigo Urkullu. El principal asunto que tenían sobre la mesa era el traspaso del ingreso mínimo vital veinte meses después de su aprobación y de tres acuerdos alcanzados por socialistas y nacionalistas vascos en el marco de distintas negociaciones que no acabaron llegando a buen puerto. La cuerda la tensó aún más hace un par de semanas el ministro de Seguridad Social e Inclusión, José Luis Escrivá, que planteó la cesión “temporal” de la transferencia. El Gobierno vasco y el PNV elevaron entonces la presión sobre Pedro Sánchez.

No es la primera vez que los nacionalistas vascos se quejan de Escrivá e incluso el portavoz parlamentario, Aitor Esteban, llegó a dar por rotas las relaciones con el titular de Seguridad Social. “Tengo una ruptura total con el ministro Escrivá por el ingreso mínimo vital. Que no me pida ni agua”, afirmó en una entrevista en elDiario.es. Ha sido la ministra de Política Territorial la que se ha encargado de cerrar los detalles al ceder el traspaso “íntegro e indefinido” apenas tres días después de que Escrivá asegurara que estaba en fase de “discusiones técnicas”. “Lo que hemos traído es el 'ok' a la última alegación que habían registrado”, explicaban este viernes fuentes gubernamentales. Horas antes Urkullu había dejado claro que la actitud del Gobierno de Pedro Sánchez era “manifiestamente mejorable” en lo relativo a la relación bilateral.

Conscientes, en todo caso, de que la nueva propuesta cumple con las exigencias del Gobierno vasco, el acercamiento provocó cierta euforia en el Gobierno central ante la cercanía de la votación de la reforma laboral –a la que el PNV mantiene a día de hoy su rechazo–. “En el marco en que estamos a una semana de la reforma laboral, es un empujoncito”, aseguraban fuentes gubernamentales: “Todo ayuda”. Sin embargo, el Ejecutivo vasco asegura que tendrá que analizar esa propuesta y desconfía hasta cierto punto dado que ya ha habido tres acuerdos previos: uno durante la negociación del estado de alarma, otro en la tramitación de la ley y el último con la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado.

Además, el Gobierno se topa, al menos en este momento, con la bicefalia de los nacionalistas vascos, que diferencian entre el día a día de la gestión del Ejecutivo –donde se engloba el traspaso del IMV– y el posicionamiento del partido. “Son dos temas diferentes que no tienen ninguna conexión y no va a interferir la resolución del uno en el otro”, advertían antes del acuerdo ultimado este viernes. “No hay ningún cambio. No hemos dicho que la transferencia suponga apoyar la reforma laboral. La condición para apoyar la reforma laboral es conocida: la prevalencia de los convenios autonómicos sobre las estatales para proteger el marco vasco de relaciones laborales, teniendo en cuenta el acuerdo interprofesional alcanzado en 2017 entre agentes sociales vascos”, explican desde el grupo vasco tras la reunión de Rodríguez y Urkullu.

El PNV no es el único socio habitual de la coalición que por ahora se ha descolgado de la reforma laboral. Es más, de los 188 apoyos que logró cosechar Sánchez para los dos presupuestos consecutivos, la gran mayoría pide ir más allá del acuerdo alcanzado con sindicatos y patronal. ERC y EH Bildu (que suman 18 escaños a los seis del PNV) sumaron fuerzas con la CUP y BNG –aunque estos partidos no secundan los proyectos relevantes del Gobierno– para reclamar cambios en la reforma laboral, entre ellos más ambición en lo que respecta a los despidos.

A escasos días de que se produzca la votación, en la calculadora de Moncloa dan los números con el sí de Ciudadanos –dispuesto a apoyar al Gobierno siempre y cuando no se toque nada del acuerdo, como reclaman patronal y sindicatos– y un puñado de grupos minoritarios. Sin embargo, es una opción que no ve Yolanda Díaz. “No da. No saldría de ninguna manera porque la entrada de Ciudadanos expulsa a formaciones de izquierdas”, expresó en una entrevista en la Cadena SER.

La mayoría de aliados de la investidura no ve con buenos ojos ese acercamiento. “Es pan para hoy y hambre para mañana”, advirtió el diputado de Compromís, Joan Baldoví. “Sacar adelante la reforma laboral (...) con los apoyos de la derecha más conspicua y antisocial como puede ser Ciudadanos o el apoyo de UPN no sé si no deja un poquito tocada la credibilidad de la reforma”, dijo en Onda Cero el líder del PNV, Andoni Ortuzar, que advirtió, además, de que “puede poner en peligro o enrarecer la relaciones con los partidos que normalmente apoyan su acción de gobierno”. Sin embargo, en las filas socialistas sostienen que las fuerzas de la investidura y los presupuestos son prioritarias, pero se guardan ese as bajo la manga porque no pueden “excluir a nadie”.