Interior envía a un alto cargo a Estrasburgo para hacer 'lobby' con las víctimas a favor de la 'doctrina Parot'
El Ministerio del Interior envió ayer a Estrasburgo a Sonia Ramos, directora general de Apoyo a Víctimas del Terrorismo, para que presenciara la vista de la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que trató el recurso del Gobierno contra la derogación de la 'doctrina Parot', que permite prolongar la estancia en prisión de los presos de ETA. El tribunal ya falló en julio del año pasado contra la misma. La resolución definitiva preocupa mucho al Gobierno, que de perder el recurso tendría que poner en libertad a 54 presos de la banda.
Un alto cargo de Interior manifestó días atrás a este diario que el departamento no tenía previsto enviar a nadie a Estrasburgo para que no se interpretara como un gesto de presión hacia el tribunal, aunque finalmente ha viajado una representante de segundo nivel en el escalafón ministerial, directamente relacionada con las víctimas. Sonia Ramos acompañó a una delegación compuesta por Ángeles Pedraza, presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), que entregó 10.000 firmas contra la derogación de la 'doctrina Parot'; Mari Mar Blanco, presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, y Daniel Portero, que dirige Dignidad y Justicia. Pedraza dijo en su twitter que aunque acudía muy negativa, tras asistir a la vista era muy optimista a la vista de la defensa que había hecho el Abogado del Estado.
El ministerio quiere dejar claro a estas tres organizaciones que el Gobierno ha hecho todo lo que ha estado en su mano para mantener en vigor la 'doctrina Parot', y que un hipotético fallo contra la misma no sería consecuencia de supuestos contactos con la izquierda abertzale o la propia ETA, que no existen. El ministro Jorge Fernández Díaz quiere despejar cualquier atisbo de dudas en las víctimas, que ya le criticaron con dureza con la excarcelación del etarra Josu Uribetxeberria Bolinaga por sufrir un cáncer terminal. De hecho, ayer manifestó que el Gobierno podría recurrir a “ingeniería jurídica” para no cumplir un fallo condenatorio. Sin embargo, otro alto cargo del departamento reconoció días atrás en privado que el Gobierno no podría ignorar la resolución cuando ha suscrito el Convenio Europeo de Derechos Humanos.
Pese a las palabras del ministro, la aplicación de un hipotético fallo condenatorio contra el Estado no corresponde al Gobierno, sino a la Sala de la Audiencia Nacional que en su día juzgó y condenó a los etarras. Pedro Llarena, portavoz de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), y Joaquim Bosch, de la progresista Jueces para la Democracia, coincidieron en señalar a la agencia Europa Press, que el fallo sentará jurisprudencia y debe ser cumplido.
Aunque la sentencia se pronuncie exclusivamente sobre el caso de la etarra Inés del Río Prada, condenada a tres mil años de prisión por numerosos asesinatos, que fue la que recurrió al TEDH la prolongación de su estancia en prisión, se tendría que aplicar al resto de terroristas en su misma situación, sin necesidad de que éstos recurrieran de manera individual, según reconocen fuentes judiciales y de Interior.
