Los magistrados del Supremo se hartan de las denuncias del exjuez Fernando Presencia y lo llevan a la Fiscalía

Fernando Presencia en una imagen de archivo

Alberto Pozas


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El Tribunal Supremo ha pasado al ataque contra Fernando Presencia Crespo. Después de varias semanas de intensa actividad por parte del exmagistrado -condenado y expulsado de la magistratura por favorecer a amigos cuando era juez en Talavera- los magistrados de la sala de lo penal han contestado a sus constantes acusaciones públicas de corrupción y de tener dinero en paraísos fiscales basándose en documentos de procedencia indeterminada. El Tribunal Supremo ha anunciado este lunes que pone sus acusaciones en manos de la Fiscalía al entender que son falsas.

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El presidente del Tribunal Supremo ha decidido poner el caso de Presencia y sus denuncias masivas en manos de la Fiscalía. Decisión puesta en marcha después de que Manuel Marchena se haya quejado formalmente de la catarata de denuncias que ha presentado contra miembros de su sala basándose en documentos de origen y veracidad desconocidos. Marchena denuncia que el magistrado condenado por prevaricación ha difundido en su página web y en una entrevista con Estado de Alarma estas acusaciones que considera infundadas.

“Queremos hacer llegar no sólo la indignación que nos asalta por la gravedad de unas imputaciones radicalmente falsas y calumniosas, sino por el irreversible daño que se está ocasionando a la credibilidad de una institución como el Tribunal Supremo”, dice Marchena. No sólo está en juego la credibilidad de los jueces de la sala segunda, sin también la de la institución que representan, alega. Entiende que Presencia y su asociación ACODAP podrían estar actuando “al servicio de una estrategia generadora de información falsa” para denigrar a sus enemigos pero, también, para llenarse los bolsillos a través de donaciones.

“Todo apunta a que Fernando Presencia puede estar obteniendo aportaciones económicas de confiados ciudadanos que creen que el donativo va a ser destinado a la búsqueda de informaciones o pruebas que demuestren la corrupción de los magistrados de esta sala”, acusa Marchena. Carlos Lesmes, que también aparece en las informaciones y denuncias de Presencia, ha recogido el guante y ha puesto el caso en manos de la Fiscalía.

La historia de Fernando Presencia fue explicada por elDiario.es el pasado mes de abril. En su momento juez estrella en Valencia, Presencia fue sancionado y desterrado por el Consejo General del Poder Judicial por organizar cursos sin la preceptiva autorización. Una vez en Talavera de la Reina, su siguiente destino, fue nombrado decano y sepultó su carrera en apenas unas horas: el mismo día de 2014 favoreció ilegalmente a dos amigos en dos causas judiciales. Dos movimientos que se transformaron en sendas condenas por prevaricación que, una por una, fueron confirmadas por el Tribunal Supremo.

Desde entonces Fernando Presencia ha dedicado parte de sus esfuerzos a demostrar que todo es una represalia por haber promovido la dación en pago en concursos de acreedores en su etapa en Valencia, y también a ajustar cuentas contra los vocales del CGPJ y los jueces de la sala segunda del Tribunal Supremo que confirmaron sus condenas y sanciones. En los últimos años, sobre todo, comunicados de su Asociación Contra la Corrupción y en Defensa de la Acción Pública (ACODAP) y denuncias basándose en documentación de dudosa procedencia aportada por los artífices del 'expediente Royuela', uno de los epicentros de las teorías nacionales de la conspiración.

Documentos en los que, supuestamente, un fiscal jubilado de Barcelona ordena cientos de asesinatos, en los que José Luis Rodríguez Zapatero ordena a Dolores Delgado matar a gente y en los que se desvelan decenas de extractos bancarios que demuestran que, entre otros, los enemigos judiciales de Fernando Presencia tienen cuentas en el extranjero en paraísos fiscales.

Recientemente el juez Gadea, de la Audiencia Nacional, dejó el caso de Presencia en manos de los juzgados de Talavera después de entender que acusó en falso a Dolores Delgado de tener dinero en el extranjero y formar parte de una organización de asesinos. Ahora es el Tribunal Supremo el que mueve ficha después de que Presencia y su asociación hayan acusado a varios magistrados de tener millones en el extranjero sin más prueba que los documentos aportados por los ultraderechistas Santiago y Alberto Royuela, condenados en el pasado por inventar este tipo de conspiraciones y, en el caso de Santiago, por participar en un atentado ultraderechista en Barcelona.

Estas noticias y acusaciones se han dirigido en las últimas semanas contra magistrados de la sala de lo penal. Pablo Llarena, según Presencia, tiene dos millones de euros. Julián Sánchez Melgar, millón y medio. Carlos Lesmes, 17 millones. Y el último, Vicente Magro, tiene 750.000 euros según el exmagistrado. Una catarata de anuncios en la web de ACODAP que llega poco después de que la sala de lo penal, precisamente, haya empezad a estudiar su condena de cárcel de casi tres años por calumniar al fiscal jefe de Talavera. El pasado mes de mayo, de hecho, la sala rechazó una recusación que presentó contra Marchena.

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