Los derechos políticos de Carles Puigdemont no fueron violados cuando la Mesa del Parlament rechazó su delegación del voto el pasado 9 de octubre, tras haber sido suspendido por un auto del magistrado Pablo Llarena junto a otros seis diputados. Así al menos lo cree la propia Cámara catalana que, mediante un escrito del letrado mayor del Parlament, ha comunicado al Constitucional que la suspensión del expresident fue acordada por el Pleno y que sus derechos se garantizaron cuando la Mesa le permitió ser sustituido. Escribe Arturo Puente.