Nuevos episodios de la guerra sucia del PP llaman a la puerta de Feijóo en año electoral

El décimo aniversario del inicio de la guerra sucia del PP no será una efeméride más en el reverso oscuro del Ministerio del Interior. El Congreso de los Diputados acordó este jueves la creación de la tercera comisión de investigación sobre las maniobras parapoliciales contra la oposición política, ya fueran independentistas catalanes o un entonces emergente Podemos durante el último gobierno de los conservadores.

La idea de la comisión había surgido como instrumento para investigar una variante de aquella guerra sucia, la actuación de la brigada política en Andorra, sede de los bancos donde supuestamente líderes del procés escondían dinero de procedencia ilegal. La investigación judicial que se negaba en España había despegado en junio en el pequeño país vecino con la imputación de Mariano Rajoy, y sus ministros Montoro y Fernández Díaz, además de varios mandos policiales. 

El Congreso, como ya ocurriera con el caso Kitchen, quería cubrir los espacios de impunidad originados durante la instrucción del caso Villarejo por parte de Manuel García Castellón, según aprecian los socialistas y sus aliados parlamentarios. Finalmente, gracias a un acuerdo de este bloque mayoritario, la investigación parlamentaria sobre el uso partidista de la Policía por el PP ahondará en todas las actuaciones de la brigada política, activa entre 2012 y 2016.

Serán tres meses de comparecencias parlamentarias de los protagonistas de aquellas maniobras: de los que están imputados en distintos juzgados y también de los que la oposición considere que puedan haber tenido responsabilidad en los hechos. Fuentes parlamentarias calculan que los trabajos de la comisión podrían arrancar a mediados de octubre. El acuerdo es que se prolonguen durante tres meses, prorrogables otros seis.

Con esa previsión, el desfile de ex ministros del PP y otros cargos de ese Gobierno, así como de los uniformados a sus órdenes, excedería las elecciones municipales del próximo mayo y alcanzaría el ecuador de 2023, año que albergará en diciembre unas elecciones generales, las primeras a las que comparece Alberto Núñez Feijóo como candidato.

Conclusiones contundentes sin repercusión electoral

La experiencia dicta que las comisiones de investigación arrojan unas conclusiones tan rotundas contra el Partido Popular como inocuas electoralmente para la formación política. La primera de ellas concluyó, en octubre de 2017, que el PP había utilizado el Ministerio del Interior “con fines partidistas” y señalaba al titular de la cartera, Jorge Fernández Díaz. Sin embargo, la moción de censura que derribó al Gobierno de Rajoy llegó por un asunto distinto, tras la sentencia del caso Gürtel y sus alusiones a la caja B con la que el partido se financió durante al menos veinte años. 

Como precedente, en el verano de 2016, el diario digital Público ofreció una grabación en el despacho del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, a pocos días de las elecciones generales. El PP revalidó su victoria y la falta de acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos prorrogó el Gobierno de Rajoy. Los excesos contra los independentistas catalanes y Podemos no tenían gran eco en los medios de comunicación –algunos muy relevantes habían participado en el blanqueamiento de aquella guerra sucia– y se instalaba la idea de que el fin justificaba los medios contra los bautizados por la derecha como “enemigos de España”. 

La situación ahora es otra. En contraste con la noticia de la imputación de Rajoy, tratada fugazmente en la mayor parte de la prensa española, nuevos audios del comisario Villarejo agitaron el tablero político y mediático este verano. El diario El País, junto a un nuevo medio de comunicación que la Fiscalía relaciona con Villarejo, Fuentes Informadas, publicaron una serie de audios que suponían la demostración sonora de pasadas revelaciones periodísticas. 

elDiario.es desveló en noviembre de 2014 que un grupo secreto de policías rastreaba sin control judicial posibles casos de corrupción de políticos catalanes con el objetivo de contrarrestar el proceso independentista. En 2016, Villarejo reconoció en sede judicial haber participado en esas maniobras, junto a otros mandos policiales.

Más adelante llegaron las agendas del comisario, incautadas en su domicilio, una suerte de diario en el que Villarejo anotaba citas y reflexiones al que los investigadores, tras contrastar los apuntes con hechos acaecidos, dan credibilidad. 

Las grabaciones publicadas, procedentes de Villarejo según la Policía, recogen al comisario abordando las operaciones Kitchen y Catalunya con el número dos del Ministerio del Interior entonces, Francisco Martínez. Por ahora no han servido para que García Castellón reabra el caso del espionaje a Bárcenas, en contra de lo que le había pedido Anticorrupción, junto a la imputación de María Dolores de Cospedal, protagonista de un audio demoledor en el que pide al policía “parar” la principal prueba de la financiación irregular del partido. 

En la segunda comisión de investigación Cospedal tuvo que soportar las preguntas que nunca le hizo el juez durante su declaración como imputada, al igual que ocurrió con su marido, el empresario Ignacio López del Hierro, y otro personaje clave en la trama, el abogado del ‘lado oscuro’ del PP, Javier Iglesias, alias ‘El Largo’. Su obligación de comparecer y su derecho a no responder convirtieron la mayoría de las sesiones en tediosas comparecencias repletas de evasivas y silencios clamorosos por parte de los convocados. 

En diciembre de 2021, el Congreso subió un escalón y concluyó que los responsables últimos de las maniobras policiales eran Rajoy y Cospedal. El juez se negó a citar al expresidente como testigo y en el caso de la ex secretaria general del PP archivó su imputación al mes de interrogarla, de forma “sorpresiva”, según Anticorrupción. A la luz de las nuevas evidencias, en forma de grabaciones avaladas por la Unidad de Asuntos Internos, García Castellón ha rechazado volver a imputar a Cospedal y reabrir el caso.

Rajoy, Cospedal, Sánchez Camacho, Moragas...

Las fuentes parlamentarias consultadas dan por hecho que Rajoy y la ex secretaria general del PP volverán a comparecer en el Congreso, como otros protagonistas de aquella guerra sucia que han evitado el juzgado pero que revelaciones periodísticas han situado en el origen de la Operación Catalunya, caso de Alicia Sánchez-Camacho o Jorge Moragas, antiguo jefe de gabinete de Rajoy en Moncloa. 

Las maniobras contra el procés se han convertido en un elefante grande e incómodo en el caso Villarejo. Esta vez el juez ha tenido el apoyo de Anticorrupción para, con excepción de una nueva pieza menor y secreta, considerar las actuaciones del comisario en Catalunya parte de sus cometidos policiales.

Capítulo aparte merece la actuación contra Podemos. El partido de Ione Belarra ha intentado que el caso Dina fuera el marco de una investigación sobre los ataques policiales, por orden política, contra el partido desde prácticamente su irrupción. Como ocurre en Kitchen con las nuevas evidencias, García Castellón considera que la pretensión de los ‘morados’ excede los límites del procedimiento del robo y posterior difusión del material contenido en el teléfono de la colaboradora de Pablo Iglesias.

La comisión de investigación permitirá a Podemos interrogar sobre celadas sufridas, tales como el informe PISA, que hasta el pasado julio García Castellón utilizó en una causa secreta, y finalmente declarada prospectiva por la Sala de lo Penal. 

“Siete copias” del archivo Villarejo

A todo ello se suma la permanente amenaza de nuevas revelaciones en poder del comisario. La mitad del archivo incautado es accesible en la causa judicial, pero la otra mitad sigue sin poder desencriptarse. Pero el policía aseguró antes de ser detenido que cuenta con siete copias. De ellas proceden, a juicio de la Policía y la Fiscalía, los audios que han vuelto a poner en apuros al Partido Popular en los últimos meses. 

El juez ha abierto una pieza nueva para que la Policía acredite su procedencia y posible relevancia en la causa. Con el atestado en su poder que Asuntos Internos le había remitido sobre tres de las conversaciones, el juez consideró que no había motivos para imputar a Cospedal. 

Al tiempo que rechazaba imputar a Cospedal, el juez García Castellón ha ordenado a las partes personadas en Kitchen que presenten escritos de conclusiones, una decisión que acerca el juicio y reduce las posibilidades de abrir nuevas líneas de investigación. Las acusaciones van a recurrir el auto de denegación de la imputación de Cospedal ante la Sala de lo Penal mientras la premura impuesta por el juez les obliga a compaginar esa tarea con la laboriosa tarea de establecer sus conclusiones dentro de los límites marcados por el juez en el espionaje a Bárcenas con cargo a los fondos reservados.