ONG griegas piden poner fin al acuerdo migratorio UE-Turquía

Atenas, 16 mar (EFE)- Varias ONG griegas pidieron este martes el fin del acuerdo migratorio entre la Unión Europea (UE) y Turquía por ir contra los derechos humanos y que se establezcan rutas legales para garantizar la protección internacional y la entrada a Europa.

Según las ONG que forman la Campaña para el Acceso al Asilo, entre las que se encuentra el Consejo Griego de Refugiados, desde la adopción de la declaración conjunta, la política europea sobre migración y gestión de refugiados se ha endurecido.

Este pacto, que se acerca a su quinto aniversario, establece que Turquía debe frenar las llegada de refugiados a Europa y aceptar el retorno de los inmigrantes que están en las islas griegas, sin derecho a asilo.

A cambio, Bruselas ha dado 6.000 millones de euros a Ankara en ayudas europeas y se comprometió a eximir a los ciudadanos turcos de visado, algo que no se ha materializado.

Además, el pacto establece que Europa debe reubicar a un ciudadano sirio desde Turquía por cada uno que sea devuelto desde territorio heleno, para disuadir nuevas llegadas.

Sin embargo, debido a la crisis del coronavirus las devoluciones a Turquía llevan paralizadas desde marzo de 2020 y, según el ministro griego de Migración y Asilo, Notis Mitarakis, hay 1.453 peticiones de retorno a la espera de respuesta turca.

Mitarakis presentó este dato el lunes en la reunión telemática del Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores e Interior de la UE y reafirmó la necesidad de aplicar de forma “inquebrantable” el pacto migratorio para gestionar los flujos en el Mediterráneo.

Mientras, las ONG griegas siguen poniendo el foco en el aumento en 2020 de las denuncias de devoluciones en caliente realizadas tanto por parte de las agentes fronterizos europeos (Frontex) como por las autoridades griegas en las aguas del Egeo y en la frontera terrestre de Evros.

Las organizaciones valoraron positivamente que Frontex y el Parlamento Europeo hayan iniciado una investigación interna.

Sin embargo, criticaron al Gobierno griego por negar de forma sistemática las denuncias de devoluciones ilegales, a pesar de las múltiples pruebas aportadas por organizaciones y medios de comunicación.

Además, aseguraron que sus trabajadores sufren una campaña de difamación por parte de las autoridades griegas, en represalia por la labor que realizan contra las vulneraciones de los derechos humanos que sufre la población refugiada.