El presupuesto de Justicia sube un 7,6 por ciento y permitirá crear 5.000 nuevas plazas

Los presupuestos de Justicia para 2017 ascienden a 1.726 millones de euros, un 7,6 por ciento más que los del pasado ejercicio, con lo que se convierten en una de las partidas que más sube de todas las del Estado y permitirán crear cerca de 5.000 nuevas plazas en este ámbito de la administración.

También destacan los 150 millones de euros para lograr la transformación digital de la justicia con el objetivo “cero papel”, lo que supone un incremento del 87,9 por ciento, los 100 millones para inversiones de modernización de este servicio público y los 34 millones para equipamientos e infraestructuras.

El proyecto de Presupuestos Generales del Estado explica que se van a desarrollar seis líneas estratégicas: una justicia más ágil y eficaz, más dotada y mejor organizada, digital, que crea en sus profesionales, impartida para las personas y fuerte en su independencia e implacable en la lucha contra la corrupción.

Con la entrada del personal procedente de la oferta pública de empleo de 2016 y la que se apruebe este año se crearán cerca 5.000 nuevas plazas al servicio de la Administración de Justicia.

Los gastos de personal con los que se dota esta política alcanzan en este ejercicio los 1.358 millones de euros, para el gasto social se destinan 38 millones y para garantizar el derecho a la asistencia jurídica gratuita 37 millones.

Con esta última partida se pretende reconocer el abono de las correspondientes indemnizaciones a favor de los profesionales obligados a la prestación de dicha asistencia jurídica gratuita.

También se destina un millón de euros para garantizar el servicio público y gratuito de ayuda y asistencia a las víctimas en cuanto a la atención psicológica y pericias en procesos judiciales.

De esta forma se trata de disponer de mejores herramientas para proteger a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual así como las de violencia de género.

En el capítulo de modernización tecnológica de la Justicia con los referidos 150 millones de euros se intensificará la implantación de los nuevos sistemas de información y comunicación.

El objetivo es lograr una aplicación generalizada de los medios electrónicos como forma normal de tramitación de los procedimientos judiciales y de relacionarse la Administración de Justicia con los profesionales y los ciudadanos mediante la nueva aplicación Minerva Digital.

Se trata de un sistema de gestión procesal automatizado, común y compartido con todas las administraciones públicas con competencias en materia de Administración de Justicia y con los tribunales y las fiscalías superando la situación fragmentaria actual.

En esta línea se implantará de forma generalizada el expediente judicial electrónico.

Con todo ello se espera reducir los plazos de los procesos y el uso de papel en los documentos recibidos y generados en los órganos judiciales hasta su desaparición total, y los costes para Administración de Justicia, tribunales y juzgados, fiscalías, despachos profesionales y ciudadanos.

Se avanzará en el concepto de justicia 24 horas con nuevos servicios que permitan la existencia de un punto de acceso general para los ciudadanos en el que puedan presentar sus escritos y recibir notificaciones, así como acceder de manera telemática a sus procedimientos judiciales.

Asimismo se instaurará un nuevo Registro Civil público, gratuito, electrónico y más seguro y operativo.

Se incluye la adquisición de nacionalidad por residencia mediante la tramitación electrónica de todos los expedientes y se implanta la comunicación electrónica de nacimientos y defunciones desde los centros sanitarios para la inscripción en el Registro Civil.

Para estos planes de registros se destinan 30 millones de euros, un 12,1 por ciento más que el año pasado.