La prostitución en las tramas de corrupción: un instrumento para ablandar conciencias y festejar los negocios
Club Jezebel, Muñeca Doll, Paradise Club... En una escena de El Reino, la película en la que Rodrigo Sorogoyen radiografía la corrupción española, un alto cargo político asiste avergonzado a un careo judicial en el que le van leyendo los nombres de locales nocturnos y prostíbulos en los que se ha reunido durante años para hablar de comisiones, subvenciones desviadas y contratos amañados. La cámara enfoca a su mujer, que permanece hierática, no del todo sorprendida.
La película incluye ese guiño -que provoca risas en la sala- pero el guión no ha tenido que ir muy lejos: la prostitución emerge en muchos de los sumarios que instruyen los tribunales españoles. Las investigaciones suelen tener elementos comunes: hay amaños de licitaciones, empresarios muy generosos con cargos políticos deseosos de completar la nómina con ingresos extra y a veces hasta es calcado el porcentaje de la mordida. En muchos de ellos aparece la prostitución, a veces como un mecanismo más de compra de voluntades, como ingrediente para engrasar las relaciones o mero festejo de un buen negocio.
La última investigación que ha revelado el cocktail de política, corrupción y prostitución es la que indaga sobre el uso de las tarjetas asociadas a la la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) entre 2004 y 2009. Su exdirector Fernando Villén ha admitido el gasto de fondos de esa entidad en cinco prostíbulos. Más de 30.000 euros de dinero público. Villén, aunque se ha mostrado arrepentido, enmarcó esos gastos en la “actividad comercial” con “amigos y conocidos”. Su abogado dijo que se había equivocado de tarjeta al pagar y que solo habían sido ocho veces en 10 años.
El PP ha aprovechado semejantes revelaciones contenidas en un informe de la Guardia Civil para iniciar la campaña de las andaluzas desde el prostíbulo que facturó 15.000 euros a una de esas tarjetas. El candidato popular, Juanma Moreno, se plantó delante del viejo burdel, ya abandonado, y vinculó el adelanto electoral con este escándalo que todavía no ha llegado a juicio: “Susana Díaz está cercada por la corrupción y adelanta los comicios para tapar estos casos”.
No es la primera vez que un cargo público pasa la tarjeta “equivocada” por el datáfono de un club de alterne. Rodrigo de Santos era una joven promesa del PP balear -implacable con la corrupción y de fuertes valores religiosos- hasta que en 2008 Anticorrupción le acusó de haber gastado 50.000 euros de dinero público en prostíbulos gays y cocaína. Lo pagó todo con la tarjeta de la Empresa Municipal de Obras Públicas (EMOP).
Su excusa fue que la adicción a los drogas le había llevado a gastar cantidades ingentes en esos prostíbulos masculinos. Dio la misma razón cuando le condenaron por abusos sexuales a unos menores que había conocido en una congregación religiosa. Ahora está imputado por lo mismo, por abusar de menores aprovechando su trabajo en una ONG.
De Santos era un estrecho colaborador de Jaume Matas, que también se vio envuelto en un escándalo que unía dinero público y sexo de pago. En 2004 encabezó una delegación que se desplazó hacia Rusia para “promocionar turísticamente la comunidad”. El itinerario incluyó una parada en “el club de espectáculos y servicios sexuales 'Rasputín' de Moscú”. Él entonces presidente balear dijo que no fue a ese prostíbulo, pero disculpó a los compañeros de expedición que sí lo hicieron: “Estamos en el siglo XXI y cada uno hace con su vida lo que quiere”.
Más allá del uso del dinero público, la prostitución aparece en los sumarios de corrupción casi siempre como una herramienta para ablandar voluntades. Es un modo de agradar a quien quieres convencer, otra forma de soborno, un sistema eficaz para extorsionar o extraer información. Esta última circunstancia quedó patente en la conversación que compartieron en 2009 el excomisario José Manuel Villarejo con la ministra de Justicia, Dolores Delgado -entonces fiscal de la Audiencia Nacional- y el exjuez Baltasar Garzón.
El policía, ahora en prisión preventiva, habló de que tenía “una agencia de modelos” para sacar información a “todo el mundo”. “Les contaban las cosas para que las chicas se sintieran cautivadas”, relató Villarejo, quien dijo que el método había reportado grandes servicios a la casa (se supone que la Policía). En otras ocasiones el control de prostíbulos no se usaba para conseguir información, sino simplemente para agraciar a los contactos, ya fueran políticos, empresarios o policías.
Así queda reflejado en la investigación sobre Bartolomé Cursach, el empresario mallorquín que controlaba la noche de Palma. Además de grandes discotecas, controlaba prostíbulos en los que organizaba fiestas donde no faltaba la cocaína y el champán fracés. Esas juergas le servían, por ejemplo, para tener contentos a una red de policías corruptos, pero una testigo también ha implicado en esas fiestas a cargos del PP, con los que Cursach buscaban afinidades que le garantizasen favores para sus negocios.
Su forma de operar recuerda a la de Francisco Correa en Gürtel. El empresario, cuyos beneficios dependían de contratos públicos inflados y amañados, ofrecía también un “servicio de chicas” a sus contactos. En la causa abundan las conversaciones sobre las fiestas que se montaban los integrantes de la red de empresas con los beneficios que sacaban de las administraciones del PP, como queda patente en este intercambio entre el líder de la trama Álvaro Pérez 'El Bigotes'.
En otra conversación se alude a posible chantaje a un cargo público. La estrategia era hacerle fotos con una prostituta para luego coaccionarle. Es otra de las prácticas que reflejan las investigaciones de corrupción, la de usar la prostitución como forma de extorsión. Así lo advirtió Eduardo Zaplana en un viaje a Francia para tratar con unos empresarios que querían comprar parte de la empresa pública Aguas de Valencia. El exministro del Interior relata su anécdota dejando claro que primero habían intentado comprarlo, y al no haberlo conseguirlo, habían tratado de “matarlo”, en referencia a un intento de chantaje.
En una conversación que consta en el sumario del caso Lezo, Zaplana relata al abogado uruguayo Fernando Belhot que los empresarios le llevaron en avión privado a París, donde cenó en un restaurante de lujo: “Me regalan unas botellas de vino y después llegamos al hotel, unas putas…impresionantes. Y ahí vi la luz y dije aquí no me puede pasar nada bueno”. El político cuenta entonces que le dio miedo que lo grabasen o le hiciesen fotos con las chicas para luego extorsionarle. “Me apetecía lo que no te puedes imaginar, me tocaba dormir solo…”, lamentaba el exministro, ahora en prisión provisional imputado por graves delitos de corrupción.
Otros no dijeron que no. La investigación contra el senador del PP Pedro Agramunt desveló que había sido sobornado por Azerbayán con sobres de dinero en efectivo, caviar o artículos de lujo. El informe que se presentó ante el Consejo de Europa, donde Agramunt tenía un asiento, reflejaba también que a los hoteles donde se alojaba le enviaban varias prostitutas. Su respuesta fue hacer un chiste con su capacidad sexual: “Yo tengo una edad, eso me parece una fantasía (…) Ojalá pudiera hacer esas cosas”.
Aunque la prostitución aparece en muchas ocasiones como un medio para los protagonistas de casos de corrupción política, a veces se presenta también como una recompensa. Así queda patente en una conversación del caso Espías de la Comunidad de Madrid, en la que un guardia civil implicado relata cómo había pactado su declaración con cargos del PP para no implicar a Francisco Granados en la investigación. Lo hizo tan bien que Alejandro Halffter, viceconsejero de Presidencia, le animó a celebrarlo: “Habéis declarado muy bien, hay que celebrarlo con un volquete de putas”.