Todos los sancionados desde que entró en vigor el protocolo contra el acoso sexual siguen en el Ejército
Ninguno de los procedimientos abiertos desde que entró en vigor el nuevo Protocolo contra el acoso sexual y por razón de sexo en las Fuerzas Armadas en 2015 han terminado con la pérdida del uniforme del denunciado. Lo ha comunicado este miércoles el secretario de Estado de Defensa, Ángel Olviares, en su primera comparecencia parlamentaria desde que tomó posesión de su cargo el pasado junio.
En la comisión de Defensa del Senado, Olivares ha informado de que 39 de las 62 denuncias cursadas por acoso sexual en el ámbito judicial militar o disciplinario continúan en trámite. Entre los procedimientos resueltos en 2016 y 2017 (todavía no hay estadísticas referentes a 2018), los jueces castrenses no condenaron a ningún acusado. Absolvieron a dos de ellos, sobreseyeron otros dos casos, archivaron otro y enviaron tres a la autoridad disciplinaria. Quedan 24 en trámite, nueve desde 2016 y 15 desde 2017.
En el ámbito administrativo, los instructores disciplinarios decidieron archivar 12 de las 30 denuncias que recibieron en 2016 y 2017. De los restantes, tres se resolvieron con sanciones graves y 15 continúan en trámite. Los castigos de los acusados se resolvieron con una sanción ecnómica de doce días y dos arrestos de 31 a 45 días. Los dos últimos recayeron sobre dos alumnos de la academia militar.
Todos los sancionados siguen vistiendo el uniforme y aunque de momento ninguno de ellos ha ascendido, no se les ha apartado del canal de promoción, por lo que podrían hacerlo en el futuro. Sus víctimas también continúan sirviendo en las Fuerzas Armadas, ha informado Olivares.
Las víctimas evitan usar las unidades especializadas
El Protocolo contra el Acoso se diseñó en 2016 a raíz de la salida a la luz del caso de Zaida Cantera, comandante del Ejército de Tierra retirada. Hoy diputada del PSOE, Cantera sufrió un acoso sexual durante su etapa en filas y un posterior acoso laboral por parte de sus superiores tras su denunciar los hechos.
Antes de 2015, el acoso no estaba tipificado específicamente como delito en el Código Penal militar. En el caso del régimen disciplinario, se incluyó en 2014. Por lo tanto, antes de esas fechas no existían datos agregados de su incidencia en las Fuerzas Armadas. Entre las medidas que introdujo el protocolo, estuvo la creación de informes especializados en la incidencia de este delito así como de las Unidades Protección contra el Acoso (UPAs), cuya misión es ofrecer a las vícitmas un mecanismo de denuncia alternativo a sus mandos, al haberse detectado que en muchas ocasiones es este el foco del acoso.
No obstante, las víctimas siguen prefieriendo el canal ordinario. De las denuncias cursadas desde la puesta en marcha del protocolo, solo el 31% han salido adelante desde las UPAs, por un 69% presentadas ante el jefe de unidad o autoridad disciplinaria competente.
“Problema que se trata de invisibilizar”
La senadora de ERC Elisenda Pérez Esteve, autora de las preguntas sobre las condenas por acoso sexual a las que ha respondido este miércoles el secretario de Estado, ha denunciado que “el protocolo se tiene que mejorar muchísimo”. Entre otros defectos, ha señalado que no incluye el acoso porfesional, protección para el personal civil de Defensa o medidas de protección de testigos.
Además, ha acusado a las UPAs de “ofrecer muchas menos garantías que los procesos jurídicos, ya que la víctima no puede personarse y solo conoce el resultado al final. Tampoco son independientes ni imparciales porque las forman personas de las mismas Fuerzas Armadas”, ha remarcado. La senadora por Girona ha cuestionado a Olivares si no cre que los bajos índices de expulsiones del Ejército por acoso no revelan “la existencia de un problema que se trata de invisibilizar”, algo en lo que el secretario de Estado no ha estado de acuerdo.
“El protocolo ha sido muy positivo”, ha opinado Olivares. Aunque ha añadido que “todo es perfeccionable” y que el Ministerio estudiará “qué aspectos se pueden mejorar a través de los expedientes que se han finalizado”, ha comunicado que la valoración de Defensa es satisfactoria tanto con el protocolo como con las UPAs.
Sobre los procedimientos cerrados en 2016 y 2017, de los que ninguno ha concluído con la salida del Ejército del acusado (algo que la senadora de ERC ha calificado de “escándalo”), el secretario de Estado se ha negado a hacer una valoración. “Todos se han resuelto con las garantías debidas”, ha concluído.
