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Sumar mantiene el peso de los partidos en la dirección estatal pero llega a un acuerdo para el despliegue territorial

La líder de Sumar y vicepresidenta segunda del Gobierno, ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, en un acto de Sumar.

Alberto Ortiz

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Sumar llega a su asamblea fundacional con un clima de acuerdo después del choque con las fuerzas con arraigo territorial. La dirección de la plataforma de Yolanda Díaz ha aceptado una serie de enmiendas para dar más peso a esos partidos en las futuras direcciones autonómicas aunque mantendrá el esquema previsto para la dirección estatal. Las direcciones de las formaciones políticas tendrán una cuota reservada del 30%. 

Este sábado, en el espacio La Nave de Madrid, Sumar celebrará su primer congreso para empezar a dotar de estructuras democráticas y orgánicas a un proyecto que hasta ahora únicamente funcionaba como coalición electoral. Ese día saldrá refrendada la lista que encabeza Yolanda Díaz –solo hay una candidatura alternativa, con mínimas opciones– y también los documentos que ha redactado la dirección provisional creada ad hoc para organizar la asamblea.

Para el desarrollo de la asamblea, Sumar creó hace unos meses una dirección ampliada (Grupo Promotor) y una ejecutiva (Grupo Ejecutivo) con presencia de dirigentes de los partidos políticos que quieren integrarse en el futuro frente amplio y también de personas de la sociedad civil con los que Yolanda Díaz quiere dar forma a la “pata ciudadana” del proyecto. 

De esa dirección salieron los primeros borradores de documentos para la asamblea del 23 de marzo. Pero las ponencias, sobre todo la organizativa, se presentaron sin un acuerdo real con los partidos que forman el Grupo Promotor: Izquierda Unida, Más Madrid, Catalunya en Comú, Verdes Equo e Iniciativa del Pueblo Andaluz.

Por un lado, algunas formaciones pedían que las organizaciones tuvieran un peso superior al 30% en la dirección estatal. Por otro, el despliegue territorial de Sumar incomodaba a formaciones como Más Madrid o los comuns, que tienen un fuerte arraigo en sus comunidades.

Sumar abrió un plazo, que terminó la semana pasada, para que los inscritos plantearan enmiendas a los documentos. Aunque ningún partido impulsó correcciones, sí las canalizaron a través de su militancia. De todas las enmiendas presentadas, Sumar ha aceptado algunas, transaccionado otras cuantas y desechado la mayor parte. Las cinco más votadas de todas las que no han sido aceptadas total o parcialmente se votarán el mismo día de la asamblea.

Una de las modificaciones incluidas ya en el documento final –que los inscritos pueden votar hasta el 20 de marzo junto con las candidaturas– aumenta el número total de integrantes de la dirección y toca ligeramente el peso de los partidos en ella. 

Hasta ahora, esa dirección (Grupo de Coordinación, según la nomenclatura del documento) contaba con 113 miembros. 76 correspondían a inscritos de Sumar (personas de la sociedad civil o militantes de otros partidos), 4 inscritos de Sumar elegidos por sorteo para las votaciones, y 33 para personas elegidas directamente por las organizaciones políticas. Esto es, una relación de 70,8% a 29,2% entre la ‘pata ciudadana’ y los partidos. 

Ahora la dirección pasa a estar formada por 121 miembros. 80 serán inscritos de Sumar integrados en las listas, 4 serán inscritos elegidos por sorteo y 37 provendrán de las organizaciones. La relación apenas cambia: 69,41% a 30,57%. 

Este punto preocupaba especialmente a los partidos de corte estatal y particularmente a Izquierda Unida, que había pedido en público y en privado modificar una relación que, consideran, no se corresponde con la realidad del proyecto. En esa formación creen que su peso para el desarrollo de Sumar primero como proceso de escucha, después como coalición y ahora como frente amplio ha sido fundamental, mucho más grande que una parte dentro de ese 30% a repartir entre cinco formaciones. 

El responsable de Organización y coportavoz de IU, Ismael González, ha celebrado que la dirección haya aceptado las enmiendas que dan más peso a las organizaciones en los territorios pero ha precisado que “siguen siendo necesarios mecanismos como las primarias o los referéndums” para que los inscritos puedan votar. IU es la principal fuerza estatal de Sumar y la que, a priori, puede aportar el mayor número de inscritos para las votaciones. 

La asamblea de este sábado será el inicio de un proceso que Sumar quiere culminar el otoño que viene –un plazo que no comparten todas las organizaciones, que creen que no hace falta correr– y donde se terminarán de definir las reglas para la construcción de ese frente amplio. Será la frontera que definirá si ese frente amplio se constituye con éxito o todo queda en una coalición electoral como la que ya funciona o lo que fue Unidas Podemos en las pasadas legislaturas.

Acuerdo para el despliegue territorial

Sumar sí ha logrado una suerte de consenso para uno de los principales dolores de cabeza en estas negociaciones: el despliegue territorial. El proceso hasta llegar aquí ha sido complejo. La creación de una formación política con asiento en las provincias y comunidades irritó primero a Compromís, que no forma parte de la construcción orgánica del proyecto pero sí de la coalición electoral. Y después enfadó a Más Madrid, que incluso salió públicamente a quejarse de la celebración de asambleas autonómicas de Sumar en la capital y en la comunidad. 

Todo se encaminó en las semanas posteriores con pactos bilaterales, primero con los comuns en Catalunya, después con Más Madrid y finalmente con la pata andaluza de la formación, en la que están organizaciones como Iniciativa del Pueblo Andaluz. 

En un intenso ciclo electoral con gallegas, vascas, europeas y ahora catalanas, el debate territorial está siendo central en todo el proceso de construcción orgánica. “La propia existencia de SUMAR está en riesgo en las comunidades autónomas por el tremendo error teórico y práctico que supone no contar con las comunidades autónomas en el proceso constituyente de SUMAR”, advertía la Plataforma Sumar Andalucía en un post en este diario.

Algunas de las cuestiones que plantearon se han atendido, según indican fuentes de ese espacio. Entre ellas la “federalización” de la organización que reclamaban, para pasar de un “modelo provincializado por uno más plurinacional”.

Pero sobre todo, el nuevo documento introduce cambios en la composición de los Grupos de Coordinación territoriales. Aquí también se establece una relación del 70/30, aunque el nuevo texto introduce una enmienda para que se puedan hacer “excepciones” en función de la “realidad territorial”. 

El otro 70%, dice el nuevo texto, estará formado por personas inscritas en Sumar, “sean o no militantes de los partidos”. Una clarificación del documento anterior sobre un extremo que ya estaba previsto y que de hecho ya ocurre en la lista para el Grupo de Coordinación estatal: dentro del 70% pueden entrar miembros de otras formaciones políticas. En la lista de Yolanda Díaz para el grupo estatal, por ejemplo, figuran cuatro personas de los comuns y otras cuatro de IU. 

El nuevo documento también introduce una enmienda para que la elección de esas listas territoriales se haga por “consenso” de todos los componentes de Sumar. “En el caso que el consenso no fuera posible para la elección del 70% de los grupos territoriales”, dice el nuevo texto, “se articularán procesos democráticos de elección basados en el principio de una persona un voto de las personas inscritas en Sumar en el correspondiente territorio”. Esto es, serán los inscritos, entre los que también figuran los militantes de cada partido, quienes podrán elegir el contenido de esas direcciones, aunque no está claro si ese tipo de procesos democráticos se harían mediante primarias abiertas o siguiendo otra fórmula de elección. 

El despliegue definitivo de estos grupos es una de las cuestiones que el documento define que se hará a partir de la asamblea constituyente de otoño. Los acuerdos con las fuerzas políticas en los territorios, también incluyen, por ejemplo en el caso de los comuns, el respeto a la fuerza preexistente y la no competición electoral. 

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