Los vocales progresistas del CGPJ critican que se les excluyera de la reunión con el Consejo de Europa

Gianni Buquicchio, presidente de la Comisión de Venecia del Consejo de Europa, visitó España la semana pasada. Mantuvo una reunión informal con la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, y con la Ministra de Exteriores, Arancha González Laya, y visitó el Tribunal Constitucional. Buquicchio mantuvo además un encuentro con dos vocales del Consejo General del Poder Judicial, que le transmitieron sus preocupaciones por la reforma del Poder Judicial que limita sus funciones mientras tenga el mandato caducado. De la reunión solo se informó después al resto de vocales al día siguiente; los progresistas critican que se les haya dejado al margen.

Los dos vocales que participaron en la reunión fueron Nuria Díaz Abad y Juan Martínez Moya, ambos del sector conservador del CGPJ y encargados de los asuntos internacionales del Consejo. Se reunieron con Buquicchio –y con sus cuatro acompañantes– el pasado 2 de junio sin informar previamente al resto de vocales y solo dieron cuentas del encuentro al día siguiente, el jueves 3, durante la celebración de la Comisión Permanente del CGPJ.

Varios vocales progresistas han presentado una queja formal por ese encuentro al considerar que se ha realizado “a espaldas del Consejo”, y en el que aseguran que se transmitió la queja en nombre del CGPJ sobre la reforma del Gobierno que impide al Poder Judicial hacer nuevos nombramientos mientras se encuentre en funciones.

La vocal Clara Martínez de Careaga ha criticado ese encuentro en el Pleno que se ha celebrado este lunes, y a su protesta formal se han unido los vocales progresistas Concha Sáez, Pilar Sepúlveda, Rafael Mozo y Álvaro Cuesta. Entre sus críticas están que se trata de una clara deslealtad al Gobierno y a los propios miembros del CGPJ, a los que solo se informó una vez pasada la reunión, y que no tuvieron oportunidad de dar su visión de la reforma a Buquicchio. Han criticado que se haya realizado esa queja sobre la reforma del Poder Judicial al presidente de la Comisión de Venecia, un órgano consultivo, sin competencias, y cuya misión es asesorar en asuntos constitucionales.

Además, los progresistas han lamentado que se haya excluido su punto de vista ante a la Comisión de Venecia, y han afeado a los dos vocales que estén utilizando su posición para “desgastar al Gobierno y confundir a la opinión pública”. Consideran también que acudir al Consejo de Europa es una maniobra para “internacionalizar” su lucha contra el Ejecutivo.

Según fuentes del sector progresista del CGPJ, el presidente, Carlos Lesmes, ha admitido durante la reunión que la actuación de los dos vocales conservadores no había sido la más correcta. Fuentes del CGPJ argumentan que tanto Díaz Abada como Martínez Moya son los encargados de las cuestiones internacionales del Consejo y que la reunión se acordó a instancias de la propia Comisión de Venecia.

“En el transcurso de la reunión los vocales entregaron a la Comisión copia de los acuerdos adoptados por el Pleno el 28 de octubre y el 17 de diciembre, pero aparte de eso no hubo debate sobre el tema de la reforma legal que afectó al Consejo”, sostienen fuentes del CGPJ. Esos acuerdos incluían el envío a la Comisión de Venecia sus críticas a la reforma.

El sector conservador del Poder Judicial mantiene una guerra abierta contra el Gobierno por la reforma aprobada el pasado 24 de marzo, que impide que el CGPJ pueda nombrar jueces si su mandato está caducado, como es el caso del actual. La reforma está centrada en tasar las funciones que el órgano de gobierno de los jueces puede realizar cuando sus vocales no hayan sido renovados en plazo. La principal limitación es que no pueda hacer nombramientos en la cúpula judicial como los 74 que ha realizado el actual CGPJ desde que en diciembre de 2018 caducó su mandato. Entre ellos, los de 21 plazas en el Tribunal Supremo, consideradas especialmente sensibles porque esos puestos, salvo renuncia, se mantienen hasta la jubilación, fijada para jueces y magistrados a los 72 años.

Con esta proposición, presentada el pasado diciembre tras paralizar la tramitación de otra reforma que preveía un cambio en las mayorías necesarias para elegir a los vocales y que generó un amplio rechazo, los socios de Gobierno pretendían aumentar la presión para que el PP accediera a renovar el órgano de gobierno de los jueces tras varios intentos fracasados. Sin embargo, los populares siguen instalados en el rechazo a negociar esa renovación.

El CGPJ ha mostrado en multitud de ocasiones su descontento con esta reforma y criticaron a la Mesa del Congreso por no dejarles dar su opinión sobre el texto legal. En una resolución a la que también se opusieron los vocales progresistas, el CGPJ lamentó que no se les escuchase y aprobó solicitar un informe a la Comisión de Venecia. Eso sí, por la vía oficial y no a través de una reunión a espaldas del resto de vocales.