Vox aprieta pero no ahoga a sus socios autonómicos: mantiene su apoyo a cambio de imponer su discurso
Los resultados del 10N no solo fortalecen a Vox en el Congreso. El partido de Santiago Abascal ha salido reforzado en las autonomías en las que ha promovido gobiernos de derechas. En comparación con el 28A, en Andalucía han duplicado su representación pasando de seis a doce diputados en la Cámara Baja y en Murcia y Madrid han conseguido dos escaños más en cada una de las circunscripciones.
En estas comunidades han conseguido imponer su discurso tensando la relación con PP y Ciudadanos a cambio de sustentar sin grandes amenazas los ejecutivos autonómicos de derechas. Tras los resultados de las elecciones municipales y autonómicas del 26 de mayo, Vox optó por adoptar una postura rupturista con sus aliados políticos llegando a asegurar que pediría entrar en los gobiernos como condición para dar su apoyo.
En el Ayuntamiento de Madrid estiraron la cuerda hasta horas antes de la proclamación de José Luis Martínez Almeida como alcalde. En Murcia llegaron a tumbar el primer intento de investidura del popular Fernando López Miras. Finalmente, la contundencia de sus alegatos fue reduciéndose y favorecieron ejecutivos de derechas en las grandes instituciones en las que eran decisivos.
Por ejemplo, en Murcia el líder del PP consiguió ser proclamado presidente a finales de julio, tres semanas después del primer intento, a cambio de introducir términos como “violencia intrafamiliar” o el derecho de los padres a elegir “el tipo de educación moral que reciban sus hijos” en el acuerdo ratificado por las tres derechas.
Sin embargo, los de Abascal abandonaban de forma puntual una de sus batallas: su lucha contra los derechos del colectivo LGTBI. Vox renunciaba a revisar la Ley LGTBI murciana para votar a favor de la investidura y daba su apoyo a un Gobierno que actualmente tiene una Consejería que cuenta con esas siglas en su nombre.
La experiencia andaluza ha servido para conocer cómo influye la extrema derecha en los gobiernos afines. Desde diciembre tienen representación y en esta comunidad ya se han aprobado dos presupuestos gracias a los votos de los de Abascal. Durante la negociación en junio de las primeras cuentas, que coincidió con las conversaciones para formar gobierno en Madrid y Murcia, Vox puso en peligro su aprobación hasta el último momento.
Dejó agonizar el presupuesto andaluz
La formación de extrema derecha llegó a registrar una enmienda a la totalidad con propuesta de devolución contra los presupuestos que retiraron desde la tribuna en el último momento, tras llegar a un acuerdo después de cuatro horas de pleno. Vox daba su apoyo a cambio de incluir medidas sobre “violencia intrafamiliar” e “inmigración irregular”.
En las segundas cuentas, la formación de Abascal continuó abriendo brecha a su discurso y ha conseguido introducir en el acuerdo pactado con PP y Ciudadanos para los presupuestos del 2020 definitivamente partidas presupuestarias para desarrollar sus propuestas ideológicas.
Cesiones económicas para sus propuestas ideológicas
Lograron 300.000 euros “para la gestión del teléfono para la protección de violencia intrafamiliar” o un “proyecto de inversión por importe de 150.000 euros” para “seguir reforzando la seguridad de los menores atendidos e los centros MENAs”. A pesar de que las cifras no establecen esa necesidad, PP y Ciudadanos se plegaron a las peticiones de Vox para imponer su discurso a cambio de sus votos.
El índice de delincuencia asociado a los menores migrantes tutelados en Andalucía es del 0,54%, según datos anunciados por la propia Junta de Andalucía. Esta misma semana, el fiscal de Sala Coordinador de Menores, Javier Huete, también desmontaba la relación entre violencia y niños y adolescentes extranjeros. “Yo no detecto, en las memorias de las fiscalías que son los datos que puedo utilizar, que haya un aumento ni que cometan más delincuencia que los nacionales”, apuntó en declaraciones a los periodistas tras intervenir en el IV Congreso Interés Superior del Niño.
Arrastró a la derecha durante la campaña
Tras su irrupción en las instituciones, uno de los grandes éxitos de la estrategia del partido de extrema derecha ha sido la imposición de su discurso, a pesar de la radicalidad de sus mensajes xenófobos y contra minorías. Esta semana han conseguido volver a centrar la atención mediática con su discurso negacionista con la violencia de género, impidiendo en varias instituciones, como las Cortes Valencianas, el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, o el Consistorio de Córdoba declaraciones institucionales contra esta lacra.
Durante la campaña electoral del 10N volvieron a imponer su agenda, arrastrando a PP y Ciudadanos que votaron a favor de una Proposición No de Ley (PNL) –una medida que no es vinculante– en la Asamblea de Madrid en la que pedían al Gobierno central que ilegalizase los “partidos separatistas que atenten contra la unidad de España”.
Días después y ya pasadas las elecciones, la formación del dimitido Albert Rivera y de Pablo Casado cambiaban de postura ante el mismo texto en el Parlamento cántabro y se desmarcaban de esta iniciativa, al considerar que era “un atropello al Estado de Derecho”. Esta retractación le permitía a Vox reafirmarse en su decisión y calificar a sus socios en Murcia, Andalucía y Madrid de “veletas”. “El consenso progre gira por complejos y electoralismo”, apuntaban desde su cuenta de Twitter.
De esta forma, Vox mantiene su discurso contra PP y Ciudadanos, pero las críticas por ahora no ponen en peligro la continuidad de estos gobiernos. En Madrid, los enfrentamientos entre la portavoz del partido de extrema derecha, Rocío Monasterio, y la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, suelen protagonizar los plenos en la Asamblea. Durante la exhumación de Franco, la presidenta de Vox Madrid acusó al Gobierno regional de convertirse en “cooperadores necesarios” de esta actuación “por inacción, por cobardía o por pasividad” siendo aliados de la izquierda.
Sin embargo, cuando han tenido la oportunidad de apretar un poco más a la presidenta autonómica, han desistido. Al día siguiente de las elecciones del 10N, Vox se abstenía en la votación de la Mesa del parlamento madrileño que pedía la comparecencia de la presidenta de la Comunidad de Madrid en la Comisión de investigación de Avalmadrid. Se evitaba también la comparecencia del resto de expresidentes regionales: solo acudirán directores generales, así como trabajadores y altos cargos de la entidad inspeccionada.
No apoyan la declaración de Ayuso por Avalmadrid
Desde Vox no han querido explicar a eldiario.es su cambio de postura después de que permitiesen que la izquierda representada por PSOE y Más Madrid se hiciera con la mayoría en la mesa de la comisión. Monasterio solo se limitó a destacar que era “coherente”. Pero llama la atención este posicionamiento porque uno de los objetivos políticos de Vox, dicen, se centra en desmantelar los chiringuitos que dilapidan subvenciones y, como publicó esta redacción, el socio principal de Avalmadrid es el dinero público: más de 16 millones anuales que suponen más de un 30% del total suscrito.
Por su parte, en Andalucía, se han tratado de desmarcar de forma más contundente de Ciudadanos, aunque con afirmaciones de las que se han ido retractando. La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, ha estado en el disparadero de sus críticas. Tras tomar posesión de su cargo, el propio Santiago Abascal llegó a asegurar que si no era cesada ellos pedirían “su reprobación” en el Parlamento, después de que se recuperase un artículo publicado por Ruiz en 2013 en el que aseguraba que “las procesiones de Semana Santa son desfiles de vanidad y rancio populismo cultural”.
La reprobación no se produjo, la consejera pidió disculpas y la contundencia de Abascal desapareció. En septiembre, el portavoz parlamentario de Vox, Alejandro Hernández, volvió a la carga solicitando un “recambio más pronto que tarde” al frente de la Consejería de Igualdad asegurando que probablemente esta política era “lo peor” del Gobierno andaluz. Un día de después matizaba sus palabras asegurando que no pedía su reemplazo, sino que sus palabras se trataban de “una percepción y no una petición”.
En Murcia el futuro determinará si su ratificación el 10N como primera fuerza en esa autonomía modifica sus exigencias. Por ahora Abascal aseguró este lunes que no iban a “subir el precio” de su apoyo o poner el “riesgo de la gobernabilidad” en esos territorios, a pesar de que el partido de extrema derecha lleva varias semanas reivindicando que el Gobierno de López Miras ha desoído varios puntos del acuerdo.
Por ejemplo, denuncian que el aumento de altos cargos en el Ejecutivo murciano o la negativa de Ciudadanos a apoyar el pin parental –una medida que permite a los padres decidir la asistencia de sus hijos a charlas relacionadas con contenidos éticos, sociales, cívicos morales o sexuales– viola su pacto de investidura.
Próximo objetivo: los presupuestos murcianos
Tras el 10N el portavoz parlamentario autonómico, Juan José Liarte, se limitaba a asegurar que “tarde o temprano” habrá “consecuencias” por incrementar el número de altos cargos. Uno de los nuevos diputados murcianos Luis Gestoso ya ponía la vista en las cuentas autonómicas. “No vamos a aprobar los presupuestos del presidente López Miras si no se aplican las medidas acordadas en el pacto de investidura, como el pin parental”, aseguró después de conocer el resultado de las elecciones.
En diciembre se cumplirá un año desde que Vox consiguió representación en Andalucía. Durante estos meses han conseguido imponer su discurso en los medios y en las instituciones que tienen representación. Uno de los últimos casos se produjo la semana pasada, el Ejecutivo de Moreno Bonilla borraba el término “género” de su congreso anual sobre economía para la igualdad entre mujeres y hombres.
En el Ayuntamiento de Madrid, el Gobierno de PP y Ciudadanos también anunciaban un guiño al partido de extrema derecha en su proyecto de presupuestos del 2020. Se comprometía a la desaparición del 30% de las subvenciones nominativas, aquellas que se otorgan a determinadas entidades sin concurso previo. La extrema derecha celebra su irrupción vanagloriándose de haber abierto “todos los debates prohibidos”, en alusión a temas como la inmigración o la violencia de género, populares y Ciudadanos se lo han permitido a cambio del apoyo de Vox para gobernar.
