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Cinco meses de Vox en el Parlamento andaluz: batallas ideológicas y votos contra las mociones sociales

Santiago Abascal y Francisco Serrano en una imagen de archivo

Laura Galaup / Ana Ordaz

A pesar de la pérdida de apoyos respecto a las generales, el 26M constató la entrada de Vox en instituciones autonómicas y municipales. La formación de extrema derecha ha entrado por primera vez en los parlamentos de Madrid, Murcia, Aragón, Castilla y Léon, Cantabria y Asturias. Tras la constitución de estas cámaras autonómicas se determinará qué papel juega el partido de Santiago Abascal en las cámaras (y tal vez gobiernos) regionales. Por ahora el único espejo en el que se pueden mirar se sitúa en Andalucía; allí llevan cinco meses presentes en el Parlamento.

Estas son las posturas que han defendido sus 12 diputados, tras la irrupción triunfal en los comicios del 2 de diciembre.

Pobreza energética. Vox votó a comienzos de mayo contra la toma en consideración de la iniciativa legislativa presentada por una treintena de ayuntamientos de varias provincias para combatir la pobreza energética. El objetivo de esta propuesta era adoptar una serie de medidas para paliar y reducir las dificultades a las que hacen frente las familias en situación de vulnerabilidad que tienen problemas para pagar las facturas de luz y gas. En el escrito recogían un plan de medidas de eficiencia energética, como abonar los recibos para evitar cortes de suministros tras hacer una valoración del riesgo de exclusión y potenciar el ahorro energético para reducir el consumo.

El portavoz andaluz de Vox, Francisco Serrano, justificó su decisión aferrándose a un informe del letrado mayor que alude a la decisión del Tribunal Constitucional que falló contra el decreto catalán y asegurando que excede las competencias autonómicas. “Yo creo que el señor Sánchez, con 26.000 millones que nos va a subir los impuestos, tendrá para pagar estas necesidades, yo creo que con esto hay”, aseguró en el pleno del 2 de mayo. Otra de las soluciones por las que abogó Serrano se centraba en destinar a esta población vulnerable las subvenciones de la memoria histórica, las “dotaciones de adoctrinamiento de género” y los sueldos de los “9.000 empleados intrusos que no se han atrevido todavía a expulsar de esa administración paralela”. Junto a Vox también votaron en contra de esta medida PP y Ciudadanos.

Doñana. El partido de Santiago Abascal fue el único que se desmarcó de alguno de los puntos de la Proposición No de Ley con la que el pleno del Parlamento andaluz reclamó al Gobierno autonómico el impulso de un gran pacto social y político para la protección del espacio natural de Doñana. Esta formación se opuso a la petición al Ejecutivo central de la cancelación del “proyecto industrial de almacenamiento de gas del subsuelo” del parque y a la elaboración de un plan de transición energética para compatibilizar la creación de empleo y la conservación del espacio natural.

Además, se mostraron en contra de la ampliación de zonas protegidas “mientras no se consiga que eso suponga un beneficio para los onubenses”, aseguró su diputado Rafael Segovia. “Vox está en total desacuerdo con un blindaje típico de un ecologismo inmovilista, que supone convertir el parque en un mausoleo”, añadió su portavoz. A pesar de la falta de apoyo de esta formación, esta propuesta fue aprobada.

Discapacidad. A nivel autonómico, esta formación ha incluido en su programa marco para las elecciones del 26M el impulso de un plan de integración de personas con discapacidad. Sin embargo, en Andalucía no han apostado por crear espacios de debate para reflexionar sobre este colectivo, ya que en el Parlamento esta formación fue el único partido que no se posicionó a favor de la creación de una Comisión permanente no legislativa sobre discapacidad. Los doce representantes de Vox se abstuvieron en esa votación.

“Creemos que, si el Gobierno realmente tiene la voluntad política de trabajar por los discapacitados, lo puede hacer mucho antes, y no tiene que esperar tres o cuatro años”, apuntó el diputado Alejandro Hernández en el pleno del 7 de marzo. En su justificación aseguró que las medidas aprobadas en ese espacio se desarrollarían al final de la legislatura. Desde esta formación abogaban por que el Gobierno adoptase decisiones inmediatamente y el Parlamento desechase la Comisión.

Infancia. Vox adoptó la misma postura y fue el único partido que votó en contra de la creación de una comisión permanente no legislativa sobre políticas para la protección de la infancia. En este asunto, la postura fue defendida con argumentos singulares por el portavoz del grupo, Francisco Serrano. “¿Una comisión nueva de orden no legislativo, para qué?, ¿para seguir fomentando el efecto llamada a menores que no llegan acompañados desde el norte de África a Andalucía?, ¿para qué?, para no ofender a las mafias que trafican con la infancia”, comenzó defendiendo. “¿Para qué, para dejarles sin Día del Padre y de la Madre para no ofender al colectivo LGTBI; para dejarles sin celebrar procesiones para no ofender a culturas minoritarias; para dejarles sin padres, sin madres, sin familia materna o paterna por no reconocer que se les manipula, aliena y maltrata psicológica y emocionalmente?”, añadió en su argumentación.

Casas de apuestas. En el último pleno los partidos se posicionaron sobre uno de los temas más polémicos de los últimos meses: la gestión de las casas de apuestas físicas u online, así como la publicidad de estas empresas entre niños y jóvenes. El texto finalmente fue aprobado con algunas modificaciones. Vox compartió gran parte de los puntos, en la defensa de su postura reconocieron que la sociedad se tenía que dar cuenta “de que es un problema de la salud pública en el que tanto las familias, las escuelas y, por supuesto, la Administración deben implicarse”.

Sin embargo, no apoyaron los epígrafes impulsados por Adelante Andalucía que afectaban a las empresas gestoras de estos negocios, tal y como reconoció su diputada María José Piñero. “No nos vamos a meter en la actividad que los salones de juego realicen, puesto que están regulados por la actividad comercial y aprobada por la ley del juego”, expuso. Las votaciones se realizaron en bloques y en el boletín que recoge la transcripción oficial del pleno no se aclara qué puntos no apoyaron desde este partido. La formación de extrema derecha no ha querido especificarlos a esta redacción y desde el equipo de prensa del Parlamento han remitido al grupo de Teresa Rodríguez porque son los promotores de esta iniciativa.

De acuerdo a la información facilitada por el partido de izquierdas, Vox no votó a favor de prohibir las terminales de apuestas en salones de juego, tampoco apoyaron la recomendación a los ayuntamientos de que se elimine cartelería de estas casas en mobiliario urbano ni la prohibición de que la administración firme convenios de colaboración con estas empresas. De acuerdo con su política económica, tampoco secundaron la petición al Gobierno central de aumentar el tipo aplicable en el impuesto sobre estas actividades.

Condiciones térmicas en centros educativos. El partido de extrema derecha se quedó solo en su negativa a que se tomase en consideración una proposición de ley para mejorar las condiciones térmicas y ambientales de los centros educativos andaluces mediante técnicas bioclimáticas y uso de energías renovables. Según se expone en el texto, el objetivo de esta normativa se centraba en garantizar a los alumnos “un ambiente confortable en términos de temperatura, humedad y ventilación de las edificaciones”.

Entre las medidas propuestas incluyen una “auditoría energética de los centros educativos” y la elaboración de una guía para la “rehabilitación ambiental bioclimática”, así como el “uso de energías renovables”. Ante este tema, el diputado de Vox Rodrigo Alonso reseñó en el pleno que “hablar de mejoras está bien” pero considera que “lo que hay que hacer es mejorar de una vez todos los centros educativos” a través de “un plan de inversiones real e instar al Gobierno de la nación a desarrollar un plan de la energía”.

Movilidad sostenible. Esta formación también se opuso a la moción relativa a movilidad presentada por Adelante Andalucía. Finalmente, parte del texto propuesto fue aprobado por el pleno, a pesar de que desde la formación de extrema derecha alabaron el modelo actual de transporte porque reseñan que “ha proporcionado la posibilidad de crear riqueza y bienestar que han hecho de España uno de los mejores países en calidad de vida”.

Frente al texto de la moción, que apuesta por estudiar medidas dirigidas a reducir el transporte en vehículos motorizados de carácter privado en el ámbito urbano o el fomento de la intermodalidad en el transporte público, el diputado Francisco José Ocaña defendió una movilidad que dote a ciudades y pueblos grandes de anillos de circunvalación para “mejorar sustancialmente la movilidad, aumentando el flujo de vehículos”.

Subasta de medicamentos. En la primera ocasión que tuvo el PSOE nada más asumir su papel como líder de la oposición, presentó una PNL en el pleno para que el resto de partidos se retratasen sobre una de las medidas estrellas del Gobierno socialista. En ella solicitaron al Parlamento que manifestase “su apoyo al carácter público, universal y gratuito” del sistema de salud que asienta su viabilidad “en una adecuada financiación y en medidas de eficiencia y equidad como la subasta de medicamentos”. Asimismo, los socialistas buscaban con esta petición que el Consejo de Gobierno mantuviese el “sistema de selección pública de medicamentos de Andalucía y extenderlo a nuevos principios activos”.

Desde la formación de extrema derecha el diputado Alejandro Hernández reseñó que su partido está en contra de la subasta de medicamentos. “Entendemos que el hecho de que se recete de esta manera estrictamente porque se fomenten lo que son las recetas por principios activos a medio plazo está demostrando que puede ser perjudicial para la salud de los ciudadanos”, aseguró al justificar su posición. Sin embargo, el médico y antiguo secretario general de Sanidad del Ministerio del ramo, Fernando Lamata, no apoya esta argumentación y recuerda a este diputado “que la misma autoridad sanitaria que le permite comercializar el producto de marca es la que dice que el genérico es igual de seguro”. Esta propuesta fue rechazada por el pleno con votos en contra de las tres formaciones de derechas.

Reto demográfico. El pleno andaluz aprobó el pasado 3 de mayo una PNL que insta a la Junta a crear una estrategia ante el reto demográfico. En esta ocasión, Vox se posicionó a favor de la mayor parte de puntos que apostaban por poner en marcha medidas para combatir la despoblación en zonas rurales. El representante de este partido aseguró que ante este reto es “necesario fomentar un plan integral de apoyo a las familias”, centrado en “el fomento de la natalidad” y en el impulso de “industrias locales”.

Esta formación se pronunció en contra de los incrementos económicos que se incluyen entre las propuestas de la PNL, tampoco sostienen las medidas centradas en conseguir la “igualdad de género en el desarrollo local” ni los puntos que trataban de garantizar el sistema educativo y la atención sanitaria en estas zonas, según el sentido del voto hecho público por el Parlamento andaluz, información que esta redacción también ha cotejado con el PSOE, partido impulsor de la medida.

Salvamento Marítimo. Vox presentó una PNL para instar al Gobierno de España a que evite que los operativos de Salvamento Marítimo realicen rescates y se desplacen a aguas territoriales que no son de su competencia, aludiendo específicamente a Marruecos. Más allá de sus propios diputados, ninguna otra formación apoyó esta propuesta. Al presentar su medida, Vox llegó a acusar a este organismo de hacer de “taxi” o “autobús” para las ONG que avisan de las salidas desde Marruecos.

Lucha contra la violencia de género. Uno de los principales caballos de batalla de Vox es la lucha contra lo que la formación denomina “ideología de género”, “hembrismo”, “yihadismo de género”. Así, el partido de extrema derecha se estrenó en el Parlamento de Andalucía votando en contra de una PNL titulada Ni un paso atrás contra la violencia de género. Sólo dos semanas más tarde volvió a votar en contra de la igualdad, al rechazar en bloque otra propuesta para conmemorar el 8 de marzo como “el tiempo de las mujeres” para “avanzar sin retrocesos”.

Memoria Histórica. Otra de las cuestiones que han vertebrado el discurso del partido de Abascal es su oposición a las políticas centradas en la reparación a las víctimas del franquismo. El pasado 21 de marzo el PSOE presentó al pleno una moción en la que se recogían 21 puntos con medidas para “garantizar a la ciudadanía andaluza el derecho a conocer tanto la verdad de los hechos acaecidos” desde la Segunda República hasta la entrada en vigor del primer Estatuto de Autonomía para Andalucía, fomentar las medidas de investigación científica centradas en la recuperación de la Memoria Histórica en esta autonomía o continuar con los trabajos para identificar a las víctimas halladas en fosas.

El diputado de Vox Benito Morillo defendió que esta normativa “supone la supresión del olvido en un ejercicio morboso y sin beneficio para nadie”. Se refirió a los investigadores que trabajan en las fosas como “buscadores de huesos”. “El deseo de controlar no solo el presente sino también el pasado es una característica común de las dictaduras, que actúan a través de propaganda falsa, de la distorsión de la verdad y de la supresión de los hechos”, respondió sobre esta moción. Desde el momento en el que presidieron la Comisión de Cultura, en la que se incluyen los temas de reparación a víctimas del franquismo, no han dudado en decir que pedirán la derogación de la ley de Memoria Histórica.

Esta redacción ha tratado de recabar la versión de Vox en reiteradas ocasiones, este partido no ha contestado a ninguna de las peticiones de información realizadas por eldiario.es.

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