ALERTA ALIMENTARIA

Magrudis rompe su silencio tres años después y carga contra el Ayuntamiento de Sevilla por el brote mortal de listeriosis

A los responsables de Magrudis, la empresa de Sevilla donde se originó el mayor brote de listeriosis de la historia de España en agosto de 2019, les conocemos de cuando recorrieron el pasillo de los juzgados de Sevilla camino de la prisión preventiva. Sus representantes legales han decidido romper su silencio tres años más tarde cargando contra el Ayuntamiento de Sevilla que, en su opinión “hizo dejación de sus obligaciones de control y colaboración con el productor”. “Si hubiese hecho bien su trabajo, el brote de listeriosis hubiese sido controlado sin consecuencias graves o no se hubiese producido”, trasladan a elDiario.es Andalucía.

Los letrados Hilario Aranda y María Hernández, del despacho Abogasur, basarán su defensa en la acreditación de que la empresa acusada “hizo todo lo previsto en el plan de autocontrol para evitar el riesgo del contagio por listeriosis en sus productos”. Cabe recordar que la listeriosis se cobró la vida de cuatro personas, provocó siete abortos y más de 200 afectados. El Juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla decidió en junio continuar las actuaciones contra siete personas y declaró responsable civil al Ayuntamiento de Sevilla. Tanto el grueso de las personas perjudicadas por el brote como Facua-Consumidores en Acción han solicitado penas de hasta doce años de prisión para los cuatro máximos responsables de las empresas que estaban tras la marca 'La Mechá', diez años para la veterinaria municipal del Ayuntamiento de Sevilla que autorizó el plan de autocontrol de Magrudis y dos años para el arquitecto técnico que trabajaba para el negocio.

Hay siete acusados por un delito contra la salud pública en concurso ideal con cuatro delitos de homicidio imprudente, seis delitos de lesiones al feto por imprudencia grave con resultado de aborto y 244 delitos de lesiones por imprudencia grave. Se trata del administrador único de Magrudis, Sandro José Marín; su padre y administrador de hecho de la entidad, José Antonio Marín; su otro hijo, Mario Marín; Encarnación Rodríguez, esposa de Sandro José; la inspectora veterinaria municipal María José O.B.; y las sociedades Magrudis y Elaborados Cárnicos Mario.

Los representantes legales de la familia (los padres y los dos hijos) y de las dos empresas critican abiertamente el sistema de autocontrol impuesto a los productores de alimentos procesados “por insuficiente” y responsabilizan del incidente de intoxicación alimentaria a la administración que tienen la responsabilidad de aplicar los sistemas de seguridad alimentaria mediante las inspecciones necesarias. “La administración y en este caso el Ayuntamiento de Sevilla, hizo dejación de sus obligaciones de control y colaboración con el productor”, explican días antes de formalizar su escrito, donde plasmarán los criterios jurídicos que constituirán los argumentos de la defensa. “Lo que parece claro y ya se anticipa es que el Ayuntamiento de Sevilla, como responsable civil de los daños personales causados, podría ser condenado a indemnizar a las víctimas de este hecho”, señalan. Facua ha solicitado recientemente al juzgado la expulsión del Ayuntamiento como acusación después de que haya presentado su escrito de conclusiones provisionales solicitando el archivo del caso contra la veterinaria municipal. La Fiscalía, en estos días, trabaja en su escrito de calificación de los hechos.

“Le puede pasar a cualquier productor de alimentos procesados”

Según recuerdan los abogados a este periódico, la listeria es una bacteria que se encuentra en la carne adquirida en los mataderos oficiales. “Es increíble que la instrucción no haya querido analizar la carne en origen y que den por supuesto que la materia prima viene contagiada y que es el manipulador quien debe someter el producto al procesamiento adecuado para desinfectarlo”, explican. Los abogados consideran que “lo que ocurrió en Magrudis le puede pasar a cualquier productor de alimentos procesados y, de hecho, sigue ocurriendo unas 200 veces al año en España”.

En ese sentido indican que, de acuerdo a las incidencias en el registro de la Agencia Española para la Seguridad Alimentaria (AESAN) y el Informe del Sistema Coordinado de Intercambio de Información (SCIRI), “comprobamos que España sigue siendo uno de los países que más alertas sanitarias internacionales produce en la UE, siendo los incidentes de alerta sanitaria por intoxicación biológica los más abundantes (salmonelosis, listeria y otros). El útimo de esos episodios se produjo precisamente a finales del mes pasado, cuando la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de la Junta informó de que estaba procediendo a la retirada en los canales de comercialización de embutido de hígado (morcilla) elaborado por la marca Chacinas El Bosque al detectarse listeria en una de las muestras analizadas.

A juicio de los representantes de Magrudis, “los riesgos de seguridad alimentaria no son exclusivamente responsabilidad de los productores ni la administración puede eludir su parte de responsabilidad efectiva por incorporar en una legislación obsoleta enunciados como '…los productores serán los únicos responsables….'

A los letrados les surgen “múltiples preguntas”: “¿Por qué el Ayuntamiento de Sevilla no inspeccionó la empresa Magrudis ante la solicitud de licencia de apertura de la empresa? ¿Por qué el Ayuntamiento de Sevilla concedió la licencia si para otorgarla se prevé una inspección de los servicios veterinarios de seguridad alimentaria? ¿Por qué se tardó más de dos semanas en identificar el origen del brote de listeriosis (precisamente las que tuvieron más incidencia toxica) si se habían tomados muestras en la empresa para su estudio? ¿Por qué se tardó casi tres semanas en ordenar la suspensión de la producción y retirar del mercado los productos de Magrudis?

Estas y otras cuestiones se plantearán en el juicio, que aún no está señalado, si bien los abogados insisten en que “la responsabilidad de la magnitud de la incidencia del brote de listeriosis con origen en Magrudis es de la administración competente en la aplicación de los sistemas de seguridad alimentaria y en la actuación posterior surgida con un brote”. De hecho apuntan que “algunas cosas han cambiado desde Magrudis en la gestión administrativa de las alertas sanitarias por intoxicación alimentaria”, lo cual supone “un síntoma evidente de que no se hacía bien”.

La Junta reconoció “muchos fallos”

“Nuestros representados son inocentes del delito que se les acusa, pero ya han cumplido la pena de prisión y han quedado arruinados de por vida, sin haber aún sentencia”, concluyen. Los responsables de la empresa fueron puestos en libertad provisional en marzo de 2020 sin haber satisfecho la fianza de cinco millones de euros impuesta al conjunto de investigados del caso, cuatro de los cuales recibieron el archivo de las actuaciones en su contra.

La póliza del Ayuntamiento de Sevilla aportada por la veterinaria municipal, según las últimas novedades de la causa, cuenta con un límite de indemnización de 1,20 millones de euros. Una cantidad que se aleja bastante de las estimaciones del grueso de las personas en la acusación particular, representada por el letrado Germán Grima, quien apuntó que el conjunto de indemnizaciones se prevé entorno a los cinco millones de euros. Cabe recordar que, a mediados de julio, la acusación particular había solicitado al juzgado que requiriera a la veterinaria municipal y al Ayuntamiento hispalense que identificaran a las compañías con las que tenían suscrita la póliza de seguro de responsabilidad civil y aportaran las condiciones generales y particulares de dichas pólizas, a lo que ha accedido el juzgado.

El peor brote de listeriosis conocido en España se convirtió en la primera gran crisis del Gobierno andaluz de PP y Ciudadanos. La Junta de Andalucía cerraría la alerta sanitaria y alimentaria por listeria dos meses después del brote mortal por la contaminación, confirmada el 14 de agosto de 2019. La Junta no hizo mucha autocrítica de la gestión del brote de listeriosis y sacó pecho al comienzo, aunque en última instancia, una vez superados los momentos más críticos, reconoció “muchos fallos”. El consejero de Salud, Jesús Aguirre, que como en la crisis de la COVID-19 fue el principal portavoz de la Junta, se refirió en su última comparecencia pública a la dificultad para implementar los protocolos de actuación y para identificar las primeras muestras, así como las comunicaciones con el Ayuntamiento de Sevilla. El brote se advirtió “en las últimas semanas de julio” ante el incremento de casos de infección por listeria, que se alargaron con el arranque del curso político, hace tres septiembres. La situación de alerta quedó cerrada el 17 de octubre tras 20 días sin ningún caso nuevo.