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Pablo Iglesias dará visibilidad al problema de la dependencia, pero con poco margen presupuestario para solucionarlo

Las entidades de servicios sociales celebran la nueva vicepresidencia pero reclaman más financiación para un sistema "atascado" y con listas de espera de más de un año

2019 cierra como el primer año desde los recortes en el que aumentan las listas de dependencia: 20.000 personas más en espera

Iglesias 'recupera' al dimitido Nacho Álvarez con un puesto de "invitado permanente" en la nueva dirección

Pablo Iglesias, con el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, en una imagen de archivo en el Congreso de los Diputados.

Pablo Iglesias, como vicepresidente de Derechos Sociales, ha heredado en el nuevo Gobierno las competencias en dependencia. Iglesias ha estado presentando estas semanas la Ley de Violencia contra la Infancia como una de sus normas estrella, pero en su estreno este jueves en la Comisión de Derechos Sociales del Congreso ha enumerado otras "medidas cruciales" de su vicepresidencia, "acciones transversales" contra la desigualdad "dentro del compromiso con la Agenda 2030". Entre ellas, algunas para este nuevo ámbito que recae en él: una ley marco que garantice "una cartera mínima" de Servicios Sociales en todas las comunidades; y una "mejor financiación" para el Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).

La dependencia, hasta la pasada legislatura, pendía del Ministerio de Sanidad. Ahora se gestionará a través de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales que ha creado Iglesias y que ya dirige Nacho Álvarez, dentro de la cual estará el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso). La herencia puede suponer un lastre y su abordaje no es fácil, ya que está condicionado por las negociaciones de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), como apuntan fuentes cercanas a la nueva vicepresidencia. Lo que pasa al equipo de Iglesias es un sistema que "está atascado", describen las entidades del sector, y que todavía no se ha recuperado de los recortes de Mariano Rajoy. Casi todas las competencias en Servicios Sociales y dependencia están transferidas a las comunidades autónomas, motivo por el cual todo obedece a cómo se repartan los PGE.

2019 terminó como el primer año desde 2015 en el que aumentaban las personas que tenían reconocido su derecho a recibir una prestación o servicio como dependientes pero seguían esperando: son 269.854. A la vez, 159.193 esperan a que les valoren su grado, un récord en 7 años. El tiempo medio para todo el proceso es un año y dos meses, y unas 80 personas mueren al día sin completarlo. Las trabajadoras de residencias y a domicilio, unas 250.000 en todo el país –el 90%, mujeres–, cobran un sueldo mínimo inferior a los 1.000 euros mensuales.



Lo primero que piden las entidades del sector para resolver esa situación es dinero. CCOO y UGT reclamaron la semana pasada una reunión "urgente" con Iglesias para tratar el tema. Desde la vicepresidencia aseguran estar más que dispuestos a ese encuentro y lo tienen también como prioridad, pero todavía no se ha podido poner fecha. Los sindicatos reconocen que en un único ciclo político será "imposible" alcanzar los niveles de cobertura de antes de la crisis.

CCOO y UGT van a trasladarle a Iglesias cuando le vean una meta: aumentar durante los dos primeros años el presupuesto para la dependencia en 4.000 millones de euros. Es lo que calculan necesario para, además de cubrir las prestaciones, dignificar "las condiciones de las trabajadoras", sobre todo las de los centros que son "servicios públicos prestados por empresas privadas a través de licitaciones". Los sindicatos, y plataformas familiares como Pladigmare, también le pedirán al vicepresidente una ley estatal de residencias que regule las ratios; esto es, que estipule, amplíe y registre en todas las comunidades el número de personal de enfermería y de gerocultoras por usuario y gravedad.

José Manuel Ramírez es presidente de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, con quienes el secretario de Estado Nacho Álvarez tiene previsto reunirse para una primera toma de contacto este viernes. Ramírez recuerda que hay un Pacto de Estado para la Dependencia firmado en 2016: "No hace falta hacer uno nuevo, basta con cumplirlo". Y habla de los 500 millones destinados al SAAD que contemplaba ese Pacto, una partida que llegó a estar en los PGE de 2019 que no salieron adelante.

Esos 500 millones deberían estar en los próximos, si se aprueban, como lo "mínimo para llegar a niveles anteriores a 2012" únicamente en cuanto a las listas de espera, opina Ramírez. Como las comunidades tienen las competencias en servicios de atención, convendría además que todos los presupuestos fueran finalistas, es decir, que las transferencias a autonomías tuvieran objetivos concretos que no pudiesen desviarse a otros ámbitos. Actualmente, el Estado pone solo un 20% de la financiación y las autonomías un 80%, cuando según la Ley de Dependencia de 2006 debería ser al 50%. El reto esta legislatura es llegar al menos a un 40% y 60%.

"Los cuidados son feminización de la pobreza"

La primera reunión de Nacho Álvarez con el sector tuvo lugar el pasado jueves, y fue con representantes del Consejo General del Trabajo Social (CGTS). Tras contextualizar al secretario de Estado sobre la realidad y carencias de los profesionales y usuarios, en el encuentro hubo dos puntos clave: la creación de una ley marco de Servicios Sociales y la petición de una financiación estable para el Plan Concertado de Prestaciones Básicas, que también el Gobierno de Rajoy dejó de cofinanciar y que garantiza los servicios en los ayuntamientos, "los de más proximidad para los ciudadanos". Álvarez les reconoció "la importancia de los Servicios Sociales como cuarto pilar del Estado de Bienestar", y desde el Consejo agradecían a la salida "su buena disposición, diálogo y actitud de colaboración".

Emiliana Vicente, presidenta del CGTS, menciona en conversación con eldiario.es sus prioridades, parecidas a las de José Manuel Ramírez: "Hay que corregir un problema claro de financiación y favorecer la atención en el entorno más próximo. Y meter mano en la autonomía personal, que se olvida siempre". "Se habla de reducir las listas en un 75%, ¿y por qué no en un 100% como objetivo?", se pregunta. Entre otras tareas, según su criterio esta legislatura se deberían revisar las incompatibilidades entre servicios –ahora mismo solo se pueden duplicar ayudas si una es la teleasistencia– y las cuantías por cuidado familiar: una persona de Grado III, el más grave, recibe de media 367,64 euros al mes.

"¿Quién hace un trabajo 24 horas por ese dinero?", se pregunta Vicente sobre esos 367,64 euros. Ella misma se responde: "Mayoritariamente, las mujeres. En un 83%. El trabajo de los cuidados es feminización de la pobreza. Recuperar la Seguridad Social para las cuidadoras familiares ha estado muy bien, pero no es suficiente. Si es un Gobierno verdaderamente progresista y feminista, ha de dar una vuelta a esto". Ella lamenta que "en general, llegamos tarde. Hay abandono de las personas en situación de dependencia y de sus cuidadores. La de 2006 fue una ley que nació del consenso y que debería haberse cumplido. La gente fallece esperando. Son desigualdades sociales con los más vulnerables".

Ambos, Ramírez y Vicente, coinciden en una crítica al organigrama: que desaparezcan explícitamente los servicios sociales. Lo que antes era una Secretaría de Estado con ese nombre –Servicios Sociales– integrada en Sanidad, ahora está dentro de la Secretaría de Derechos Sociales, motivo por el que la máxima entidad en dependencia será el Imserso. "Invertir ahí será lo más importante", explica Ramírez, "pero nos parece mal eliminar el nombre: educación es educación, sanidad es sanidad y servicios sociales son servicios sociales, el cuarto pilar del Estado de Bienestar". Ramírez sí celebra que la figura mediática de Pablo Iglesias pueda ser "una oportunidad para ser visibles y que sus anuncios estén en la agenda pública".

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