“Estoy muy agradecida” y “ningún apoyo”: la cara y la cruz de los municipios que más y menos invierten en servicios sociales
“Estoy muy agradecida, he cambiado de vida y estoy mejor”, repite Francisca a lo largo de la conversación. Hace poco más de un año, esta vecina de Baza acudió a servicios sociales para hablar con una asesora jurídica sobre un conflicto con la casa que tenía en común con su pareja. “Allí salió a relucir todo lo demás”, señala. Por “todo lo demás” se refiere a que los trabajadores sociales de este municipio granadino, de 20.000 habitantes, identificaron que era víctima de violencia de género y pusieron en marcha todo el protocolo de denuncia.
Baza (PSOE) es el municipio de más de 20.000 habitantes que destina mayor porcentaje del presupuesto a servicios sociales. Algo más de 4 millones de euros, el 24,1% del total. Así se recoge en un estudio elaborado por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, a partir de los datos extraídos del portal de servicios telemáticos del Ministerio de Hacienda, referentes al presupuesto liquidado de 2017, presentado por 404 consistorios. Pero, además del porcentaje de inversión, el análisis ofrece también una comparativa de la cantidad destinada a esta partida por habitante. En este aspecto, encabeza el ranking Errentería (Bildu), con 275,74 euros por vecino, y lo cierra Arroyomolinos (Ciudadanos), con 11,74.
“Por nuestra experiencia, hay poco interés”, lamenta Marina Prieto. Es la presidenta de la Asociacion ProTGD, de familias con personas con autismo, y madre de un menor gran dependiente. Vive en Arroyomolinos, Madrid. “Si me preguntas qué le proporciona el ayuntamiento a mi hijo, fuera de las colonias deportivas de los dos últimos años y una plaza de aparcamiento cerca de casa, te puedo decir que ningún apoyo”, lamenta. ¿Qué necesitaría? “Ayudas para acceder a terapias, apoyo psicológico, proyectos de respiro…”, enumera. Para minimizar estas carencias intentan que los menores puedan acceder, a través de cesiones, a actividad que se realizan en otros ayuntamientos: natación adaptada en Móstoles, programas de ocio a las familias en Alcorcón o recursos privados, quien puede permitírselos.
“En otros ayuntamientos sí recibimos subvenciones para este tipo de proyectos, pero en Arroyomolinos ni siquiera sabemos si se convocan, porque no llega la información. Ni siquiera nos han enviado el número de registro de la asociación”, explica Prieto. “No se han preocupado por preguntar a las personas que tiene una situación de vulnerabilidad dentro del municipio qué necesitan”, lamenta antes de añadir que “esos 11 euros por habitante no sé en qué los invertirán”. 11,74 euros que el concejal de Hacienda de este consistorio de unos 30.000 habitantes, José Vicente Gil, niega tajantemente. “Mezclan gasto corriente con inversión. El gasto corriente supone un 3,66% del presupuesto. El gasto realizado en asistencia social, sin contar lo que está repartido en otros programas, es de 1.090.000 euros. A eso habría que añadirle subvenciones a los colectivos, becas, cultura, deporte y el gabinete psicológico de apoyo. Llegamos a 1,6 millones”, justifica.
Gil denuncia además que los ayuntamientos mejor posicionados en la lista son lo que cuentan con un régimen foral. “Rentería recibe solo de transferencias de la diputación y el gobierno vasco más de 27 millones de euros. El presupuesto de Arroyomolinos es de 29”, denuncia. “Si la Comunidad de Madrid me da lo que me corresponde en transferencia de ingresos, no hago un centro de día, hago cuatro”, advierte. No obstante, el alcalde de Rentería, Julen Mendoza, pone como ejemplo del esfuerzo de su consistorio en política social las ayudas de emergencia social. Estas están destinadas a que familias en situaciones de especial vulnerabilidad puedan pagar el alquiler o la hipoteca, la factura de la luz o cubrir necesidades básicas. Unas ayudas que son competencia del gobierno vasco. “En 2011, nuestro municipio invertía 495.000 euros, de los que 425.000 eran del gobierno vasco. En 2017, ponían 458.000, pero resulta que la cantidad de necesidad de ayuda aumentó a 1.066.000 euros”, explica. Ese medio millón largo de euros corrió a cargo de las arcas municipales, relata.
“Hay compañeros que están mucho peor”
“Varitas mágicas no tenemos”, reconoce Antonio Javier Ramón, trabajador social de Baza. “Nuestros problemas son comunes en toda España: muchísimo trabajo, mucha demanda… Aquí, por suerte, no ha habido recortes, sino que se apostó por aumentar los recursos en los años de la crisis”, se alegra. Ramón ha trabajado en programas de infancia y familia, el último año ha sido trabajador social de referencia (la puerta de entrada al sistema público de servicios sociales) y acaba de ser nombrado director del centro de servicios sociales. “Hay días que te sientas y no te levantas ni para ir al servicio”, explica, “pero hay compañeros que están mucho peor”. Pone como ejemplo los tiempos de espera: “Depende de la solicitud, pero está entre una y dos semanas. Comparados con otros municipios, que tienen meses, no es nada”.
En ese sentido, Ramón apuesta por los profesionales. “Sin profesionales no se puede sacar adelante el sistema público de servicios sociales”, afirma. Precisamente, que los ratios de atención sean los adecuados permite a estos trabajadores analizar cada caso y prestarle la atención requerida. Como ocurrió con Francisca. “No solo fui una vez, fui varias. La primera, para consultar el tema jurídico; la segunda me hicieron una encuesta donde me preguntaban cosas relacionadas con mi matrimonio. Ahí salió todo. Me atendieron muy bien y no tuve que esperar nada. Después me ofrecieron apoyo psicológico para mi hija y para mí”, relata. Ella estuvo acompañada y asesorada durante todo el proceso: “Estoy muy agradecida, porque no era capaz”, vuelve a decir.
Baza es uno de los municipios andaluces con más asociaciones y ONGs por habitante. Unas asociaciones con las que se trabaja desde el ayuntamiento, como explica su alcalde, Pedro Fernández. Pero, de los más de 4 millones de euros destinados a servicios sociales, más de la mitad, unos 2,5 millones, se invierten en dependencia; en ayudas a domicilio están contratados 170 trabajadores, que atienden a 600 usuarios; existe un plan de integración en Las Cuevas, el barrio tradicionalmente más desfavorecido; y van a ampliar la residencia municipal y el centro infantil de atención temprana. Mientras presume de que este es el tercer año consecutivo que Baza aparece en el ránking, Fernández resume: “Nos sentimos satisfechos de que cualquier persona que tenga la necesidad de acudir a servicios sociales tenga todas las opciones y nunca esté en una situación de desamparo”.
