De 'la brecha salarial no existe' al bulo sobre los agresores inmigrantes: guía rápida con datos para responder a las machistadas navideñas

Lo sabemos: la Navidad es ese momento del año en el que las conversaciones incómodas tienden a aumentar. Los bulos, el uso interesado de datos o las afirmaciones facilonas se reproducen en prácticamente todos los temas, pero en lo que tiene que ver con feminismo y derechos de las mujeres no falla. Hemos preparado respuestas llenas de datos y explicaciones para contratacar a las machistadas más habituales. Algunas son más novedosas, otras son viejas conocidas que no dejan de repetirse. Sea la que sea, aquí una guía rápida para poder responder con rigor.

Muchísimas mujeres ponen denuncias falsas

Según la última memoria de la Fiscalía, el promedio de denuncias falsas entre los años 2009 y 2022 es del 0,0083% del total. El año pasado se interpusieron 182.073 denuncias en los juzgados especializados en violencia sobre la mujer. Según la última Macroencuesta de Violencia contra la Mujer, el 57,3% de las mujeres mayores de 16 años que viven en España han sufrido algún tipo de violencia machista en su vida.

La brecha salarial no existe

La existencia de la brecha salarial es un hecho constatado por numerosos organismos, como por ejemplo la Organización Internacional del Trabajo. Hay diferentes maneras de medirla (comparando el salario por hora o bien tomando como referencia el salario medio anual de mujeres y hombres), y por eso las cifras que la miden pueden oscilar. El último informe al respecto de Comisiones Obreras sitúa la brecha en el 20,9%: el salario medio anual de los hombres es de 27.322 euros y de 22.601 euros para las mujeres.

¿Por qué existe la brecha salarial? Podemos simplificar la explicación en tres razones. Una, porque hay puestos de trabajo que, pese a tener funciones parecidas o de igual valor, se remuneran de manera diferente. Pese a las razones que esgrimen los negacionistas de la brecha, sí existen puestos similares con sueldos distintos y de hecho hay sentencias que así lo constatan. Es una discriminación indirecta que implica una mayor valoración para las tareas y trabajos desempeñados tradicionalmente por hombres o asociados a características masculinas. Un ejemplo: en muchos hoteles las camareras de piso han cobrado menos que los camareros de barra, a pesar de que su trabajo tiene un valor igual, o una secretaria puede estar menos valorada salarialmente que un asistente de dirección.

Otra de las razones tiene que ver con el trabajo de cuidados no pagado: las mujeres seguimos ocupando más horas en las labores domésticas y de cuidados a otras personas y ese tiempo va en detrimento del empleo remunerado. Esa división sexual del trabajo, como la ha llamado la teoría feminista desde hace décadas, está basada en estereotipos, mandatos e ideas profundamente arraigadas. Y hace que, por ejemplo, las mujeres sigan siendo mayoría en el empleo a tiempo parcial o entre quienes reducen su jornada, por eso los salarios medios anuales de las mujeres tienden a ser más bajos.

Los complementos salariales son la tercera razón: buena parte de la brecha no se da en el salario base sino en complementos que, también, tienden a premiar o bien funciones típicamente masculinas o asociadas con la masculinidad (por ejemplo, un complemento de peligrosidad por trabajar en una obra pero no para quien maneja productos tóxicos limpiando) o bien la libre disponibilidad, que premia a quien quiere o puede permitirse no dedicar tanto tiempo a los cuidados.

Ahora hay más violaciones que antes

Las denuncias por violencia sexual han crecido exponencialmente en la última década en nuestro país: de las 9.000 registradas en 2012 a las 17.389 de 2022, es decir, casi el doble, según los datos contenidos en los balances de criminalidad del Ministerio del Interior. Sin embargo, no hay ningún informe ni fuente que constate un aumento en sí de la violencia. Las expertas hablan más bien de un clima social que ha llevado a una ruptura del silencio sin precedentes alrededor de la violencia sexual y en el que las movilizaciones y la pedagogía feminista de los últimos años ha tenido mucho que ver. Eso hace que el número de mujeres que llega a denunciar aumente. Aún así, según la Macroencuesta de Violencia, el 80% de las mujeres que sufren algún tipo de agresión sexual no denuncian.

Lo mismo sucede con la violencia que captan las encuestas: cuanta más conciencia y percepción social hay más probable es que las mujeres preguntadas detecten las violencias sufridas y las reporten. Ha sido en los últimos años cuando estalló el #MeToo. En España, el caso de 'la manada' supuso también un punto de inflexión.

Mañana me levanto y puedo ser mujer

El Congreso aprobaba definitivamente la ley trans el pasado febrero. La norma incluye la autodeterminación de género sin condiciones, esto es, sin necesidad de que exista ningún dictamen médico u obligación de haber pasado por algún tratamiento hormonal o quirúrgico. Ahora bien, la ley sí contempla un proceso administrativo que cumplir.

Para los menores de entre 12 y 14 años exige un aval judicial (para obtenerlo, la jueza o el juez puede solicitar las pruebas que considere oportunas). Para quienes tienen entre 14 y 16 años incluye la necesidad de contar con el consentimiento de sus progenitores. Es a partir de los 16 años cuando la autodeterminación se produce sin condiciones. Eso sí, la persona solicitante debe acudir al Registro Civil y reafirmar su decisión ante la misma administración tres meses después. Será entonces cuando obtengan la modificación registral de su DNI. El proceso podrá revertirse a los seis meses mediante resolución judicial.

La justicia es quien garantiza que no se produzcan fraudes de ley. En Canarias, tres autos judiciales pioneros ya han denegado el cambio de sexo por fraude de ley: el magistrado entendía que los hombres querían beneficiarse de medidas de “discriminación positiva”.

Han salido muchísimos violadores a la calle

Una vez entró en vigor la ley de libertad sexual, algunos jueces entendieron que podían aplicar rebajas de penas. La nueva norma unificaba los anteriores delitos de abuso sexual y agresión y eso conllevó una nueva horquilla de penas. En general, lo que antes se calificaba como abusos pasaban a tener penas mayores y lo que se entendía como agresiones sexuales, algo menores. Puesto que se entiende que toda acción sin consentimiento es una agresión, la horquilla incluye penas más bajas que antes para poder sancionar conductas más leves. De media, el suelo y el techo de las condenas de los delitos sexuales, en general, son más bajos ahora que con la anterior versión del Código Penal. La norma incluía agravantes que permitían aumentar condenas en determinados casos, por ejemplo, cuando existiera sumisión química.

La discusión técnica sobre esos cambios es lo que ha llevado a algunos jueces a aplicar una rebaja de las condenas: han entendido que la nueva norma beneficia al reo y el Código Penal establece que una ley puede aplicarse retroactivamente en ese caso. No todas las voces interpretan el texto igual. Los últimos datos disponibles del Poder Judicial señalan que los tribunales han acordado unas 1.233 reducciones de pena. De ellas, 126 han supuesto excarcelaciones. Los mismos datos muestran que la mayoría de casos que se revisan no implican reducción de condena: solo en el 31,1% de casos que se revisan se ha aplicado una bajada. El Tribunal Supremo, que es el órgano que sienta jurisprudencia, ha aplicado reducciones de condena en el 20,3% de casos que ha revisado, unos 30 de 150.

La mayoría de agresores sexuales son inmigrantes

La Estadística de condenados por delitos sexuales, que elabora el INE a partir de la información del Registro Central de Delincuentes Sexuales del Ministerio de Justicia, muestra que en 2022 había 3.201 personas condenadas por delitos sexuales: 3.104 hombres y 97 mujeres. De todas ellas, 2.225 eran de nacionalidad española y 976 de otras nacionalidades.

En ocasiones, la afirmación es más concreta. Por ejemplo, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha afirmado que los inmigrantes son el 69% de imputados en violaciones grupales. Sin embargo, no existen en España datos oficiales que recopilen agresiones sexuales diferenciadas por número de autores. Ese dato aparece en el informe ‘Agresores sexuales con víctima desconocida’, del Instituto de Ciencia Forense y Seguridad del CSIF y la Universidad Autónoma de Madrid, que analiza una muestra de denuncias y atestados policiales en las que víctima y agresor no se conocían. Y, dentro de ellas, evalúa brevemente las cometidas en grupo.

El informe concluye que las agresiones cometidas por más de un hombre suponen un 4% del total de las que se producen entre desconocidos. De ellas, el 31% lo fueron por españoles y el 69% por extranjeros. Sin embargo, el análisis deja fuera las perpetradas en grupo cuando la víctima y el agresor sí se conocían (esto es, cuando forman parte del entorno o llevan juntos más de 24 horas), que son, precisamente, las más comunes: según este mismo estudio, el 80% de las denuncias pertenecen a esta categoría.