Castilla y León revisará el protocolo contra el maltrato infantil tras el caso de la niña asesinada en Valladolid
El caso de la pequeña de cuatro años que murió asesinada en Valladolid a pesar de que un pediatra alertó 22 días antes de lesiones por posibles malos tratos, ha hecho que la Junta de Castilla y León se plantee revisar el Protocolo Básico de Intervención Contra el Maltrato Infantil en Ámbito Familiar. “Tenemos un protocolo que no se activó y habrá que estudiar el refuerzo de la comunicación y la coordinación entre todos los implicados”, ha reconocido el gerente de Servicios Sociales de la Consejería de Familia, Carlos Raúl de Pablos.
“Hemos hecho campañas importantes desde que el protocolo se puso en marcha en 2007, pero puede ser que haya un porcentaje de profesionales sanitarios y de otros ámbitos que no lo conozcan”, comentó de Pablos. El gerente admitió que algo falló en el caso de la pequeña Sara. Tal y como adelantó eldiario.es, el protocolo no se activó, a pesar de que el caso se detectó correctamente en un hospital privado y, a consecuencia de ello los servicios sociales conocieron el caso 10 días más tarde, cuando la Fiscalía de Menores se lo remitió. Era desde el propio hospital desde dónde se debía informar de manera inmediata.
La muerte de la niña por graves lesiones 23 días después ha conmocionado tanto a los trabajadores de la propia gerencia, como a la Unidad Familia y Mujer (UFAM) que tramitó la denuncia, como a la Fiscalía de Menores, que intentó por todos los medios localizar el caso en el juzgado sin éxito. Se tramitó como una denuncia por violencia de género porque la madre indicó a los agentes que la interrogaron que el padre de la niña, fuera de España en esos momentos, la había maltratado psicológicamente. El maltrato contra la pequeña pasó a un segundo plano, hasta el punto de que llegó a perderse en el Decanato durante 10 días y cuando llegó a un juzgado de instrucción, el 3 de agosto, la niña estaba muerta.
“Lo más doloroso es esa muerte. Creemos que desde servicios sociales todo se hizo correctamente, pero eso no quiere decir que el sistema no pueda mejorar”, dijo De Pablos. Los trabajadores sociales no comunicaron ni a la Policía ni a la Fiscalía que la madre cambió la fecha en la que había que visitarla después de que en una primera entrevista no les cuadrasen las explicaciones. Tampoco lo hicieron cuando a pesar de haber fijado una nueva cita, llegó el día y nadie abrió la puerta.
¿Un fallo de comunicación?
Apenas una semana después del caso de Sara, la UFAM se encontró con un caso similar. La víctima era una niña de 12 meses y los denunciantes, sus padres, en proceso de separación. El padre acusaba a la madre de abusos sexuales contra la pequeña, y la madre acusaba al padre de violencia de género. Al contrario que se hizo en el caso de Sara, los agentes responsables contactaron primero por vía telefónica con el juez de guardia. Poco después presentaban ante este su atestado, y un segundo al juez de Violencia sobre la Mujer. En el caso de Sara, el atestado se presentó a un único juez, el de Violencia Sobre la Mujer, que tras archivar la causa extrajo testimonio (parte del atestado) sobre los malos tratos a la niña y los envió al Decanato, donde se perdieron.
La niña había sido trasladada al Hospital Clínico Universitario por una posible ingestión accidental de cocaína, además. La pediatra que la examinó contactó rápidamente con el juez de guardia para adelantar que la niña parecía estar en buen estado físico, sin signos de abuso sexual. Estaba a la espera de recibir los resultados de las pruebas para detectar drogas en su organismo. Poco después desvelaban un positivo alto en cocaína que se confirmó en una segunda prueba. El juez indicó entonces a la facultativa que debía poner el caso en conocimiento de los servicios sociales y la niña debía ser examinada por un médico forense. En esos momentos los padres ya estaban detenidos, y la abuela estaba al cuidado de la pequeña.
Al día siguiente el juzgado de instrucción no había recibido ninguna comunicación de Servicios Sociales, competente para asumir la tutela de la menor. Tras recibir un oficio, la Gerencia comunicó que no había tomado ninguna decisión, por lo que el juez les adelantó que imponía la medida cautelar de retirada de tutela, que pasaba a asumir la Junta.
¿Por qué la Junta no había tomado ninguna decisión al día siguiente de descubrir que la niña tenía cocaína en su organismo? “Nosotros tuvimos conocimiento de ese resultado a través del juez, no se nos comunicó nada por parte del hospital, pero es que además ya se nos había dicho que el juez iba a retirar la tutela, por eso nosotros estábamos a la espera de esa decisión”, aseguró De Pablos.
¿Falló de nuevo la comunicación con los Servicios Sociales? “No sé si falló o no, pero en cualquier caso la niña estaba ingresada en el hospital y no corría peligro”, dijo De Pablos. Lo cierto es que para evitar un encontronazo entre familias, el juez también se encargó de llamar a la Sala Conjunta de Policía Local y Nacional para que esa noche vigilasen discretamente la zona del hospital donde estaba ingresada la pequeña y donde permanecerá hasta el miércoles.
Tras pasar a disposición judicial, ambos progenitores ingresaron en prisión. Una de las pruebas contra la madre es un vídeo donde supuestamente tocaba a la niña de manera inapropiada. El vídeo, grabado con un móvil, fue aportado por el padre, pero los investigadores no descartan que lo grabase el mismo en un juego sexual con la que era su mujer.
