Historias de estudiantes a los que el 3+2 de Wert sacaría de la universidad

Gonzalo no ha podido matricularse de todas las asignaturas del 4º curso del Grado en Historia que está estudiando porque no tiene dinero para pagar. A duras penas llega a hacerle frente a los 1.000 euros que le cuestan seis asignaturas. El curso completo, que consta de diez, asciende a 1.600 euros. Algo que es “imposible de desembolsar” para este joven de 22 años que estudia en la Universidad Complutense de Madrid.

Los 1.300 euros mensuales que ingresa su madre se quedan cortos para afrontar la subida de tasas que ha experimentado la universidad pública española en los últimos años. “El primer año pagué 700 euros por un curso entero y cuatro años después este precio ha aumentado más del doble”, sostiene Gonzalo, que vive con su madre y su hermana en Madrid.

Define su caso como “la pescadilla que se muerde la cola”. El único año que pudo pagar todas las asignaturas del curso fue el primero, cuando el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte le concedió la beca que cubría los costes de matrícula. A partir de entonces, el endurecimiento de los requisitos le dejó fuera del sistema porque suspendió un par de asignaturas. Gonzalo lo explica así: “Al dejar de recibir la beca, no pude matricularme de todas las asignaturas, así que menos probabilidades de que me la volvieran a dar tenía, pues era necesario cursar un mínimo de créditos a los que yo ya no llegaba”.

Gonzalo teme la entrada en vigor del decreto conocido como 3+2, que abre la puerta a reducir los grados universitarios de cuatro años –más uno de máster, voluntario u obligatorio dependiendo de la carrera– a tres años –más dos de máster–. Aunque aún no se ha definido cómo va a implementarse, lo más probable es que dos planes de estudio diferentes convivan durante algunos años en la universidad, como ocurrió con la entrada en vigor del Plan Bolonia –licenciaturas y grados se daban en las mismas facultades–. Gonzalo cree que existe el riesgo de que los estudiantes como él, que se están “retrasando” porque no pueden costearse las asignaturas de un curso completo se vean obligados a cambiarse al nuevo plan.

Encarecimiento de los estudios

Desde su aprobación el pasado 30 de enero, el decreto 3+2 ha suscitado la oposición de la práctica totalidad de la comunidad educativa. De hecho, los estudiantes han realizado un referéndum en las seis universidades públicas madrileñas, en el que han votado 32.000 alumnos. Los resultados son casi unánimes: el 97,6% de los participantes ha rechazado la normativa. En opinión de Rodrigo Bazzano, uno de los impulsores de la consulta, la reforma supondrá “una elitización de la universidad pública, a la que solo podrán acceder aquellas personas que tengan suficientes recursos económicos”.

El argumento empleado por los estudiantes es que los grados se reducirán a tres años y se convertirán en papel mojado en el mercado laboral. Algo que el propio decreto pone sobre la mesa al reconocer que tendrán un carácter “básico y generalista”. Por ello se hará necesario cursar un máster, a precios prohibitivos para la mayoría, con el objetivo de especializarse. Según los datos aportados por el Ministerio de Educación, un grado cuesta de media 4.500 euros –1.110 euros por año– y un máster de un año 2.358. Con la reforma, la universidad se pondría en los 8.100 euros –3 años de grado más dos de máster–. Si tomamos como referencia la Comunidad de Madrid, donde los precios casi doblan la media, estos mismo estudios costarían 15.000 euros.

Cuando oye estas cifras Gonzalo resopla. Para familias como la suya son precios imposibles de afrontar. “Mi madre gana lo justo para poder vivir. Si ya muchos nos encontramos con el agua al cuello para pagar 1.000 euros de matrícula imagínate esas cantidades”, comenta indignado. El joven ha votado en contra de la reforma en el referéndum. Considera que es un decreto “segregador y antidemocrático por la forma en que se ha aprobado”. Y es que los estudiantes piden que el ministro José Ignacio Wert les escuche a la hora de tomar este tipo de decisiones.

Por ello, acudirán al Ministerio de Educación a entregarle en mano los votos. “Esta vez va a tener que hablar con los estudiantes porque nosotros no nos vamos a callar”, explica Bazzano. Alejandra Soto, portavoz de la Plataforma Referéndum 3+2, comenta que “las acciones continuarán hasta que no se derogue este decreto”. De hecho, apoyarán la huelga universitaria que se celebrará el próximo 24 de marzo.

Converger con Europa

Para estudiantes como Zoe también sería inviable costearse la universidad en un escenario en el que el 3+2 fuera el plan de estudios existente. Hace tres años se trasladó de Mallorca a Madrid para empezar el grado de filosofía en la Universidad Complutense de Madrid. Sus padres están separados y él nunca se ha hecho cargo de la pensión que en teoría tiene que transferirle a su hija. “Cada curso me cuesta 1.600 euros, pero se me hace muy cuesta arriba pagarlos porque siempre he dependido de la beca”. Este año no la ha recibido porque suspendió dos asignaturas en segundo. Sin embargo, ha puesto una reclamación de la que todavía no ha obtenido respuesta. “Los requisitos fijan que es necesario aprobar el 90% de los 66 créditos que yo cursé, pero como las asignaturas constan de seis cada una, el resultado es una cifra inexacta, imposible de cumplir”, explica.

Sin la beca Zoe no puede costearse todos los gastos que le supone estar en Madrid, donde vive junto a otras compañeras en un piso de alquiler que le cuesta 300 euros mensuales. Otros años a estas alturas el ministerio ya le había ingresado los 5.000 euros que le corresponden por umbral de renta y con los que debería hacer frente a todas las facturas que tiene sin pagar desde el inicio de curso. Su madre apenas puede ayudarle porque no tiene empleo fijo. Es auxiliar de enfermería y hace trabajos temporales con los que ingresa unos 600 o 700 euros al mes. Para intentar “tirar hacia adelante”, Zoe trabaja como camarera en un bar los fines de semana. “He firmado un contrato de cinco horas semanales por 450 euros, pero hago 20 horas: cuatro los viernes y ocho los sábados y ocho los domingos”, dice esta joven de 23 años.

A Zoe le gustaría hacer un máster de recursos humanos en un futuro, pero lo ve como “algo inviable”. Considera que el decreto 3+2 es una forma de expulsar de la universidad a los que, como ella, no tienen suficientes medios. Según el ministro Wert el objetivo es homologar los estudios universitarios a los del resto del continente. Sin embargo, según el estudio El coste de estudiar en Europa, elaborado por el Observatori Universitari, España es el séptimo país donde más cuesta estudiar un grado y el quinto en el caso de los másteres. “Si Wert quiere homologar los estudios, que homologue primero los precios y deje de mentir”, sostiene tajante Soto.