Un soldado herido en acto de servicio acampa en Defensa para reclamar la pensión reconocida por la justicia

Con una bandera de España al cuello y otra colgada sobre la fachada del Ministerio de Defensa, Andrés Merino atiende a un grupo de señoras que están paseando al perro por los aledaños del madrileño Paseo de la Castellana. “Para lo que ha quedado este país, ¡qué vergüenza!”, responde una de ellas al escuchar su relato.

Merino (39 años), que trabajó durante 10 años en el Ejército de Tierra, protesta porque Defensa lleva desde el mes de mayo sin cumplir la sentencia firme que obliga al Ministerio a abonarle, con carácter retroactivo, una pensión por haberse lesionado en acto de servicio.

“En 2013 me pusieron en la calle, sin derecho a pensión ni a indemnización, después de dos operaciones de columna en las que me implantaron varios tornillos. Me vi sin ingresos para alimentar a mi familia. Tengo seis hijos”, les cuenta a estas vecinas del distrito de Chamartín, una zona acomodada de la capital, cercana al estadio Santiago Bernabéu.

Los vecinos de la zona se paran al ver la pequeña acampada que ha montado este murciano en una de las entradas del edificio público. A pesar del frío que ha hecho en Madrid, Merino lleva desde el martes durmiendo y viviendo en una bocacalle de la Castellana, sin que las fuerzas de seguridad que custodian el emplazamiento le hayan puesto problemas. Asegura que está en huelga de hambre y que solo bebe líquidos.

“¿Ha servido a España en el extranjero?”, interrumpe otra mujer durante la entrevista de Merino con eldiario.es. “Sí, en 2004 estuve en Afganistán con la brigada paracaidista. Allí sufrí el primer accidente de columna. Al volver pasé un tribunal médico, determinaron que ya no era apto para estar en una unidad operativa. Tenía tres hernias de disco”, le contesta.

Despedido, sin ingresos y con seis hijos

Así lo recoge también la sentencia a la que hace referencia el afectado. “Consta acreditado que el 1 de noviembre de 2004 sufrió un accidente mientras cargaba bultos en un camión. Conforme a los informes obrantes en las actuaciones (analizados por el perito judicial), antes del traumatismo aludido, el recurrente no presentaba ninguna patología a nivel lumbar”, aseguraron los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJM) en mayo.

En octubre del 2013, cuando le dieron de baja de las Fuerzas Armadas tras las intervenciones en la columna, estos hechos no fueron reconocidos por el Ministerio de Defensa. Según recoge el fallo judicial, en ese momento le declararon la insuficiencia de condiciones psicofísicas, “ajenas a acto de servicio”. “Recuerdo que me vi con una mano delante y otra detrás, no me daban opción a mantener un trabajo administrativo, me ponían en la calle y sin indemnización”, añade.

El fallo del tribunal le dio la razón y anuló la resolución dictada por el Ministerio por “no ser conforme a derecho”. “Declaramos que la lesión que ha dado lugar a la declaración de no apto de Andrés Merino fue adquirida con posterioridad a su ingreso en las Fuerzas Armadas, y como consecuencia del servicio”, apuntan en la decisión judicial. También le reconoce “su derecho a percibir la pensión con arreglo a la legislación vigente le corresponde, con efectos retroactivos a la fecha de la referida resolución”.

Una vez que Merino recibió esta decisión en su domicilio, desapareció la angustia que ha sufrido durante estos últimos tres años, después de sobrevivir económicamente en algún momento gracias a ayuda familiar. “Lo que no me imaginaba es que seis meses después me tendría que venir aquí, a la puerta del Ministerio, para reclamar lo que ha dictado la justicia”, señala. Según apunta, Defensa todavía no le ha abonado ninguna cantidad porque han solicitado una aclaración al tribunal. eldiario.es ha planteado esta cuestión al departamento en el que acaba de tomar posesión Mª Dolores de Cospedal, sin haber recibido respuesta por el momento.

En su protesta le ha acompañado Iván Ramos, al que también rescindieron el contrato tras salir por los aires en un accidente en acto de servicio en Afganistán en el que se rompió 17 huesos. Este joven madrileño reclama que Defensa y los Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid equiparen su valoración de discapacidad. El gobierno regional le ha concedido un 81% mientras que el departamento que dirigía Morenés le otorgó un 42%. Este porcentaje influye en la retribución anual que le concede el Ministerio.

Según el Real Decreto 1186/2001, si la valoración es igual o superior al 50% se considera que es una incapacidad permanente y al solicitante le concederían 19.300 euros anuales. La cantidad también se duplica si el accidente sucedió mientras trabajaba.

A pesar de que han sido recibidos por un portavoz del Ministerio, los afectados aseguran que van a seguir apostados ante la fachada del edificio y lanzan un mensaje a la nueva ministra. “Se podría acercar a conocer nuestros casos, que se dé cuenta de que no somos expedientes, somos personas, y que luche por lo que no hizo su antecesor, cuidar de la tropa”, finalizan.