Las peores horas de Vera

Vera Rogozina, una ciudadana rusa en situación irregular sobre la que pesa una orden de expulsión, llegó al Hospital de Ourense el 14 de marzo. Una ambulancia la trasladó al servicio de urgencias, donde tuvo que ser intervenida para extraer de su vagina varias piñas. Quedó ingresada toda la noche. Durante ese periodo, prestó declaración ante la Guardia Civil y, una vez dada de alta, presentó una denuncia en comisaría.

Dos días más tarde, Vera volvió a urgencias con fuertes sangrados y acudió de nuevo pasada una semana. En todas las ocasiones se le atendió sin trabas en urgencias, una excepción que recoge el Real Decreto-Ley 16/2012 que excluye del sistema sanitario a los inmigrantes sin tarjeta sanitaria. Pero 15 días más tarde, recibió una factura en su domicilio de 893 euros por las intervenciones practicadas. “Vera se asustó muchísimo. En el hospital nunca le hablaron de este cobro y ella no puede hacer frente al pago”, explica María Naredo, abogada de Amnistía Internacional que ha seguido de cerca el caso.

Fuentes del Hospital de Ourense afirman que la carta que recibió Rogozina es una “factura a terceros”, cuyo coste queda a cargo de sus agresores. Esta información nunca se le dio a la paciente en el centro hospitalario, a pesar de que fue atendida por una trabajadora social y un psicólogo. Tampoco se plasma en el propio documento, en el que se pide que presente una copia de la denuncia y el número de juzgado de instrucción que lleva su caso.

“El maltrato administrativo es brutal”, dice Eva Aguilera, portavoz del Médicos del Mundo. Aunque la organización no ha seguido este caso concreto, sí denuncia las facturas en urgencias como “habituales”. “Pese a que los hospitales hablan de que estos documentos son puro trámite, lo cierto es que esta forma de actuar asusta. En los peores casos, la deuda queda registrada con consecuencias en los trámites administrativos que la persona realice, lo que coloca a los ciudadanos sin papeles en una situación de vulnerabilidad total”.

El proceso judicial que se abrió a raíz de la denuncia se cerró sin tomar declaración a nadie, ni siquiera a la propia denunciante. Semanas después, Vera sí tuvo que acudir a los juzgados, pero no como víctima sino como imputada.

Los mismos agentes que habían estado con ella en la habitación del hospital denunciaron a la mujer por simulación de delito. «Su acusación se basa en puros juicios de valor. Por ejemplo, que Rogozina estaba “demasiado tranquila” cuando llegó a urgencias», explica Naredo. Esta imputación le costó a Vera 48 días en el Centro de Internamiento de Emigrantes (CIE) de Aluche, tiempo durante el que no se le prestó la atención psicológica que necesitaba. “La estancia en el CIE terminó de romper con todo atisbo de recuperación, tanto físico como psicológico. En sus espaldas, además, carga la imputación».

“Coge una maleta, tienes cinco minutos”

Desde el año 2010, sobre Vera pesa una orden de expulsión. Entonces, la policía le retuvo el pasaporte y le proporcionó una copia con la que no pudo renovar el documento antes de que caducase. Por esta razón, la deportación se retrasó hasta el martes pasado. “Vera estuvo retenida casi el tiempo límite establecido en el CIE, cuando se sabía perfectamente que su pasaporte no estaba en regla y que, por tanto, no se podía proceder a la expulsión”, denuncia Bárbara Tardó, portavoz de la Fundación Aspacia. Durante las tres primeras semanas, Rogozina tuvo sangrados intensos, a los que, según María Naredo, “se atendió con el solo suministro de compresas”.

El 3 de diciembre, Vera fue detenida en su domicilio sin previo aviso. “Coge una maleta. Te damos cinco minutos para despedirte”, le dijo, según relata Aspacia, la Guardia Civil, que retuvo a la mujer en un calabozo hasta la mañana siguiente, pese a que el proceso de deportación fue paralizado por la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, previa intermediación de Defensoría del Pueblo. “La orden de expulsión no se ha revocado, sino aplazado”, matiza María Naredo, que insiste en que Vera “tiene que acudir semanalmente a la comisaría como medida cautelar”.

“No hay interés por trabajar contra la violencia sexual”

Como denuncia Aspacia en el informe “Entre el miedo y la desprotección, mujeres migrantes en situación administrativa irregular frente a la violencia sexual en España”, Vera (en el documento, bajo la identidad de Olga) fue golpeada y violada en un monte cercano a su casa una noche de marzo de 2013.

En el parte médico consta su ingreso en urgencias pasadas las 12 de la noche, con “arañazos en los muslos y en la cara, abrasión en la mejilla derecha y varios cuerpos extraños introducidos en la vagina”. Según fuentes hospitalarias, se activó el protocolo para la atención de víctimas de agresión sexual. Un forense la examinó, pasó la noche ingresada y, a la mañana siguiente, le fue realizado un examen psicológico que determinó que, aunque “se descarta cualquier patología psiquiátrica aguda”, la paciente necesitaba un seguimiento, “dada la gravedad de la agresión”.

“Que nadie ha visto el coche, que nadie ha escuchado los gritos. Y que fuera tan rápido como pasó, no es posible. Tu estás mintiendo, lo has planeado todo esto con tu novio para tener la residencia. No te creemos... ¿Para qué?”. Son palabras de Vera recogidas en el citado informe, en el que ella misma denuncia la desconfianza que mostraron los agentes de la Guardia Civil que le tomaron declaración en el hospital horas después de ser ingresada.

“Es común que, por el hecho de ser migrantes, se considere que su testimonio es falso porque se piensa que lo que quieren es sacar partido de la situación, cosa que es imposible”, recuerda Tardón. “La gente a veces se pregunta: ¿Por qué una mujer que ha sufrido violencia sexual tarda en denunciar el caso? Cuando la pregunta es: ¿Por qué se les exige a ellas que denuncien antes? Ese es sólo el comienzo de los problemas que pueden llegar a encontrarse para acceder al sistema judicial. Generalmente, necesitan pruebas muy evidentes y los juicios son muy duros para ellas porque siempre se duda de las víctimas”.

Aunque en los últimos años se han registrado avances legislativos y políticos para hacer frente a la violencia contra las mujeres, los esfuerzos se han centrado en las agresiones de género en la pareja o por parte de la expareja, y también en la trata de mujeres con fines de explotación sexual. Pero las víctimas de violencia sexual no cuentan con ningún tipo de protección. “No existe nada, ni una política pública –denuncia la portavoz de Aspacia–.Tampoco campañas de prevención. Hay un absoluto desinterés por trabajar contra las agresiones sexuales. Es una violencia completamente invisibilizada”.