Las empresas de gestación subrogada buscan alternativas de negocio por la guerra en Ucrania

“Debido a la situación actual que está aconteciendo, hemos trabajado nuevos destinos y nuevos programas para poder ofrecer a nuestros clientes la mayor calidad y profesionalidad tanto en el aspecto médico como en el asesoramiento jurídico”. El mensajes llega a través de Whatsapp un día de verano cualquiera. Lo recibe una mujer que se ha interesado por la gestación subrogada, una práctica prohibida en España, pero que agencias radicadas en nuestro país facilitan en otros territorios, burlando las limitaciones nacionales. La invasión rusa de Ucrania, que ya ha cumplido seis meses, ha trastocado los planes de estas agencias. Kiev era la zona en la que más bebés nacen por este método, en el que una mujer se somete a un tratamiento de fecundación in vitro y tras el parto entrega al recién nacido a cambio de una contraprestación económica.

“Ucrania era el mejor país del mundo para hacer gestación subrogada, tanto por la altísima calidad de su medicina reproductiva como por la seguridad jurídica”, explica Miguel González, uno de los abogados del despacho Universal Surrogacy. En España, la Ley sobre Técnicas de Reproducción Humana declara nulos los contratos de gestación subrogada. Incluso el Tribunal Supremo se ha pronunciado en contra de estos contratos, que considera que “vulneran los derechos fundamentales, tanto de la mujer gestante como del niño y son por tanto manifiestamente contrarios a nuestro orden público”. Pero en la práctica, las personas que recurren a ello pueden filiar a los recién nacidos gracias a una orden que la Dirección General de los Registros y del Notariado, que depende del Ministerio de Justicia, dictó en 2010. En 2019, el Gobierno ordenó al consulado que cancelara la inscripción directa de los nacidos en Ucrania y Georgia, pero esto no ha impedido que algunas personas sigan recurriendo a estos países.

Desde 2010 y hasta 2021, se registraron a 2.520 menores en los consulados españoles a través de esa instrucción. La mayoría de los registros se produjeron en la capital ucraniana, con 978 bebés; seguida de Los Ángeles, que hasta 2020 contabilizó 516 registros; San Francisco, que en ese periodo inscribió a 288 menores; y Chicago, donde hasta el año pasado nacieron 278 niños que terminaron en España gracias a esta práctica. No obstante, la cifra total puede ser más elevada. La información facilitada por el Portal de Transparencia no incluye cifras de países como Georgia, que se ha convertido en un destino habitual en los últimos años.

Precisamente, Georgia es el país donde algunas agencias han visto su oportunidad de negocio tras la guerra en Ucrania. “Siempre ha estado ahí, pero quizás por el tamaño del país, o la ausencia de consulados de algunos países, siempre ha sido un destino secundario en comparación a Ucrania”, señala el bufete de abogados Gestlife en una publicación. “Ahora debido a la situación bélica, Georgia se revela como la gran alternativa a Ucrania (temporalmente pudiendo redirigir el programa a Ucrania cuando se considere conveniente, o definitivamente, realizando el proceso íntegramente en Georgia)”, indican.

Georgia, la “alternativa temporal”

“Hemos optado por Georgia como alternativa temporal, pero evidentemente, se pueden utilizar también nuestras infraestructuras en otros países, como Albania o Grecia, donde Gestlife también cuenta con oficinas”, señala esta empresa en su web. A través de su blog, el despacho apura a sus potenciales clientes a iniciar el proceso. “Siempre hay un motivo por el que 'convendría esperar'. Ahora es una guerra, antes fue un cambio de ley, también pasamos una pandemia que parecía que iba a durar meses… Nuestra experiencia es que todos los padres que esperaron… siguen esperando sin tener un niño. Los padres que tomaron las riendas de sus vidas, y a pesar de los inconvenientes avanzaron, hoy son padres de preciosos niños”, indican en un artículo en el que señalan que “la guerra, como todas las guerras, acabará”.

En su folleto informativo, ‘El Informador’, Gestlife señalaba que el conflicto terminaría “más pronto que tarde por la disparidad entre las fuerzas en conflicto”. “La 'normalidad' (para nosotros, no para los ucranianos evidentemente), regresará, y la vida en Kiev, continuará, aunque sea en el peor de los casos con un gobierno pro-ruso, no democrático”, indicaban. Una creencia que compartían desde otras agencias y que se ha ido desinflando a medida que el conflicto ha ido avanzando.

BioTexCom se presenta como un “centro de Reproducción Humana” con “un equipo de profesionales altamente calificados que utilizan las últimas prácticas y métodos en tratamiento de la infertilidad por medio de la Subrogacion y Donación de Óvulos”. En su web, informan de que “las embajadas extranjeras en Kiev también han ajustado su trabajo. Más de 50 misiones diplomáticas ya han reanudado sus actividades en la capital de Ucrania”. En un vídeo, su propietario Albert Tochilovsy asegura que las noticias sobre el centro a raíz del estallido de la guerra han hecho que tengan “una gran cantidad de aplicaciones”. “Cuando en 2023 los aviones empiecen a volar, me gustaría advertirles que habrá una tendencia de largas colas para programas. Habría que esperar 2, 3 o 4 años”, apura a posibles interesados.

“Los pacientes extranjeros de todo el mundo no solo escriben solicitudes, algunos incluso vienen a Kiev para hacer transferencias embrionarias en BioTexCom”, asegura en una afirmación que contradice todas las recomendaciones de seguridad. El ministerio de Asuntos Exteriores pide a los ciudadanos que no viajen a Ucrania “bajo ninguna circunstancia” y otras agencias han dejado de ofrecer sus servicios en el país. Esta empresa, que ya no tiene sede en España, está bajo la lupa de la Fiscalía de la Audiencia Nacional desde 2019, cuando se abrió una investigación contra la clínica, que ofrece uno de los precios más bajos del mercado, 39.900 euros por un paquete “estándar”.

Las diligencias se abrieron a raíz de una denuncia del Ministerio de Justicia, que pidió indagar sobre la actividad de agencias que tienen relación con España y que ya estaban siendo investigadas en otros países por actividades vinculadas con el tráfico de menores, organización criminal o blanqueo de capitales. BioTexCom es la única agencia investigada, pese a que en España hay más de una decena de empresas intermediarias de una actividad que esta prohibida y que, hasta ahora, promueven impunemente.

Una reforma insuficiente

Tanto el PSOE como Unidas Podemos habían mostrado su intención de actuar contra estas empresas que camuflan el suculento negocio de la gestación subrogada para impedir, o al menos dificultar, que ciudadanos españoles firmasen y llevasen a término unos contratos que, según el propio acuerdo de la coalición, “socavan los derechos de las mujeres, especialmente de las más vulnerables, mercantilizando sus cuerpos y sus funciones reproductivas”. El Gobierno, no obstante, optó por abordar el asunto dentro de la ley del aborto, que salió del Consejo de Ministros en mayo, pero finalmente el texto resultó descafeinado en este asunto. La nueva norma, en trámite parlamentario, solo persigue la publicidad de las agencias.

Tras la invasión rusa de Ucrania, en febrero, otras agencias, como Surrobaby, han eliminado la opción de recurrir a la gestación subrogada en el país. En su página web ya solo ofrecen contratar a mujeres para que gesten un bebé para otro u otra en EEUU, México, Georgia y Canadá. Al solicitar información en Interfertility, indican que “hay programas de coste cerrado y garantizados (con intentos ilimitados) en varios destinos: California, varios estados del interior de EEUU, Canadá y México”, aunque en un folleto informativo también aparece Georgia.

En Universal Surrogacy también han descartado Ucrania. “A raíz de lo que sucedió, el flujo de personas quedó interrumpido”, explica su portavoz. Actualmente solo quedan dos parejas pendientes de ir a buscar a los bebés cuando las mujeres ucranianas den a luz. Este despacho que asesora y hace de intermediario se ha centrado ahora en otros destinos que ya ofrecía antes de la guerra. Principalmente son Estados Unidos y Grecia, aunque con la apertura de una oficina en Barcelona en 2021 se están expandiendo por otras zonas como República Checa y Georgia. “La gente elige el país en función de su situación personal”, añade, porque “cada país tiene unos condicionantes de índole legal y nosotros tenemos que responder”.

En Georgia, la ley solo permite que recurran a esta práctica parejas heterosexuales, casadas o no. En Grecia, que desde 2015 permite que ciudadanos extranjeros acudan para llevar a cabo la gestación subrogada, la opción está abierta para mujeres solas menores de 53 años y parejas heterosexuales. Allí, “ante la escasez de gestantes (al igual que sucede en USA), y con el fin de cumplir los límites legales establecidos por la ley griega, que impide pagar cantidades astronómicas a las gestantes como sucede en EEUU, Gestlife realiza sus procesos con gestantes procedentes de Ucrania o Georgia, controladas por la filial del país de la gestante”, indican en su web.

De 40.000 a más de 100.000 euros

Hay países más caros y otros más baratos. Influyen también las condiciones. Algunos paquetes incluyen garantías de “reinicio” si el bebé muere, intentos ilimitados o la opción de elegir el sexo del bebé, entre otras. Donde más dinero desembolsan las personas que quieren recurrir a la gestación subrogada es en Estados Unidos. Allí pueden acudir parejas heterosexuales y homosexuales, mujeres y hombres solos, que pagan en cualquier caso más de 100.000 euros, muy alejados de los cerca de 45.000 que costaba en términos económicos en Ucrania. De estas cantidades, las mujeres gestantes reciben en torno a 40.000 y 15.000 euros, respectivamente, menos de la mitad del total.

En los últimos meses, otro de los países que ha experimentado un importante auge en la recepción de personas que recurren a la gestación subrogada es México. Allí se han registrado ya a través de la instrucción de 2010 medio centenar de bebés, pero no ha estado exento de polémica. Más allá de las implicaciones éticas de la propia técnica, la sentencia en la que el Supremo español afirmaba que “las madres y los niños son tratados como simples mercancías” se refería a un proceso llevado a cabo en México. En cuanto a la jurisprudencia, no aportaba nada nuevo, más allá de la contundencia con la que se pronunciaba. La novedad era que, gracias a ese escrito, se conoció al detalle el contrato firmado entre la “futura madre” y la “gestante sustituta”.

Entre las cláusulas, se incluía que, en caso de que “la gestante sustituta” sufriera una enfermedad o lesión “potencialmente mortal” era “la futura madre” quien “tiene el derecho a mantenerla con vida con un soporte vital médico, con el objetivo de salvar al feto”. Además, se obligaba a la mujer embarazada a no mantener relaciones sexuales ni viajar y se la sometía a todo tipo de exámenes médicos y psicológicos a requerimiento de la otra.