Experta valora la denuncia por gestación subrogada aunque cree que llega tarde

La abogada experta en Derechos Humanos y presidenta de L'Escola Asociación Civil, Nuria González, ha valorado la iniciativa del Gobierno en funciones de pedir a la Fiscalía General del Estado que investigue a determinadas agencias de gestación subrogada, un paso que considera “llega tarde”.

En declaraciones a Efe, González ha valorado el traslado a la Fiscalía de indicios de delito en la actividad de determinadas agencias de gestación subrogada que ha anunciado este lunes la ministra de Justicia en funciones, Dolores Delgado, y ha recalcado que cualquier iniciativa en ese sentido es positiva.

“Lo que pasa es que cualquier iniciativa que salga del Gobierno que tenga que ver con los vientres de alquiler tiene que empezar indudablemente por anular la orden que permite anular la inscripción de bebés”, ha detallado González.

La presidenta de L'Escola, asociación que ya denunció las posibles ilegalidades de agencias de “vientres de alquiler”, ha reivindicado que se anule la orden de 2010 por la que el Colegio de Registradores y Notarios puede inscribir a los bebés que llegan a España por una gestación subrogada que no está permitida en el país.

“Cualquier cosa que no empiece por ahí no sirve, exigimos retirar primero la orden para que todo lo demás tenga credibilidad”, ha añadido la abogada especializada en Derechos Humanos, quien ha apuntado que más allá de la investigación, el Gobierno tiene “el instrumento” para parar la práctica.

Ha recordado además que L'Escola denunció en marzo del año pasado en la Audiencia Nacional una “ristra de ilegalidades” de este tipo de empresas que a su juicio cometen además delitos fiscales y que operan en España como pisos turísticos, inmobiliarias o agencias de viaje “pero que ofrecen vientres de alquiler”.

González ha destacado el trabajo realizado por asociaciones feministas y de Derechos Humanos para “poner en la palestra este tipo de prácticas” que atenta contra los derechos de las mujeres y de los niños.

“No es solo los derechos humanos de las gestantes que están siendo pisoteados, es que se cometen delitos de lesa humanidad contra los bebes que ven anulado su derecho a la identidad porque no hay nadie que los esté protegiendo”, ha enfatizado.

Ha recordado que estos delitos de lesa humanidad son perseguibles en cualquier país e imprescriptibles y ha considerado que el Gobierno en funciones “llega tarde” porque hay casi 2.000 niños inscritos que vienen por un vientre de alquiler.