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Las actas de las reuniones en Moncloa de los primeros días de la pandemia se hacen públicas un año después

Las actas de la pandemia en Moncloa

Elena Cabrera / Laura Galaup / Mónica Zas Marcos / Marta Borraz

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14 de marzo. Después de una semana intensa tras la explosión de contagios en Madrid, un Consejo de Ministros extraordinario, que dura siete horas, pone sobre la mesa (y después, en las pantallas de todos) dos conceptos que marcarían la España de 2020: estado de alarma y confinamiento. A partir de ahí la pandemia y sus consecuencias se apoderarían de los días de encierro obligado, y el prime time informativo lo ocuparía la rueda de prensa diaria de seguimiento de la crisis del coronavirus. Aplausos a las ocho, 'operación Balmis', desinformación, mando único... el eco de esas cuestiones que acaparaban la atención y la gestión en aquellos días resuena en los informes que el Gobierno ha hecho públicos sobre las reuniones durante el confinamiento y la desescalada.

Los documentos, que han sido publicados respondiendo a una solicitud de Transparencia, detallan los encuentros del llamado 'Comité de Gestión Técnica del Coronavirus', en el que cada día se analizaba la situación desde la declaración del estado de alarma frente a la pandemia, aunque no incluyen transcripciones de las conversaciones.

Todas las mañanas, representantes de este grupo, integrado por el presidente Pedro Sánchez y los ministros de Sanidad, Interior y Defensa –que asumieron el mando único que establecía el decreto– compartían los datos epidemiológicos y de movilidad, y las intervenciones realizadas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las Fuerzas Armadas. Después, las principales novedades se comunicaban en rueda de prensa desde La Moncloa.

Ese 16 de marzo, dos días después de publicarse en el BOE el decreto del estado de alarma, comenzaron los encuentros que se detallan en los informes publicados por el Ejecutivo. Ese día la estadística recogía 9.191 casos de coronavirus en España, menos de la mitad de los que contaba Italia entonces, cuando todavía era el espejo en el que no queríamos vernos. Ya había más de 300 muertos con diagnóstico COVID y más de 400 personas en la UCI. La incidencia acumulada (IA) era de 19 casos por 100.000 habitantes. La detección era muy deficiente y la crisis sanitaria se gestaba a toda prisa. Luego vendrían otras olas, una IA que llegó a trepar a los 899 casos el 27 de enero de este año y más de 70.000 muertos, una cifra escalofriante que hemos alcanzado esta misma semana.

Además de las cifras epidemiológicas, en las actas se menciona la información que cada uno de los mandos llevaba a los encuentros. No incluyen transcripciones de las intervenciones de cada asistente, pero sí especifican quiénes eran los presentes: además del presidente y los ministros Salvador Illa (Salud), Margarita Robles (Defensa), José Luis Ábalos (Transportes) y Fernando Grande-Marlaska (Interior), también acudían el jefe de Estado Mayor de la Defensa (Miguel Ángel Villarroya), la secretaria general de Transportes y Movilidad del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (María José Rallo del Olmo), el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (Fernando Simón), el director adjunto operativo de la Policía Nacional (José Ángel González) y el director adjunto operativo de la Guardia Civil (Laurentino Ceña). No es hasta el 16 de abril que el presidente Sánchez incorporó a los vicepresidentes de su Ejecutivo –Carmen Calvo, Pablo Iglesias, Nadia Calviño y Teresa Ribera– a su grupo de asesoramiento.

Los diferentes comités

La documentación revelada esta semana, casi un año después de que comenzaran aquellas reuniones, no incluye información alguna del ‘Comité Científico-Técnico COVID-19’ compuesto por seis expertos cuyos nombres se dieron a conocer desde el primer momento y que había sido constituido, paralelamente, el 21 de marzo.

Junto a estos informes, el Gobierno ha publicado también los correspondientes a las reuniones del denominado ‘Comité Técnico para la desescalada’, que más tarde diseñó el cambio de fase para cada comunidad autónoma y aterrizó el plan que se aprobaría unos después y que acuñaría el eufemismo de “nueva normalidad” y que el país incorporó con alegría a su diccionario pandémico. A esas alturas era difícil seguir la cantidad de gabinetes, grupos y comités que estaba generando la pandemia. Este en concreto fue un nuevo equipo de asesoramiento que tomó el relevo del anterior a partir del 30 de abril, según explican estas mismas actas, pero que también disolvió el que previamente capitaneaba la vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Ribera, y que hasta entonces se había encargado de pensar los escenarios de salida en el medio plazo. Por entonces se multiplicaban las solicitudes de los medios de comunicación para que se facilitara los nombres de los expertos que formaban estos comités. También los de este 'Grupo de Trabajo Multidisciplinar', del que solo trascendieron los científicos aportados por el Ministerio de Ciencia de Pedro Duque, quien no tuvo ningún reparo en comunicar los nombres.

Se agotaba el mes de abril y la curva de la ola –cuando era difícil visualizar que vendrían otras después, también terribles– estaba siendo tenazmente doblegada. Las muertes diarias nunca habían sido tan bajas desde el 20 de marzo. Los vecinos ponían canciones desde los balcones, haciendo llover chaparrones de optimismo y los niños comenzaban a encontrarse en los parques, como por casualidad, con sus amigos. El nuevo comité abarrotó la mesa en forma de U del Palacio de La Moncloa. A él fueron convocados altos cargos tanto de la confianza de Sánchez, como la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el director del Gabinete de Presidencia, Iván Redondo, el secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Oliver y el secretario general de la Presidencia, Félix Bolaños. Del entorno de Iglesias se incorporó la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz y su jefe de Gabinete, Julio Rodríguez.

Sin embargo, este concentrado documental diario de seguimiento de la desescalada del 30 de abril al 15 de junio, tampoco aporta información sobre el ‘Comité Científico-Técnico para la desescalada’. La desescalada “asimétrica” entre comunidades autónomas y las protestas de Madrid dieron nuevo impulso a las solicitudes de información sobre este equipo.

Fernando Simón se mostró renuente en su momento a revelar su composición para evitar que los técnicos sufrieran “presiones” y pudieran “trabajar en libertad”, pero Maldita.es lo publicó gracias a una respuesta ante una solicitud de acceso a información pública. Este otro comité lo formaban 13 técnicos del Ministerio de Sanidad, el epidemiólogo y ex asesor técnico de Madrid Salud Javier Segura y el propio Simón. La Dirección General de Salud Pública explicó a Maldita.es, también mediante una solicitud de información pública, que no existían actas de esas reuniones ya que no se trataba de “órganos administrativos colegiados” y, por lo tanto, no estaban obligados a ello.  

Minuciosos informes del Ministerio del Interior

En los informes de la Secretaría de Estado para la Seguridad se recoge información de lo más diversa, entre ella, la relativa a la preocupación por la desinformación. Efectivamente, a mediados de abril se supo que la Guardia Civil había pedido a sus unidades que identificaran bulos que generasen “estrés social o desafección a instituciones del Gobierno”. Como se puede constatar en estos documentos, hay una gran preocupación tanto por las cadenas de mensajes en redes privadas como WhatsApp y Telegram y la propagación de bulos. También se llama la atención sobre la actividad asociada a la ciberdelincuencia, una preocupación de la que se hace detallado seguimiento durante la fase más aguda de la pandemia y a lo largo de la desescalada.

Los informes inciden con frecuencia en la vigilancia de focos y campañas contra el confinamiento, publicadas en páginas webs, redes sociales y medios de comunicación, así como las publicaciones que pudieran estar “realizando un llamamiento a cometer pequeños actos de vandalismo, saqueos o inclusos generar desórdenes públicos una vez que finalice el estado de alarma”, así como también “el impulso” al “movimiento” en contra del 5G, un primer foco de lo que ahora conocemos como negacionismo de la pandemia y que comenzó a hacerse realmente fuerte en las redes sociales en septiembre.

Detalle de las actuaciones de apoyo del Ejército

Los anexos aportados por el Ministerio de Defensa al primer Comité, previo a la desescalada, contemplan cómo fue avanzando el despliegue militar en los primeros días de pandemia. Fue material informativo de esos días dónde sí y dónde no daba apoyo la UME, con especial atención sobre si se desplegarían o no en Catalunya y Euskadi. En primavera se les vio desinfectando cárceles, residencias, aeropuertos y otras instalaciones públicas, como las sedes judiciales. Posteriormente, se incorporaron a los equipos de rastreo. La Operación 'Balmis' llegó a intervenir en 2.179 localidades distintas hasta el 28 de abril. Durante aquellos días los miembros de la institución castrense realizaron labores de desinfección. También participaron en el traslado de cadáveres o en el montaje de albergues.

En los resúmenes de estas operaciones se detalla el número de efectivos que han participado en cada actividad, pero también se añaden observaciones sobre la colaboración ciudadana y el impacto reputacional que tiene esa actuación en la sociedad. “Se ha observado un magnífico grado de cooperación popular y buena predisposición por parte de las Autoridades civiles y de las FCSE [Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado]. La entrada en acción progresivamente de Unidades de todos los Mandos Componentes (UME, Terrestre, Marítimo, Aéreo) transmite una positiva imagen de acción conjunta de las Fuerzas Armadas”, recoge uno de los informes de situación.

Dudas, discrepancias e incidentes coronavíricos

Los informes también recogen las dudas que surgen en la Secretaría de Estado de Seguridad respecto a la aplicación de las órdenes del Gobierno, como la del 9 de mayo –publicada por el BOE un día antes– para la aplicación de la fase 1 de la desescalada, al no estar lo suficientemente claro el control que han de efectuar las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en cuanto a horarios y ámbito de actuación.

A mediados de mayo, los estudiantes ya pensaban en el fin de curso. Y la Secretaría de Estado para la Seguridad, también. A finales de abril, el Gobierno había decidido que las aulas seguirían cerradas y habría que terminar de dar los programas desde casa. Por tanto, se convirtió en materia de preocupación logística si las familias podrían, y cómo, volver a los colegios a recoger el material que llevaba allí dos meses cogiendo polvo. En ese momento, se evidenció la diferencia de criterios entre Sanidad e Interior sobre si los estudiantes universitarios podían volver a sus pisos compartidos a recoger sus objetos personales.

El nivel de detalle de los informes de esta Secretaría llega a dar cuenta de cualquier incidente que implique, aunque sea de manera anecdótica, a personas enfermas por coronavirus, como es el caso de un hombre en Cádiz que estaba ingresado en la 'planta COVID' el hospital Clínico de Puerto Real e intentó huir por una ventana, atando varias sábanas en forma de cuerda y falleciendo en el intento. O incluso información no relativa a la COVID, como el fallecimiento, no a causa del virus, de un policía jubilado.

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