Las grietas de la versión de Casado en la semana clave para la investigación judicial de su máster
Este jueves es un día, en principio, crucial en la instrucción del caso del máster en derecho autonómico que cursó el presidente del PP, Pablo Casado, en 2008 y 2009 en el Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos. Pasan por delante de la jueza Carmen Rodríguez-Medel los profesores imputados Alicia López de los Mozos y Enrique Álvarez Cónde. Pero, también, los compañeros de promoción del líder del PP. Tres de ellas en calidad de imputadas.
Aunque la postura de defensa de Casado y el Partido Popular es que ya ha dado “todo tipo de explicaciones”, los datos que ha ido destapando la instrucción judicial han resquebrajado la primera versión que aportó el político y sobre la que se sustenta esa defensa.
La convalidaciones
Todo comenzó con una firmas falsificadas en unas convalidaciones. La catedrática de la Universidad de Salamanca Ángela Figueruelo no dejó pasar el hecho de que apareciera su rúbrica en unos certificados sobre los alumnos VIP de la promoción de la expresidenta de Madrid, Cristina Cifuentes. Llevó el caso a los tribunales. Al tirar del hilo, la jueza ha terminado por investigar el curso al que se apuntó Casado.
La cuestión es que Casado se libró de 18 de las 22 asignaturas del programa del curso. Lo dijo él mismo sin aportar detalles. Esas convalidaciones masivas no solo le hicieron más sencillo superar el máster sino que le abarataron el curso enormemente: la Universidad tuvo que devolverle 600 euros de matrícula. Sin embargo, las convalidaciones no son un trámite sin más: el reglamento exige que, al pedirlas, el alumno indique en virtud de qué titulación de origen pueden conmutarse y el programa de estudios y los contenidos de esas asignaturas para que la universidad compruebe que pueden darse por superados. Trámites que no acreditó el alumno Casado.
Además, las fichas de la Universidad Rey Juan Carlos sobre las materias de presidente del PP estaban medio vacías. No aparecía nada sobre la materia de origen, los créditos que implicaban o el curso en que se superó. Con esas conmutaciones bajo el brazo, que obtuvieron el visto bueno del entonces responsable del área Fernando Suárez –luego rector de la URJC y protagonista de múltiples plagios en trabajos de investigación que terminaron por alejarle del puesto– el máster en derecho autonómico quedó reducido a cuatro asignaturas que, según contó Pablo Casado, solventó con unos trabajos.
Trato de favor: los sobresalientes
El mismo presidente del PP el 10 de abril pasado, cuando todavía no atisbaba la posibilidad cercana de convertirse en el líder del partido, explicó que no tuvo que acudir a las clases para sacarse el máster. Le quedaban esas cuatro materias que no solo aprobó sino que superó con sobresalientes. Sin embargo, meses después, las guías docentes aportadas a la investigación judicial han mostrado que sin presentarse en las aulas no podía obtenerse una calificación tan alta.
Esas guías del máster aportadas a la causa y que pudo revisar eldiario.es exigían una dedicación que oscila entre las 60 horas de clase en la asignatura menos exigente, hasta las 360 en la más dura. Había que ir a clase para llegar al sobresaliente. Casado aprobó todas entregando cuatro trabajos que juntos suman 92 páginas. Este aparente trato de favor está en el núcleo de la instrucción que se lleva a cabo en el juzgado madrileño.
Alumnos privilegiados ya imputados
18 convalidaciones. Sobresalientes en el resto. El patrón de Pablo Casado no resultó algo individual sino que, según las actuaciones de la jueza, se aplicó a un grupo reducido del alumnado. Así, tres compañeras de promoción del político, María Mateo Feito, Alida Consuelo Mas Taberner y María Dolores Cancio, disfrutaron de un trato casi idéntico. Y el jueves deben declarar como imputadas.
La cuestión es que las tres están en una situación casi calcada a la de Pablo Casado. Pero el diputado del PP no puede ser imputado por Rodríguez-Medel por su condición de aforado. Solo el Tribunal Supremo puede citarle como investigado. La jueza ha dado los pasos previos para poder remitir posteriormente la causa a esta instancia superior (solicitó un informe sobre la situación de aforado de Casado).
El Instituto de Derecho Público
Para aderezar todo el caso, el jueves están llamados para declarar sobre estos extremos el catedrático Enrique Álvarez Conde y la profesora Alicia López de los Mozos. Álvarez Conde era director y fundador del Instituto de Derecho Público de la URJC donde se impartía el curso de Casado.
Un instituto que nació con amplísima autonomía, con CIF propio y en el que se ha desvelado que se constituyó un ecosistema académico por el que algunos alumnos recibieron trato de favor, como las convalidaciones con firmas falsas detectadas en el máster de la expresidenta de Madrid Cristina Cifuentes, y los responsables académicos se favorecían de los ingresos del IDP y del prestigio acumulado por el organismo. Allí desarrolló su carrera Alicia López de los Mozos, quien terminó por confesar que desde el IDP se había fabricado una coartada para Cifuentes. La Universidad ha decidido esta semana que clausura este instituto.
