Así se gestó el cierre del instituto público por el que han denunciado al consejero de Cifuentes

Donde durante 30 años hubo un instituto desde septiembre habrá una escuela de idiomas. El IES Benito Pérez Galdós, ubicado en el barrio de Peñagrande (Madrid), se cierra. Pese a las movilizaciones, las reclamaciones administrativas y las peticiones de partidos políticos, la Consejería de Educación sigue adelante con un proceso que las familias han puesto en manos de la justicia por supuestas irregularidades, entre ellas que no existe ninguna resolución o expediente administrativo que justifique y recoja la decisión y, por tanto, no hay posibilidad de recurrirla.

Para entender la intrahistoria de este cierre, la que cuentan las familias y la que acreditan algunas decisiones de la Consejería dirigida por Rafael Van Grieken, hay que remontarse unos años más atrás. El centro educativo cuenta hoy con 279 alumnos y alumnas, según datos de Educación, que argumenta para justificar el cierre que en 2005 eran 465.

Eliminación de la FP

El AMPA ha hecho un estudio de las matrículas desde el año 2012-2013 cuyas cifras dicen que en las enseñanzas de ESO y Bachillerato el número de estudiantes solo ha descendido en seis: de 296 a 290 en el último curso. ¿Cómo se explica entonces ese descenso tan acusado?

La caída en las cifras totales tiene que ver con la decisión de la Consejería de trasladar abruptamente a todos los alumnos y alumnas del Ciclo Superior de FP de TAFAD (Técnico Superior de Actividades Físicas y del Deporte). En septiembre de 2016, alrededor de un centenar de estudiantes –según cifras del AMPA– que había matriculados en este centro, pionero en impartir este ciclo y dotado de instalaciones deportivas adecuadas para esta formación, fueron obligados a moverse con un año cursado y otro pendiente al instituto público Rosa Chacel, donde a su vez se cerraron aulas de la ESO para darles cabida. La Comunidad de Madrid, que justifica que hubo un descenso de la demanda del ciclo, incluye este trasvase dentro de su “organización de enseñanzas de FP” para “especializar los centros”.

Bilingüismo no concedido

Con esta y otras decisiones, el instituto público ha ido quedando arrinconado por los centros de su alrededor, la mayoría bilingües. La dirección del Pérez Galdós solicitó hasta en tres cursos consecutivos adherirse al programa bilingüe de la Comunidad de Madrid, como acredita el AMPA, cuyo presidente es también miembro del Consejo Escolar. Y todas las veces se denegó. La Consejería argumenta que el centro “no obtuvo la calificación suficiente para incorporarse”. “Mientras, sí le concedieron el programa a un colegio desde el que venían alumnos a nuestro instituto y dejaron de venir porque no es bilingüe”, explica Ángel, uno de los miembro del AMPA.

El resultado de estos movimientos es, según datos de la Consejería, el descenso de reservas de plaza en 1º de ESO: 27 en 2015-2016 y 24 este último curso. “De un total de 452 alumnos posibles (número de alumnos que cursaban 6º de Educación Primaria en los colegios adscritos) solo 24 reservaron plaza en el IES Pérez Galdós”, desgrana un portavoz de Educación. Las familias del instituto denuncian, a este respecto, que al menos en un colegio adscrito, el CEIP Bravo Murillo, se disuadió a las madres y los padres de reservar plaza en el Galdós. “Hasta se sacó de la lista de oferta”, afirman.

Nueva directora ajena al centro

La última vez que el centro pidió pasar a ser bilingüe fue en 2015, justo antes de que se jubilara el que era su director, que fue sustituido por una directora ajena al centro. Las familias se quejan de que la selección fue discrecional, con un modus operandi similar al que denunciaron otros centros educativos de la región.

A ella se le concedió el regalo envenenado de dirigir los últimos meses de vida de esas aulas. El centro ha vivido en estos meses un encierro y varias movilizaciones, una de ellas con la presencia de la policía. La Consejería de Educación paga desde hace algo más de un mes a un guardia de seguridad que está permanentemente en el interior del instituto “para preservar la seguridad” tras la denuncia “de la entrada constante de personas ajenas”.

La Consejería de Educación se ampara en un escrito, al que ha tenido acceso eldiario.es, en que tienen facultades que le atribuye la Lomce para organizar la red de centros públicos y la oferta educativa. Y que para esas actuaciones, “a la vista de las necesidades detectadas”, no hace falta expediente administrativo. “Mediante estos procesos la Administración hace uso de facultades organizativas de carácter discrecional a partir de análisis y valoraciones oportunas y basándose en consideraciones de orden jurídico”, dice el escrito, firmado por Juan José Nieto, director general de Infantil, Primaria y Secundaria.

Los miembros del AMPA aseguran que la Dirección de Área Territorial (DAT) Capital, de la que depende este centro y que ha cambiado recientemente de cabeza visible tras la dimisión de Belén Aldea, aludió al trabajo de un técnico que había estudiado la situación de cuyo resultado las familias no han tenido noticia. En los datos que han ido recopilando en su lucha contra el cierre, el AMPA ha localizado hasta tres centros concertados de la zona con un número de alumnos y líneas similar al IES Benito Pérez Galdós que continúan funcionando con normalidad: San Francisco, José de Begoña y Estudiantes Las Tablas, según sus registros.

Un papel sin sello

Para compensar el daño de cerrar de golpe un centro sin dejar terminar los ciclos a los estudiantes –un acto que conculca el artículo 87 de la LOE, según la denuncia–, la Consejería ha concedido la “escolarización preferente” a los alumnos y alumnas, que han podido escoger cualquier centro de la región con la garantía de que entrarían.

Las familias tuvieron que señalar sus preferencias en un papel sin sellar con tres casillas, un procedimiento “absolutamente irregular y sin habilitación legal alguna”, según figura en la denuncia porque “no hay una resolución administrativa previa”. Algunas se rebelaron y pusieron IES Benito Pérez Galdós y en ese caso se ha mandado a los chicos y a las chicas al centro más próximo a su domicilio, según el AMPA.

“La Consejería esperaba que fueran muchos al Dámaso Alonso porque tiene pocos alumnos, menos que el Galdós, y puede absorber a más, pero la mayoría ha pedido el Isaac Newton, pese a que este sí es bilingüe” y ellos vienen de uno no bilingüe, afirma Ángel. El AMPA está ahora revisando si los centros de la zona pueden asumir ese aumento de alumnos y alumnas para el curso próximo aunque la Consejería lo garantiza.

¿Y qué pasa con los profesores? “La plantilla pasará a formar parte del nuevo instituto del PAU de Las Tablas, que entrará en funcionamiento el próximo curso”, dice Educación, que va a pasar a los docentes de un centro no bilingüe a un instituto bilingüe, incluida la dirección actual. Con el cierre del IES Pérez Galdós se pierde, además, una de las pocas aulas TEA, para estudiantes con trastorno de espectro autista, que tiene la Comunidad de Madrid. Los tres alumnos serán trasladados, según la planificación, a otro aula de las mismas características en el IES Gregorio Marañón, a un kilómetro y medio.

Las aulas del centro se transforman a partir de septiembre en la Escuela Oficial de Idiomas de Valdezarza, que compartía hasta ahora instalaciones con el instituto Isaac Newton. El cambio dejará inutilizadas las instalaciones deportivas y exigirá la adecuación de las clases al nuevo fin, como confirma la Consejería, que dice estar “estudiando las adaptaciones necesarias”.

Educación, según consta en la denuncia, no ha permitido a día de hoy el acceso ni al AMPA ni al Ayuntamiento a “ningún informe donde se analice la situación de escolarización del distrito que justifique la supresión de este centro educativo”. A las familias solo les ha llegado un papel rubricado por la exdirectora de la DAT, Belén Aldea, donde se informa de la “supresión de enseñanzas” y del destino de cada estudiante.

El caso llega al Parlamento Europeo

De poco ha servido la proposición aprobada en el Pleno de la Asamblea de Madrid apoyada por toda la oposición que instaba al Gobierno regional a paralizar el cierre este curso. El caso ha llegado incluso al Parlamento Europeo, donde los grupos de Podemos, IU y Equo preguntaron conjuntamente si era “aceptable que una autoridad regional plantee el cierre de un centro” pese a tener consignada una financiación europea dentro del Programa Operativo Plurirregional de Empleo, Formación y Educación y el Programa de Nuevos Itinerarios de la ESO.

Los eurodiputados también se interesaron por las “medidas que iba a tomar la Comisión para controlar que los fondos se están gastando adecuadamente y conforme a los fines que tiene asignados”, a lo que la comisaria de Empleo contestó que “no está al corriente de la situación” de este instituto pero que solo “corresponde a las autoridades españoles decidir qué operaciones concretas se cofinanciarán”, según el escrito de respuesta al que ha accedido este medio.