Ginecólogos y psiquiatras ante el aborto: entre la mentira y la cárcel

“Me tocará, ya en la vejez, volver a coger las armas”, dice José Luis Carbonell con convicción, y también con un poco de sorna. El fundador y director de la clínica Mediterránea Médica, con sedes en Valencia y en Castellón, lleva más de 30 años defendiendo el derecho de las mujeres a decidir sobre su maternidad. En su larga vida profesional este ginecólogo ha convivido con tres marcos legales y ha tenido que lidiar con varios procesos judiciales, acusado de realizar abortos ilegales. Y como él, son muchos los profesionales que están dispuestos a saltarse la ley que impulsa el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.

“Las leyes injustas no deben cumplirse”, afirma Diego Fernández, director y uno de los fundadores de la madrileña Clínica Dator, otro de los médicos que se declaran públicamente “insumisos” al anteproyecto aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 20 de diciembre. Muchos de ellos acudieron a la embajada francesa a pedir 'asilo sanitario' para huir de una legislación que, de aprobarse tal y como está redactada, en opinión de Fernández “supone el retroceso a una España en la que no existían los derechos civiles”.

Fernández añade un elemento más. Sostiene que la reforma impulsada por el Ministerio de Justicia genera una falta absoluta de garantías para los profesionales, sobre los cuales recae la responsabilidad del delito. Por eso, defiende, sólo realizarán las intervenciones “aquellos que tengan una conciencia muy fuerte y unas ideas muy claras”.

“Yo pienso seguir haciendo todos los abortos de las mujeres que me lo pidan. No me preocupan las que puedan viajar fuera, sino la mayoría que no va a poder hacerlo porque no tendrá medios económicos. No sé si volveré a realizar abortos clandestinos en las casas o venderé pastillas, ya veré, pero que sepan que por mi parte van a tener una campaña de desobediencia ante esta ley”, sentencia el doctor Carbonell. Fernández, en cambio, no quiere plantearse aún de qué forma llevaría a cabo esa insumisión. “Eso significaría resignarse y admitir que va a salir adelante, y yo voy a pelear con uñas y dientes para que no llegue a aprobarse”, explica.

“Sé que acabaré en la cárcel”

José Luis Carbonell ha sido el principal introductor del aborto farmacológico en España y en América Latina. El método es sencillo y se puede llevar a cabo hasta las nueve semanas de gestación, lo que engloba la inmensa mayoría de los abortos que se realizan. Consiste en la combinación de dos fármacos: la mifepristona o RU-486 y el misoprostol, comercializado en 120 países para el tratamiento de la úlcera de estómago pero que resulta ser “el más potente abortivo que existe”, según ha probado el doctor. En España se vende como Cytotec y, aunque “lo más correcto es combinar ambas pastillas”, es el fármaco que utilizan hoy en día millones de mujeres en los países en los que la interrupción del embarazo está prohibida y que prácticamente ha acabado con las muertes por abortos en condiciones infrasanitarias. Por esa razón, la OMS lo ha incluido en la lista de los 300 medicamentos esenciales para la humanidad.

Tras unos años de relativa tranquilidad con la ley de 2010 en vigor, Carbonell prevé una vuelta a las denuncias y a la inseguridad jurídica. “La propuesta del ministro Gallardón es mucho peor que la del 85”, se queja. La Ley Orgánica para la protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer embarazada recoge tan sólo dos supuestos –riesgo grave para la salud física o psíquica de la mujer y violación– y prevé un complejo proceso de entrevistas y papeleos para justificar la intervención. El supuesto de malformación fetal desaparece como tal y queda supeditado al daño que genere en la mujer. “Con este marco legal de hecho casi se suprimiría el derecho al aborto, ya que solamente se podría realizar el 1% de las intervenciones que hacemos hoy en día”, destaca Carbonell.

“Es una ley disuasoria”, coincide Fernández, “que va a generar dos realidades sociales: las mujeres que tengan medios económicos van a viajar a extranjero y van a a interrumpir su embarazo en condiciones sanitarias y legales correctas, y las que no estarán abocadas a un aborto clandestino sin ningún tipo de garantía sanitaria”. Al igual que Carbonell, Fernández ha pasado por varios procesos judiciales.

“No hablo como director de la Clínica Dator, porque en ella trabajan muchos otros profesionales que pueden estar de acuerdo o no conmigo, pero yo ante esta ley estaría por la desobediencia civil”, concluye Fernández. “Sé que acabaré en la cárcel”, remata Carbonell. Pero ninguno de los dos está dispuesto a cumplir “una ley que clasifica a la mujer como un ser inferior, que no tiene capacidad para regirse a sí misma y que debe ser tutelada por unos psiquiatras que deciden por ella si debe abortar o no, lo que supone un retroceso de 40 años”, en palabras del director de Mediterránea Médica.

Mujeres víctimas, médicos culpables y alguna trampa

Marta del Pozo, profesora de Derecho Procesal de la Universidad de Salamanca, corrobora desde el punto de vista jurídico los argumentos de estos médicos. La mujer en principio no será penalizada por someterse a un aborto ilegal, ya que está considerada como una víctima, es decir, “una persona incapaz de tomar una decisión libre, voluntaria y consciente y que, por tanto, no puede ser castigada por esa decisión”. Sin embargo, destaca Del Pozo, podría acabar siendo sancionada en último término puesto que “sería testigo principal del proceso contra el médico que le haya realizado la intervención”. Esta profesora se pregunta si, como contempla la ley para estos casos, se va a perseguir a las mujeres que no vayan a declarar, o se les va a abrir diligencias por falso testimonio en el caso de que no quieran reconocer los hechos.

Pero sin duda quienes más complicado lo tendrán si el anteproyecto del Gobierno se convierte en ley son los ginecólogos y los psiquiatras. “Con el texto tal y como está, aquel médico que no cumpla a rajatabla con los supuestos que marca la futura ley cometerá presuntamente un delito recogido en el Código Penal, y será castigado con una pena de entre uno y tres años de prisión y de entre uno y seis de inhabilitación especial”. Además, al ser un delito público, “es perseguible de oficio y lo puede denunciar cualquier ciudadano, con lo que el profesional queda en una situación de inseguridad jurídica total”.

Del Pozo recalca que, en contra de lo que ha manifestado el Gobierno, esta ley no respeta la doctrina de 1985 del Tribunal Constitucional, “ya que no pondera los derechos fundamentales de la madre y la protección del bien jurídico que es el no nacido, sino que hace prevalecer al segundo por encima de la primera”. Por estas razones, la profesora de Derecho Procesal opina, como los ginecólogos, que se trata de una ley “absolutamente restrictiva, retrógrada, clasista, que nos aleja de Europa y que nos devuelve a los años sesenta y setenta, en los que no había legislación al respecto y morían entre 200 y 400 mujeres al año por someterse a abortos clandestinos…”. En definitiva, “es una ley que pisotea y anula los derechos fundamentales de las mujeres y, por tanto, inconstitucional”.

Los psiquiatras, en el margen de la ley

Entre los psiquiatras el debate no es si cumplir o no la ley, sino si es posible hacerlo. “En la Asociación Española de Neuropsiquiatría no hemos tenido ni una sola comunicación por parte del Ministerio de Justicia ni del de Sanidad sobre cómo podríamos llevar a cabo la tarea que nos encomienda la ley, que es prácticamente sustituir la voluntad de las mujeres, considerarlas como incompetentes o como enfermas mentales, y decidir por ellas si están en condiciones o no de tener un hijo”, afirma Eudoxia Gay, su presidenta.

La psiquiatra considera imposible “predecir fehacientemente que una persona va a sufrir un daño grave y permanente por un evento estresante, como es un embarazo no deseado”, de forma que la ley pondría a estos profesionales “entre la espada y la pared”. Tal y como ha salido del Consejo de Ministros, según Gay obligaría a los psiquiatras a realizar “prácticas sin base en evidencia científica y, por tanto, no éticas”: a mentir, emitiendo un informe para permitir a la mujer interrumpir su embarazo, o bien, ante la duda o el miedo a posibles denuncias, negarle el certificado y obligarla a continuar con la gestación. “Hiciera lo que hiciera, se hallaría en una situación de inseguridad jurídica total”. Tesis que confirma Marta del Pozo, que explica que los psiquiatras podrían ser considerados incluso como “coautores o cómplices” del delito de aborto ilegal.

Si a esta dificultad para conseguir un informe favorable sumamos que, como recuerda Gay, “actualmente en algunas Comunidades una cita para una consulta especializada de Psiquiatría tarda hasta dos meses”, este trámite podría alargar el proceso y “hacer imposible cumplir con los plazos para un aborto legal”. A diferencia de la ley de 2010, que dejaba cierto margen bajo el supuesto de riesgo para la salud física o psíquica de la mujer, al que esta podía acogerse durante todo el embarazo, este proyecto establece el límite en las 22 semanas, más allá de las cuales sólo será posible abortar en caso de riesgo vital para la madre o una enfermedad del feto incompatible con la vida.

“Es un agravio hacia las mujeres y un cuestionamiento de la ética de los profesionales de la salud mental”, resume Gay. “Alguien debe de pensar que nosotros estamos aquí para extender certificados al gusto de la moral dominante o por caridad hacia las mujeres”.

La alternativa a la insumisión, el compromiso de conciencia

Isabel Serrano es ginecóloga y portavoz de la plataforma Decidir Nos Hace Libres, que agrupa a diversas organizaciones de mujeres, de profesionales –entre ellas ACAI y la Clínica Dator–, de planificación familiar o jurídicas y sindicales. Serrano aporta un nuevo concepto, paralelo a la objeción de conciencia: el “compromiso de conciencia”, esto es “actuar con el conocimiento científico existente en favor del paciente para que no ponga en riesgo su salud”.

“Sabiendo que la OMS establece que hacer abortos en condiciones de ilegalidad produce muchos más riesgos de enfermedad y muerte para las mujeres, nuestra ética profesional y nuestro compromiso de conciencia nos obligaría a los profesionales a hacer todo lo posible para evitar abortos de riesgo”, argumenta. Y sentencia: “Las leyes por supuesto que importan, pero nosotros tenemos un deber sanitario que es evitar sufrimientos y riesgos innecesarios”.

La ginecóloga cuenta que este compromiso de conciencia es un concepto sanitario, no jurídico, habitual en otros países. Marta del Pozo aclara que ahora mismo en España “no está contemplado como tal en el Código Penal como atenuante o eximente”, aunque, de ser alegado por los médicos en los procesos penales por abortos ilegales, “podría, en su caso, ser asumido por la jurisprudencia encajándolo en el correspondiente artículo”. En todo caso, resultaría fundamental que no fueran hechos aislados para que “no se pusiera en peligro a los profesionales, sino, al contrario, se buscara la forma de protegerlos”, matiza Serrano.

Las palabras de José Luis Carbonell resumen el sentir de la mayoría de los implicados en este tema: médicos, psiquiatras, juristas: “Esta ley está en contra de la mayoría de la sociedad, como demuestran las últimas encuestas” y, cuando eso ocurre, “no hay más opción que rebelarse y desobedecer civilmente, por mucha mayoría absoluta que tenga el Gobierno”.